La jueza Sexta Administrativa del Circuito de Cartagena, Laura Arnedo Jiménez, dentro de la Acción popular, decreto medida cautelar en el sentido de ordenar la suspensión de cualquier acto de cerramiento, perforación o construcción del proyecto inmobiliario Vento Cabrero, y evitar con ello la afectación de los cuerpos de agua, mangles y, en general, el ecosistema de la Laguna del Cabrero y zonas adyacentes, tal como se explica en la parte motiva de la sentencia. Además, la constructora, Smart Bau Eléctrica S.A.S y Araujo y Segovia deberán cumplir con la orden cautelar de manera inmediata. Dentro de la acción popular, la parte actora solicita al despacho que acceda al decreto de medida cautelar en el sentido que se ordene la suspensión provisional de cualquier acto de cerramiento, perforación o construcción del proyecto inmobiliario Vento Cabrero, con el fin de evitar el presunto daño ambiental, perdida del manglar y taponamiento de la Laguna del Cabrero. El argumento de la parte accionante, es que en el lugar donde se pretende la construcción del proyecto citado, resulta ser una zona de bajamar, de jurisdicción de la DIMAR, el cual se encuentra ubicado dentro de la zona de manglar que bordea el cuerpo de agua Laguna de Cabrero, que es una reserva natural, razón por la que es objeto de protección constitucional y legal.  Ahora bien, el despacho en virtud del debido proceso surtió el traslado a las partes procesales Superintendencia de Notariado y Registro, Curaduría Urbana N° 2, Procuraduría General de la Nación, Distrito de Cartagena de Indias, Personería Distrital De Cartagena De Indias, DIMAR, EDURBE, Establecimiento Público Ambiental – EPA, para que ejerzan el derecho de defensa y contradicción. De lo anterior, estando vencido el traslado, la operadora judicial, se valió del principio de precaución, debiendo tomar las medidas eficaces que impidan un daño ambiental, ante un peligro de daño grave o irreversible al medio ambiente. Finalmente, advierte el despacho que todo lo expuesto en la demanda razonablemente fundada en derecho, como lo prescribe el literal del artículo 231 de la Ley 1437 de 2011.

A principios de los años 90, Cartagena vivió el nacimiento de un ambicioso proyecto de entretenimiento que prometía convertirse en el epicentro de la diversión familiar en la región, en 1991 comenzó la construcción de ‘Acuarama’, un parque acuático localizado en Bocagrande en la  esquina de la Sexta con la avenida La Playa. Con una inversión considerable fue construido con tecnología comparable con los parques más modernos de Estados Unidos, como los de Atlanta, Acuarama abrió oficialmente sus puertas en 1994, sus principales atracciones, los toboganes de alta velocidad y piscinas de gran capacidad, cautivaron rápidamente a locales y turistas. Desde su inauguración, la entrada general costaba $10,000 pesos por persona, un precio accesible para la época, con descuentos especiales para familias, rápidamente el parque se convirtió en un lugar ideal para pasar el día entero, con horarios que iban desde la mañana hasta las 6 de la tarde. Además, Acuarama era más que solo un parque acuático; en sus primeras temporadas organizaba presentaciones de orquestas, grupos de vallenato y otros espectáculos en vivo, lo que lo consolidó como un espacio cultural y de entretenimiento. Sin embargo, la historia de Acuarama fue breve, detrás de su éxito inicial, comenzaron a surgir problemas de gestión, la mala administración a cargo de su propietario, fue deteriorando la infraestructura y afectando la calidad de los servicios y para 1996, apenas dos años después de su apertura, el parque entraba en una inevitable decadencia, las promociones agresivas y el alquiler de las instalaciones para fiestas privadas no lograron revertir la situación financiera. Finalmente, Acuarama cerró sus puertas alrededor de 1998, después de cuatro años de funcionamiento. La esquina donde se encontraba el parque acuático hoy permanece vacía, pero  quienes pasan por el lugar no dejan de recordar aquel parque que tenia piscinas y toboganes.