Columna | La utopía del proceso penal parte II o universidad del crimen

JUAN FERRER SUAREZ

Por: Juan Ferrer Suárez

En la primera parte de esta columna pensamos la cárcel como un hospital donde el
“enfermo” debía ser tratado, rehabilitado y preparado para regresar a la sociedad. Sin
embargo, la realidad nos muestra un panorama mucho más sombrío: la cárcel en
Colombia y en gran parte del mundo ha dejado de ser hospital para convertirse en una
verdadera universidad del crimen.
El condenado ya no va a pagar la pena a un espacio diseñado para su resocialización, sino
a un sistema que reproduce la violencia y la delincuencia en nuevas y más sofisticadas
formas. En lugar de recibir tratamiento, orientación psicológica o formación para el
trabajo, el privado de la libertad, se encuentra con un escenario donde el crimen se
organiza, se planea y se perfecciona. el enfermo ya no acude al hospital en busca de
sanación, sino que es matriculado en una universidad donde, en vez de aprender valores
de convivencia, se instruye en nuevas modalidades delictivas, recibe contactos
criminales y perfecciona sus habilidades antisociales.
Ya advertía el maestro Claus Roxim “sobre la necesidad de la pena privativa de la libertad
para proteger la convivencia social. La imposición de una pena se hace necesaria y sólo se
justifica en los casos en donde se “perjudique de manera insoportable la coexistencia, libre
y pacífica, de los ciudadanos y no sean adecuadas para impedirlo otras medidas jurídicas ypolítico sociales menos radicales”,
Lo cierto es que las cárceles, están lejos de ser espacios de rehabilitación, y de protección
de la convivencial social, muy por el contrario, se han convertido en centros de
reproducción de la criminalidad. No es coincidencia que muchas de las extorsiones,
secuestros extorsivos, homicidios selectivos y redes de microtráfico se sigan ordenando
desde dentro de los centros penitenciarios. Allí, los grupos armados ilegales, las bandas
organizadas y las mafias encuentran un lugar privilegiado para reclutar, adoctrinar y
expandir su poder.
De esta manera, la crisis de inseguridad que vivimos como país tiene un fuerte vínculo
con el fracaso del sistema penitenciario. ¿De qué sirve aumentar penas o construir más
cárceles si estos lugares en realidad operan como centros de formación de la
criminalidad? La sociedad, que espera ser protegida mediante la privación de la libertad
de los delincuentes, termina siendo aún más vulnerada porque el Estado no garantiza
que la pena cumpla su finalidad constitucional de reinserción social. Surgen interrogantes. ¿Estamos castigando al delincuente o estamos perfeccionando al
criminal? ¿Estamos protegiendo a la sociedad o condenándola a sufrir las consecuencias
de un sistema penitenciario que forma delincuentes?
Entonces es necesario como ciudadano hacer un llamado a las autoridades a formular
planes y políticas públicas para abordar la criminalidad como problema estructural,
fomentar una armónica colaboración con los miembros de la Fuerza Pública, el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario y La Fiscalía General De La Nación para combatir este
flagelo que tiene en jaque a nuestra Sociedad. No podemos permitir que se sigan
creando políticas ineficaces y populistas por evidentes inexpertos.
Lo realmente preocupante es que no existe un hospital para curar al enfermo y mucho
menos darle de alta como ciudadano sano, hoy la cárcel es una UNIVERSIDAD DEL
CRIMEN gradúa criminales con diplomas de doctorado en violencia, narcotráfico y
corrupción. Mientras tanto, la sociedad sigue atrapada en un círculo de miedo e
inseguridad que parece no tener fin… y una vez mas el derecho penal ha fallado.

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“No utilizamos la vía y aún así nos ponen una carga económica» presidentes de la JAC se oponen a cobro de valorización

La reciente implementación del cobro de valorización por parte del Instituto Nacional de Vías (Invías), a través de la Resolución 3856 de 2024, ha generado una fuerte controversia en las ciudades de Cartagena y Barranquilla. Este cobro, que busca recaudar 2,39 billones de pesos para financiar el proyecto vial «Circunvalar de la Prosperidad», impactará a más de 66.000 predios en la región, incluyendo sectores de alto valor en Cartagena como Bocagrande, Castillogrande, El Laguito y Manga. Uno de los principales líderes en manifestar su rechazo ha sido Andrés Rico, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Bocagrande, quien destacó el impacto negativo que este cobro tendrá sobre los propietarios de inmuebles. “Desde la Junta de Acción Comunal de Bocagrande, hemos estado atentos a este cobro de valorización, que inicialmente proyectaba una recaudación de $724.544 millones de pesos, pero que ahora se ha disparado a 2,39 billones. Esto no solo afectará económicamente a miles de propietarios, sino que también disminuye la capacidad de pago para futuras contribuciones locales de valorización, restringiendo el desarrollo de la ciudad y afectando el principio de descentralización”, afirmó Rico. Rico también señaló la incertidumbre sobre el destino de los recursos recaudados, comentando que “desde el Ministerio de Transporte se ha mencionado que el dinero no se invertirá directamente en Cartagena o en la zona de influencia definida por la resolución. Esto genera una gran preocupación en las comunidades afectadas, ya que no hay garantías jurídicas de que los recursos se utilicen en beneficio directo de quienes están obligados a contribuir”. Por su parte, Federico de la Rosa, presidente de la JAC de Manga, mostró una postura igualmente crítica frente al cobro. “El impacto de esta contribución será muy negativo para muchos propietarios de Manga, un barrio que no se beneficia directamente de la Vía del Mar. Además, este cobro llega en un momento en el que los residentes ya enfrentan una actualización catastral desbordada, con incrementos de hasta el 200% en el impuesto predial. Ahora nos imponen esta nueva contribución, lo que es inaceptable”, subrayó. De la Rosa también mencionó que las juntas de acción comunal de varios barrios de la ciudad, agrupados en la UCG1, apoyarán las demandas interpuestas por el Consejo Gremial de Bolívar y la Alcaldía de Cartagena para frenar el cobro. Jesús Puello, presidente de la JAC de Castillogrande, fue aún más contundente en su rechazo al cobro de valorización, calificándolo de “caprichoso e ilegal”. Según Puello, el área de influencia definida para el cobro no tiene justificación técnica clara, ya que Castillogrande no se encuentra dentro de los 5 kilómetros desde el eje de la vía, lo que tradicionalmente se considera como zona de influencia para este tipo de contribuciones. “Nos quieren imponer un doble cobro. Cuando se construyó el tramo correspondiente a Bolívar en la vía Cartagena-Barranquilla, ya se realizó un cobro de valorización. Ahora pretenden hacerlo de nuevo, lo cual es arbitrario e injustificado”, señaló Puello. Además, Puello advirtió que el verdadero motivo del cobro parece estar relacionado con el valor de los inmuebles en barrios como Bocagrande, Castillogrande y El Laguito. “Nos están imponiendo este cobro porque nuestros barrios tienen propiedades de alto valor catastral. Es evidente que buscan recaudar el mayor monto posible, sin tener en cuenta que muchos de estos propietarios no se benefician en lo más mínimo de la obra”, agregó. En este contexto, las JAC de varios barrios de Cartagena y Barranquilla, junto con los gremios empresariales de la región, han interpuesto demandas de nulidad ante el Consejo de Estado, buscando detener la aplicación de la Resolución 3856. El Consejo Gremial de Bolívar y el Intergremial del Atlántico han liderado estas acciones legales, argumentando que el cobro no solo es inconstitucional, sino que también representa una carga desproporcionada para los propietarios de predios en las zonas afectadas. Mientras tanto, las comunidades afectadas han anunciado protestas y plantones en rechazo a lo que consideran un cobro injusto y mal fundamentado. “No nos vamos a quedar callados. Seguiremos luchando contra esta medida a nivel jurídico, político y social hasta que se haga justicia”, concluyó De la Rosa.

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Colombia está a dos medallas de lograr ser la delegación con más podiums en los Paralímpicos Paris 2024

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Cámara de Comercio de Cartagena lanza «Ruta Creciendo Juntos» para transformar más de 370 microempresas en la región

Cartagena sigue apostando al crecimiento de su tejido empresarial. En el marco de sus 110 años, la Cámara de Comercio lanzó la Ruta Creciendo Juntos, una ambiciosa estrategia que busca potenciar a más de 370 microempresas locales, impulsándolas hacia nuevas etapas de desarrollo. La iniciativa articula los programas Yo Avanzo Cartagena y Yo Crezco Cartagena para ofrecer acompañamiento real a empresarios y emprendedores. Se enfoca en fortalecer la gestión empresarial, fomentar la transformación digital y facilitar la movilidad empresarial dentro del ecosistema productivo de Cartagena y Bolívar. Con dos rutas de intervención una para que las micro pasen a pequeñas empresas, y otra para que las pequeñas evolucionen a medianas se brindará apoyo en áreas como formalización, innovación y planeación estratégica. La estrategia cuenta con el respaldo de UNICOLOMBO y Estrategas en Formación S.A.S., aliados clave para guiar los procesos de formación, mentoría y asistencia técnica. Así, la Cámara de Comercio reafirma su compromiso con una Cartagena más competitiva y sostenible.

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Colombia ha perdido la candidatura de hasta tres torneos de talla internacional en los últimos 48 años

En Colombia se recuerda haber acogido eventos deportivos de alto nivel como lo son La Copa América 2001, donde Colombia fue campeón, o los recientes Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2018 llevados a cabo en Barranquilla, pero también tanto como ha perdido como se han cancelado por distintas circunstancias juegos de talla mundial. Comenzado por lo más reciente, Barranquilla, fue la protagonista de la cancelación por factores de organización lo que serían los Juegos Panamericanos, al parecer por incumplimiento de pactos de pagos, lo que deja en entredicho que tan apta esta Colombia para acoger este tipo de competiciones.  Por otra parte, a raíz de la pandemia, lo que se había pactado para el país de ser sede oficial de la Copa América 2021 se canceló debido al momento de seguridad que se vivía por protestas y por aumento de casos positivos para COVID-19.  Pero yendo un poco más atrás, este tipo de cancelaciones no son nuevas, en el 86 Colombia iba a ser la sede de la Copa Mundial de Fútbol, pero la misma Federación declinó a la propuesta por el entonces presidente de la, Alfonso Senior, algo nunca antes visto en la historia de los mundiales entre los motivos que argumentaban esta renuncia era la falta de infraestructura y pocos fondos económicos para desarrollar la competición. Finalmente, México fue la sede. «Aquí tenemos otras cosas que hacer, y no hay siquiera tiempo para atender las extravagancias de la FIFA y sus socios”, afirmó Belisario Betancourt, presidente de la época. Por suerte, Colombia contará de manera confirmada con la sede del Mundial gema uno que se disputará en tierras cafeteras este año desde el 31 de agosto hasta el 22 de septiembre.

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