La región Caribe colombiana se prepara para una transformación sin precedentes con la ejecución del megaproyecto de restauración del Canal del Dique. Este ambicioso plan, que abarca áreas de Bolívar, Atlántico y Sucre, busca mitigar los problemas ambientales, sociales y económicos que afectan a esta histórica vía fluvial, mientras genera impactos positivos de largo alcance. Beneficios destacados del megaproyecto 1. Control del agua y mitigación de desastres naturales El proyecto incluye la construcción de esclusas y compuertas estratégicas en puntos clave como Calamar y Puerto Badel. Estas infraestructuras permitirán: 2. Mejoras ambientales Con una inversión de $3,2 billones de pesos colombianos, el proyecto busca restaurar ecosistemas y preservar la biodiversidad. Entre los beneficios ambientales están: 3. Impacto económico positivo La región experimentará un impulso económico gracias a: 4. Fortalecimiento de la infraestructura El dragado y mantenimiento continuo del canal garantizarán: 5. Seguridad alimentaria y desarrollo comunitario La restauración de los ecosistemas mejorará las condiciones para la pesca y la agricultura, actividades fundamentales para las comunidades locales. Esto permitirá: 6. Sostenibilidad a largo plazo Durante los próximos 15 años, se llevará a cabo un plan de operación y mantenimiento que garantizará la sostenibilidad de las obras y la protección de las inversiones realizadas. Un modelo para la recuperación ambiental Este megaproyecto representa una intervención histórica que combina el desarrollo humano y económico con la conservación del medio ambiente. Más allá de solucionar problemas inmediatos, el Canal del Dique se perfila como un modelo de integración entre infraestructura y sostenibilidad en Colombia. La región Caribe no solo verá un alivio frente a las amenazas naturales y sociales que históricamente han afectado al canal, sino que también encontrará en este megaproyecto una plataforma para el desarrollo, la resiliencia y la prosperidad.

La senadora María Fernanda Cabal anunció que ha interpuesto una acción de cumplimiento contra el Departamento Administrativo de la Presidencia por violar la Ley 63 de 1923. Esta ley establece que las sesiones del Consejo de Ministros deben ser «absolutamente reservadas». Cabal considera que la transmisión pública de estas sesiones es una violación a la ley y un abuso de poder por parte del presidente Petro. «Esto no es una dictadura y Petro no puede hacer lo que le venga en gana con sus ‘alocuciones’ interminables», afirmó la senadora. Además, Cabal resaltó que ni el presidente ni sus funcionarios están por encima de la Constitución y la Ley.