El pasado 2 de noviembre, se llevó a cabo la demolición de la torre Aquarela, ubicada cerca del Castillo San Felipe, esta decisión fue tomada por el Distrito ante el riesgo que el proyecto representaba para el estatus de la ciudad como Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad, reconocimiento otorgado por la Unesco hace 40 años. Sin embargo, tras el derrumbe, la incertidumbre persiste para los compradores de los apartamentos de Aquarela, quienes invirtieron sus recursos en lo que prometía ser su hogar, y ahora, esperan que el Distrito de Cartagena les ofrezca una solución clara sobre cómo y cuándo recibirán una compensación por la pérdida de su inversión. Ante esto, el agente interventor del proyecto, Ángel Rodríguez Sánchez, dio a conocer los pasos a seguir para atender a las víctimas, según explicó, el proceso iniciará con un levantamiento topográfico que permitirá identificar y demarcar los lotes que están a nombre de la promotora del proyecto. “Vamos a hacer el levantamiento topográfico para poder demarcar hasta dónde está cada uno de los lotes que está a nombre de la promotora, para ver si eso ya se puede enajenar. Pero, los que están a nombre de la fiducia o el encargo fiduciario Aquarela, tocará liquidar el patrimonio autónomo que en este caso es Aquarela y, en ese orden de ideas, que la fiducia le dé lo que le corresponde a la constructora y así poder enajenarlo para comenzar la reparación de víctimas”, indicó Rodríguez Sánchez. El objetivo de este proceso es que, una vez se identifiquen y enajenen los bienes, los recursos obtenidos se destinen a la compensación económica de los afectados. Sin embargo, el proceso podría extenderse durante varios meses, dependiendo de la complejidad de la liquidación del patrimonio autónomo y de la disponibilidad de los recursos. Las víctimas del proyecto han exigido transparencia y celeridad en el proceso de reparación, dado que muchos de ellos han visto comprometidos sus ahorros de toda la vida, mientras tanto, las autoridades locales estan al pendiente de garantizar que los derechos de los afectados sean protegidos y que se realice una distribución justa de los recursos.

Con el objetivo de garantizar una movilidad segura y eficiente durante la Semana Santa, Autopistas del Caribe desplegó un plan integral de operación y seguridad vial en los 253 kilómetros del corredor concesionado entre los departamentos de Bolívar y Atlántico. El plan contempla acciones clave como presencia operativa en puntos estratégicos, articulación con cuerpos de socorro, campañas de prevención vial y mantenimiento intensivo de la infraestructura. “Un corredor en buenas condiciones salva vidas. Por eso, trabajamos sin descanso para ofrecer una vía segura y bien mantenida”, expresó Ernesto Carvajal, representante legal de la concesión. Entre las labores ejecutadas se destaca la limpieza de bordes de vía, demarcación horizontal en más de 200 mil metros, sellado de fisuras, aplicación de mezcla asfáltica para bacheo y el mantenimiento de puentes peatonales. Además, se reforzó la atención en peajes y se habilitaron carriles reversibles para agilizar el tránsito en puntos de alta congestión como el peaje de Gambote. Las campañas pedagógicas también se desplegaron en zonas de alta circulación, fomentando prácticas responsables entre los conductores.