Afinia, Surtigas, Acuacar y Veolia transforman Arroz Barato con más de 700 atenciones y 13 toneladas de basura menos

VEOLIA

En el barrio Arroz Barato de Cartagena, más de 700 personas fueron atendidas durante una jornada integral organizada bajo la campaña “Unidos por la legalidad”, en la que Afinia, Surtigas, Aguas de Cartagena y Veolia unieron esfuerzos para promulgar el acceso legal y responsable a los servicios de energía, gas, agua y aseo. Las comunidades pudieron acceder a soluciones comerciales, técnicas, pedagógicas y sociales: se gestionaron legalizaciones, convenios de pago, revisiones técnicas, reclamaciones (PQR) y se realizaron actividades educativas para promover el uso formal de los servicios públicos.

Desde el punto de vista numérico, los resultados fueron palpables: Afinia corrigió doce irregularidades técnicas y recaudó $3.365.170; Aguas de Cartagena gestionó 537 solicitudes, entre ellas 151 legalizaciones, 121 cambios de medidor y 29 convenios de pago; Veolia, por su parte, recolectó 13 toneladas de residuos mixtos, intervino cerca de 3.000 m² en limpieza y atendió 110 PQR; mientras que Surtigas brindó orientación sobre legalización del servicio y fortaleció la cultura de pago.

A su vez, el componente ambiental fue destacado: se recolectaron 13 toneladas de basura, se limpiaron y cercaron 2.945 m² de césped, recuperando zonas verdes y generando mayor conciencia ciudadana sobre el entorno.

Las empresas reiteraron su compromiso con la legalidad, la seguridad, la judicialización de fraudes y la educación comunitaria, siendo esta alianza una muestra clara de cómo la colaboración público-privada puede fomentar la sostenibilidad ambiental y mejorar el bienestar de los cartageneros

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Este es el muelle que adoptó el nombre de una marca de hidroaviones que aterrizaba en Cartagena

El Muelle de los Pegasos es uno de los monumentos más emblemáticos y queridos de Cartagena de Indias, ubicado junto al Centro de Convenciones. Su historia, aunque rodeada de cierta incertidumbre, se entrelaza con las tradiciones locales y el desarrollo de la ciudad. Se cree que el nombre «Muelle de los Pegasos» se originó en la época en que Cartagena no contaba con un aeropuerto. Durante este tiempo, la Bahía de las Ánimas era utilizada como punto de aterrizaje para hidroplanos, que llevaban en sus alas la marca «Pegasus». Con el paso del tiempo, los cartageneros comenzaron a referirse al muelle como «de los pegasos», nombre que eventualmente se adoptó oficialmente, reflejando la costumbre local de nombrar lugares y objetos de acuerdo con su agrado. Lea también: así fueron los primeros vuelos que pusieron a Cartagena en el mapa aéreo de Colombia La primera versión de las esculturas de Pegasos fue realizada en 1920 por el artista local Miguel Caballero Leclerc. Estas estatuas fueron parte de una remodelación del antiguo muelle, conocido anteriormente como La Bodeguita, que había sido construido en 1791 y había servido para atracar barcos de cabotaje desde 1900. La remodelación fue impulsada por el Concejo Municipal, y las estatuas fueron encargadas por la presidenta de las damas de la ciudad para representar el espíritu cartagenero. Siga leyendo: El Antiguo muelle de los Pegasos sitio predilecto de los cartageneros para tomar un jugo Sin embargo, las esculturas originales no sobrevivieron al paso del tiempo. En 1992, debido a su deterioro, el escultor Héctor Lombana donó a la ciudad un nuevo par de Pegasos, que son los que actualmente adornan el muelle. Esta donación no solo preservó el símbolo de la ciudad, sino que también reafirmó el legado artístico y cultural de Cartagena.

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Cuando la verdad se parte en dos y cada orilla reclama su victoria

El próximo 28 de julio Colombia vivirá un momento sin precedentes: se conocerá el veredicto en el juicio penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por soborno de testigos y fraude procesal. Independientemente de si resulta absuelto o condenado, será un acontecimiento histórico. Ningún exmandatario colombiano reciente había llegado a esta instancia; de hecho, la última vez que un tribunal decidió la suerte de un exgobernante fue en 1959 (el juicio al general Gustavo Rojas Pinilla). Desde entonces, ningún presidente colombiano ha sido condenado o encarcelado, a diferencia de otros países latinoamericanos. Por eso, el fallo contra Uribe marca un hito para la justicia colombiana y una prueba de fuego para sus instituciones democráticas. El origen del proceso se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. Cepeda había acusado a Uribe de tener vínculos con el paramilitarismo, pero en un giro inesperado la Corte Suprema no sólo archivó la causa contra Cepeda, sino que abrió investigación contra el propio Uribe por los mismos hechos. La acusación central: que emisarios de Uribe habrían intentado sobornar a exparamilitares encarcelados para que retractaran testimonios sobre los presuntos nexos de Uribe con grupos armados ilegales. En particular, el testigo Juan Guillermo Monsalve, exmiembro de las AUC e hijo del mayordomo de una hacienda de la familia Uribe, asegura que en esa finca (Guacharacas) se fundó en los 90 el Bloque Metro paramilitar. Según la fiscalía, el abogado de Uribe –Diego Cadena– habrían ofrecido pagos o beneficios a Monsalve para firmar una carta de retractación. De hecho, Cadena admitió haber entregado dinero a otro exparamilitar (Carlos Enrique Vélez), aunque lo calificó de “ayuda humanitaria” y niega que fuera un soborno. La defensa sostiene que Uribe nunca ordenó esos acercamientos y que fue “víctima de un entrampamiento” orquestado por Cepeda. Sin embargo, las pruebas recopiladas incluyen interceptaciones telefónicas y mensajes que muestran al abogado Cadena informando a Uribe de sus gestiones con los testigos. La propia Corte Suprema halló evidencias (chats, grabaciones) de conversaciones sobre pagos a cambio de favores testimoniales. Uribe lo niega rotundamente y ha insistido en que el proceso tiene motivaciones políticas. El caso avanzó lentamente durante años. En agosto de 2020, la Corte Suprema sorprendió al ordenar la detención domiciliaria de Uribe (por 67 días) mientras era indagado. Uribe renunció entonces a su escaño de senador, maniobra que trasladó el expediente a la justicia ordinaria y le permitió recuperar la libertad. Sus abogados solicitaron dos veces archivar el caso cuando la Fiscalía, bajo un fiscal allegado al gobierno anterior, opinó que no había mérito para acusar. No obstante, jueces de primera instancia y el Tribunal de Bogotá negaron esas pretensiones, y finalmente en 2024 una fiscal elevó acusación formal, dando inicio al juicio. El próximo lunes, tras más de 13 años de litigio, decenas de testimonios (37 de la acusación y 70 de la defensa) y múltiples dilaciones, la jueza 44 penal de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, emitirá la decisión. Sea cual sea el sentido del fallo, el impacto será profundo y duradero. Un veredicto condenatorio convertiría a Uribe en el primer expresidente colombiano condenado penalmente. Sería visto por muchos como un triunfo institucional frente a la impunidad histórica que ha rodeado casos de violaciones de derechos humanos y alianzas con paramilitares durante el conflicto armado de nuestro país. En cambio, una absolución significaría que no se alcanzó el umbral de prueba para condenar, pero difícilmente pondrá fin a la polarización: la izquierda denunciaría impunidad y renovaría llamados a reformar a fondo la justicia, mientras la derecha celebraría reivindicación y acusaría al proceso de haber sido una persecución infundada. En un país tan dividido, ambas orillas podrían usar el desenlace para atacar al poder judicial: ya sea acusándolo de politizado si es culpable, o de ineficaz si es inocente.

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