El pequeño Jhoan Sebastián Polo Martínez, de cinco años de edad, desaparecido en la ciudad de Cartagena, fue encontrado en las últimas horas y ya se encuentra con sus familiares.
Aunque no se tienen mayores detalles, el menor desapareció el día que tomó grado de preescolar. De inmediato los familiares dieron a conocer el caso y las autoridades activaron una Alerta Rosa. Una red de apoyo se activó, lo que permitió, según el alcalde mayor Dumek Turbay, dar con el paradero del niño.
En desarrollo.
La violencia en Cartagena golpeó nuevamente este jueves 28 de noviembre un conductor de bicitaxi fue asesinado a balazos en el sector 19 de Febrero, en El Pozón. El atentado ocurrió alrededor de la 1:40 de la tarde. De acuerdo con testigos, dos hombres en motocicleta interceptaron al conductor mientras se encontraba transportando pasajeros. El parrillero, que iba en la parte trasera de la moto, disparó en varias ocasiones contra el bicitaxista, impactándolo con al menos tres balas, una de ellas en la cabeza. Aunque los vecinos intentaron salvar a vida llevándolo rápidamente a un centro asistencial, la gravedad de las heridas hizo que los esfuerzos fueran en vano y el hombre falleciera. La víctima, cuya identidad aún no ha sido confirmada por las autoridades, vestía un suéter fucsia con blanco y pantalón oscuro. La Policía Metropolitana aún no se ha pronunciado en torno a este nuevo homicidio en la ciudad, el número 31 en los 28 días que van de noviembre.
Mientras cumplía detención domiciliaria, autoridades de Bolívar capturaron a “Edrick” expendiendo droga frente a una cancha de fútbol en Soplaviento. En labores de registro a personas, unidades de la estación de Policía de Soplaviento, recibieron una llamada anónima de un ciudadano que informaba que en la cancha de fútbol ubicada en el barrio Las Playas sector La Bonga, se encontraba un sujeto expendiendo sustancias alucinógenas en presencia de algunos jóvenes. Las patrullas de vigilancia llegaron hasta el lugar y efectivamente observaron al hombre con las características dadas por el ciudadano. Éste al notar la presencia de la Policía, emprendió la huida, pero fue en vano, porque los uniformados lo alcanzaron y lo detuvieron. Al practicarle una requisa, le hallaron en uno de los bolsillos del pantalón, una bolsa transparente con 210 dosis de base de coca y treinta mil pesos producto de la venta del ilícito. Los uniformados lograron evidenciar que, alias “Edrick” como fue identificado este presunto expendedor, se encontraba cumpliendo una condena con detención domiciliaria y aun así, seguía delinquiendo en los barrios de este municipio. Importante mencionar que este presunto expendedor le registran anotaciones judiciales por los delitos de: violencia intrafamiliar, acceso carnal violento, lesiones personales, fuga de presos y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Alias “Edrick” fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fuga de presos, a esperas que un juez de control de garantías defina su situación judicial.
Este jueves, 5 de diciembre, la Universidad del Sinú, Seccional Cartagena, será el escenario de la segunda versión del Encuentro de Coros, un evento cultural que reúne a la comunidad universitaria y al público en general. La cita es a las 5:00 p.m. en el Auditorio Saray Castilla de Bechara, en el Campus Santillana. Con la participación de diversos coros de la ciudad, esta actividad busca destacar el talento vocal local y promover la música coral como una expresión artística única. La entrada es completamente gratuita, lo que convierte este evento en una oportunidad perfecta para disfrutar de la cultura y el arte en compañía de familiares y amigos. La Universidad del Sinú reafirma su compromiso con la promoción del arte y la cultura, invitando a los cartageneros a ser parte de esta celebración.
El 2 de octubre, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial se pronunció sobre el caso del juez Ramiro Eliseo Flórez Torres, quien en 2020 negó el matrimonio civil a dos mujeres por sus creencias religiosas. Aunque ya había sido destituido e inhabilitado por 15 años, la magistrada Diana Marina Vélez Vásquez anuló esta decisión por irregularidades en el debido proceso, ya que no se consideraron los recursos de apelación presentados. La magistrada declaró nula toda la actuación a partir de la primera instancia, garantizando así los derechos al debido proceso. No obstante, las pruebas recogidas se mantienen válidas, y el expediente fue devuelto a la Seccional para reiniciar el proceso. A pesar de la negativa del juez, las dos mujeres lograron casarse en 2021, gracias al apoyo de Caribe Afirmativo y el Centro de Conciliación de la Fundación Universitaria Colombo Internacional, quienes enfatizaron que es deber de los servidores públicos proteger los derechos de la población LGBTIQ+.
En menos de 24 horas, en Cartagena se reporta el segundo accidente de tránsito. Este dejó como víctimas a una mujer y a otra gravemente herida en el corregimiento de La Boquilla, exactamente en la vía al Mar. Testigos señalan que, el hecho involucra a un constructor de una camioneta de alta gama, que tuvo que ser rescatado por la policía ante un inminente ataque por parte de una turba que pretendía agredirlo. Aún no se conocen los nombres de las víctimas, los hechos aún son materia de investigación. Noticia en Desarrollo.
El 11 de noviembre de 2024, Colombia dio un paso histórico al reconocer oficialmente su responsabilidad en el magnicidio de Carlos Pizarro Leongómez, exlíder del M-19 y excandidato presidencial. Este acto, realizado en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, se llevó a cabo tras años de lucha por justicia por parte de la familia de Pizarro, incluida su hija, la senadora María José Pizarro. En la audiencia, el Estado colombiano admitió que el asesinato de Pizarro, ocurrido el 26 de abril de 1990, no solo involucró a grupos paramilitares, sino también a agentes del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), quienes, irónicamente, estaban encargados de su «protección». El reconocimiento de responsabilidad incluye la admisión de que, durante el proceso judicial, se afectaron los derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia, ya que el caso sufrió dilaciones significativas. Así, con este reconocimiento el Estado colombiano expresó su compromiso de reparar integralmente a las víctimas, restaurar la confianza en las instituciones y trabajar en conjunto con las familias afectadas para alcanzar una reparación justa.
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