921 familias del barrio El Pozón, sector Los Ángeles, mantienen una deuda con la operadora de energía en el Caribe, Afinia, que ascendería los $6.288.953.450. El día de ayer, miércoles 18 de septiembre, en horas de la mañana, miembros de esta comunidad realizaron un bloqueo a la entrada del barrio en señal de protesta a las más de 24 horas que tenían sin suministro eléctrico a causa de la avería de un transformador de luz. Teniendo en cuenta la deuda de este sector de El Pozón, la filial del Grupo EPM, pactó con la comunidad aportar un abono de $15 mil por familia para avanzar en la instalación de un nuevo transformador basado en un principio de corresponsabilidad. Medida que fue acogida por parte de la comunidad. Por su parte, una vez consensuado el abono a pagar por parte de los miembros de la comunidad afectada, el equipo técnico de Afinia avanzó en la instalación del nuevo transformador.

Cartagena refuerza su lucha contra los fraudes en los servicios públicos con la firma de una alianza estratégica entre Afinia, Aguas de Cartagena (Acuacar) y Surtigas, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. Este acuerdo busca combatir delitos como el robo de agua, energía y gas, prácticas ilegales que no solo generan millonarias pérdidas anuales, sino que también afectan la calidad y estabilidad del servicio para todos los usuarios. Las empresas revelaron cifras preocupantes: en 2024, más del 22% del agua potable producida en la ciudad no se pudo facturar debido a conexiones ilegales, lo que representó pérdidas de aproximadamente $60.000 millones de pesos. En el sector energético, los hurtos y fraudes sumaron pérdidas de $414 mil millones, con Bolívar como el departamento más afectado. En cuanto al gas, las manipulaciones indebidas ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Ante esta situación, la alianza no solo fortalecerá los mecanismos de prevención y judicialización, sino que también sensibilizará a la comunidad sobre la importancia de la legalidad en el acceso a los servicios públicos. El Código Penal Colombiano (Artículo 256) establece sanciones de hasta 72 meses de prisión y multas de 150 salarios mínimos para quienes incurran en la defraudación de fluidos. Las autoridades reiteran que el uso legal de estos recursos es clave para garantizar un sistema de servicios públicos seguro, eficiente y sostenible.