Este lunes 21 de octubre de 2024, la Policía y la Fiscalía de Colombia llevaron a cabo una operación que resultó en la captura de cuatro personas, incluyendo funcionarios de la Gobernación de San Andrés, involucrados en una red de tráfico de migrantes. Esta organización criminal transnacional se dedicaba al movimiento ilegal de ciudadanos vietnamitas, quienes eran transportados desde Medellín hasta la isla de San Andrés y luego hacia Nicaragua. Según las investigaciones, la red ofrecía rutas migratorias aéreas a migrantes asiáticos que ingresaban irregularmente a Colombia, cobrando entre 2,000 y 2,500 dólares por cada persona, donde los traficantes facilitaban la llegada y salida desde el Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla, eludiendo controles migratorios. Entre los capturados se encuentran alias Natasha, quien lideraba la organización y era funcionaria de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente de San Andrés, así como alias Gordo, su pareja, encargado de transportar a los migrantes por mar. También fue arrestado el hermano de Natasha, conocido como Sergey que, de momento se desconoce su rol específico. Por lo anterior, la Fiscalía les imputó cargos por concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes, donde un juez de control de garantías ordenó la medida de aseguramiento en un centro carcelario para todos los involucrados, reconociendo la gravedad de sus delitos.

Después de más de seis años de litigio, la Fiscalía Seccional 17 de Cartagena ordenó la restitución del terreno conocido como El Cayao a los nativos de la isla de Barú, luego de comprobarse irregularidades en el proceso de compraventa que permitió su transferencia. La denuncia fue presentada el 18 de agosto de 2018 ante la Fiscalía Seccional de Cartagena, señalando a Carlos Schrader Fajardo e Ignacio Morales como responsables de fraude procesal, falsedad material e ideológica en documento privado, uso de documento público falso, entre otros delitos. Según la investigación, los acusados obtuvieron la transferencia del dominio del terreno mediante un documento de compraventa sin los requisitos legales y un acta de audiencia de ratificación de firma suscrita con firmas falsas ante un juez civil. El predio en cuestión es donde actualmente opera la Sociedad Portuaria El Cayao, una gasificadora clave para la producción de gas en Colombia. En un intento por cerrar el caso, fiscales de la época buscaron su prescripción, pero tras un recurso de apelación, el expediente fue devuelto a la Fiscalía 17 para continuar con el proceso de restablecimiento del derecho. Fue en 2024 cuando se practicaron pruebas grafotécnicas y documentológicas a la promesa de compraventa y al acta de audiencia, determinando que no existía correspondencia entre las firmas registradas. En el mismo año, la Fiscalía vinculó a la Sociedad Portuaria El Cayao y a la Fiduciaria Itaú, esta última como titular de los derechos de dominio, pero ninguna pudo hacerse parte en el proceso debido a que presentaron poderes sin los requisitos legales. Finalmente, el 28 y 29 de octubre de 2024, la Fiscalía emitió una providencia ejecutoriada ordenando la entrega del terreno a los nativos de Barú, reconociéndolos como sus legítimos propietarios. Con esta decisión, se pone fin a un largo proceso judicial y se reivindican los derechos de la comunidad sobre su territorio.