La primera Cumbre Social por la Paz en Bolívar, celebrada el 11 de diciembre en el Palacio de la Proclamación de Cartagena, marcó un hito importante en los esfuerzos por consolidar la paz en el departamento. Organizada por la Gobernación de Bolívar y el Consejo Departamental de Paz, el evento reunió a actores clave de la sociedad civil, víctimas del conflicto armado, y autoridades locales, con un enfoque en la construcción colectiva de la paz. La cumbre estuvo compuesta por paneles como “Hablemos de paz total” y “Conflicto armado en Bolívar”, espacios en los que se abordaron las dificultades y retos en la implementación de los acuerdos de paz. Durante su intervención, José Ardila, firmante y consejero de paz, subrayó la urgencia de que tanto los gobiernos nacional como departamental tomen medidas concretas para garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las víctimas. “Es vital que se avance en la implementación de los acuerdos para eliminar las barreras que propician el conflicto, especialmente en las zonas rurales”, afirmó Ardila. Iván Sanes, Secretario de Paz, hizo énfasis en la necesidad de fortalecer la colaboración entre las diferentes instituciones del Estado para erradicar el miedo y la zozobra que aún persisten en los territorios más apartados. “La paz solo será posible con un esfuerzo conjunto, en el que todos los sectores trabajen hacia el mismo fin: garantizar la seguridad y los derechos de todos”, comentó Sanes. La Consejera de Paz, Stephanny Galeano, destacó que este tipo de espacios son fundamentales para impulsar la construcción de paz desde una perspectiva inclusiva. Según Galeano, el Consejo Departamental de Paz está comprometido con estrategias que promuevan la reconciliación y el entendimiento entre las comunidades afectadas por la violencia. “La paz no es solo un compromiso de los gobiernos, sino de todos los ciudadanos”, recalcó. Con la participación activa de líderes comunitarios, funcionarios públicos, académicos y estudiantes, la cumbre dejó claro que la construcción de la paz en Bolívar es un proceso que requiere el esfuerzo conjunto de todos los sectores de la sociedad. Este evento se posiciona como un primer paso significativo para avanzar en la reconciliación y en la construcción de una paz sostenible en la región.

Inversionistas de México, Canadá, Estados Unidos, España y Arabia Saudita están interesados en adquirir varios clubes de la Liga Betplay. Esto se suma al interés que ha generado el fútbol colombiano y sus representantes en diferentes ligas a nivel mundial. El rentado local empieza a ser una vitrina importante de jugadores y los grandes empresarios del fútbol quieren tener su porción en esta creciente racha. Según Hernández Bonnet, ya se han presentado ofertas formales para equipos como Once Caldas y América de Cali, mientras que empresarios estadounidenses han mostrado interés en Equidad.  La Equidad, uno de los clubes de fútbol de Bogotá, podría experimentar un cambio en su estructura organizativa por una posible venta del equipo, ya que, según Diego Rueda, periodista de Caracol Radio. El equipo está en negociaciones avanzadas para ser vendido a un grupo inversor estadounidense. De concretarse, la transacción podría alcanzar los 15 millones de dólares. Aunque el acuerdo aún no se ha cerrado, se encuentra en fase de Debida Diligencia, un proceso de auditoría detallada del estado actual del equipo colombiano. De concretarse, el club cambiaría de nombre en el mediano plazo, poniendo fin a su vinculación histórica con Equidad Seguros. La creciente atención hacia los clubes colombianos puede atribuirse a la calidad y potencial de sus jugadores, quienes han demostrado buenos desempeños tanto en el ámbito local como internacional. Muchos de estos futbolistas han tenido un comportamiento ejemplar fuera de los terrenos de juego, un factor que aumenta el atractivo para los inversionistas.

Después de más de seis años de litigio, la Fiscalía Seccional 17 de Cartagena ordenó la restitución del terreno conocido como El Cayao a los nativos de la isla de Barú, luego de comprobarse irregularidades en el proceso de compraventa que permitió su transferencia. La denuncia fue presentada el 18 de agosto de 2018 ante la Fiscalía Seccional de Cartagena, señalando a Carlos Schrader Fajardo e Ignacio Morales como responsables de fraude procesal, falsedad material e ideológica en documento privado, uso de documento público falso, entre otros delitos. Según la investigación, los acusados obtuvieron la transferencia del dominio del terreno mediante un documento de compraventa sin los requisitos legales y un acta de audiencia de ratificación de firma suscrita con firmas falsas ante un juez civil. El predio en cuestión es donde actualmente opera la Sociedad Portuaria El Cayao, una gasificadora clave para la producción de gas en Colombia. En un intento por cerrar el caso, fiscales de la época buscaron su prescripción, pero tras un recurso de apelación, el expediente fue devuelto a la Fiscalía 17 para continuar con el proceso de restablecimiento del derecho. Fue en 2024 cuando se practicaron pruebas grafotécnicas y documentológicas a la promesa de compraventa y al acta de audiencia, determinando que no existía correspondencia entre las firmas registradas. En el mismo año, la Fiscalía vinculó a la Sociedad Portuaria El Cayao y a la Fiduciaria Itaú, esta última como titular de los derechos de dominio, pero ninguna pudo hacerse parte en el proceso debido a que presentaron poderes sin los requisitos legales. Finalmente, el 28 y 29 de octubre de 2024, la Fiscalía emitió una providencia ejecutoriada ordenando la entrega del terreno a los nativos de Barú, reconociéndolos como sus legítimos propietarios. Con esta decisión, se pone fin a un largo proceso judicial y se reivindican los derechos de la comunidad sobre su territorio.