El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, aseguró que desde el Distrito y el Ministerio de Tecnologías de la Información se tiene previsto lanzar en el mes de noviembre, previo a las fiestas, la aplicación que suministrará a visitantes información acerca de los precios que se manejan en el sector turístico de la ciudad. «Cartagena se convirtió en noticia frente a las lamentables conductas de servidores turísticos, que han planteado unos precios que a todas luces no son justos», expresó el alcalde de Cartagena, resaltando que con esta aplicación buscan llegar a un acuerdo con todos los vendedores y servidores turísticos para poder establecer tarifas justas para los visitantes de la ciudad Heroica. La iniciativa surge después de que Cartagena haya sido objeto de críticas por las prácticas comerciales injustas de algunos servidores turísticos. El alcalde Turbay enfatizó que se busca establecer tarifas justas y transparentes para los turistas, y que la aplicación permitirá a los visitantes tomar decisiones informadas. La aplicación es el resultado de una colaboración entre el Distrito de Cartagena y el Ministerio de Tecnologías de la Información, y se espera que ayude a reducir los casos de abuso a turistas que se han reportado en los últimos años. Con esta medida, Cartagena busca mejorar la experiencia de sus visitantes y fortalecer su reputación como destino turístico.

Las empresas de servicios públicos de Cartagena han declarado la guerra a las conexiones ilegales. Agua de Cartagena, Afinia y Surtigas, en alianza con la Policía y la Fiscalía, han puesto en marcha una campaña para frenar el fraude en el uso de agua, energía eléctrica y gas, delitos que pueden llevar a prisión a quienes los cometan. La iniciativa busca identificar, denunciar y judicializar a todas las personas que incurran en estas prácticas ilegales, las cuales están tipificadas en la ley y pueden acarrear sanciones penales severas, incluyendo cárcel. Según datos de las empresas prestadoras del servicio, en Cartagena existe un alto número de usuarios que se conectan de manera ilegal, afectando la calidad del servicio y generando pérdidas millonarias. Como parte de la estrategia las empresas han dispuesto canales de denuncia anónimos para que los ciudadanos informen sobre conexiones ilegales sin temor a represalias. Estas denuncias serán evaluadas por las autoridades y podrían derivar en procesos judiciales contra los responsables. Recordemos que el código penal colombiano contempla penas de prisión para quienes cometan fraude en los servicios públicos, considerando estas acciones como delitos contra el patrimonio económico.