Ada Evelyn Ardila Pérez, de 38 años, falleció en Medellín luego de someterse a una cirugía estética en un quirófano clandestino. El procedimiento, realizado en un edificio del centro de la ciudad, estuvo a cargo de falsos cirujanos que, al notar complicaciones, abandonaron el lugar y huyeron en un vehículo tras llamar a una ambulancia. Siendo así, la intervención comenzó a las 5:30 p.m., según los familiares de Ada, quienes señalaron que los problemas surgieron poco después de iniciada la liposucción. Cuando los supuestos profesionales intentaron escapar, los familiares entraron y hallaron a Ada en estado crítico. Al llegar, los paramédicos confirmaron que la mujer no tenía signos vitales y observaron que su abdomen estaba abierto sin las mínimas condiciones de asepsia. Las autoridades hallaron equipos médicos y documentos personales en el sitio, lo que evidencia que el lugar operaba como una clínica ilegal. En ese sentido, el alcalde de Medellín,FedericoGutiérrez, expresó: «No podemos permitir que estos casos sigan ocurriendo. Es fundamental trabajar en conjunto con la Secretaría de Salud y otras entidades para implementar controles que eviten el funcionamiento de estas clínicas de garaje y protejan a nuestra comunidad» Revisión @⁨Gabriela Almeida⁩

Eric Urueta Benavides, asesor de Despacho del Alcalde, denunció ante la Fiscalía, Procuraduría y Oficina de Control Disciplinario de la Unidad Nacional de Protección (UNP) a Augusto Rodríguez Ballesteros y a Daniel Agusto Jorge El Saieh Sánchez por presuntos delitos de prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. Al parecer, en el marco de una acción de tutela presentada por Urueta, se habrían presuntamente presentado amenazas y atentados en contra de su humanidad, por lo que la UNP expuso una serie de aspectos para no colocar un esquema de protección, expuso los siguientes argumentos que hacen tránsito a la denuncia. 1- Decirle al JUEZ, que el señor URUETA se le resolvió sus estudios de seguridad, mediante una Resolución de fecha 15 de octubre de 2024, en donde le determinan RIESGO EXTRAORDINARIO otorgándole chaleco blindado y celular, cuando la decisión fue notificada en agosto de 2024 y sobre hechos denunciados en el 2023. 2) 2- NO cumplimiento de una MEDIDA PROVISIONAL DEL JUEZ 9 LABORAL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA, que le ordenaba efectuar los estudios, sobre las denuncias sobrevivientes y posteriores a la resolución EXTRAORDINARIA, es decir sobre las denuncias presentadas en los meses de abril, septiembre y octubre de 2024 por amenazas y atentados en su humanidad. Asimismo, el documento señala que, según voces de Urueta, la UNP y «sus funcionarios, era engañar al JUEZ, tratando de decir que el accionante señor URUETA buscaba vía de tutela, solicitar protección y controvertir una resolución que determinó su riesgo extraordinario, según  notificada con fecha 15 de octubre  de 2024 durante el desarrollo de la Tutela, cuando  la resolución fue de hechos del año 2023 y notificada en agosto de 2024, es decir 2 meses antes de presentar la tutela». Por su parte, ante más acusaciones realizadas, el demandante hizo referencia a todos los sistemas de seguridad con los que cuentan, por ejemplo, los senadores y representantes a la Cámara. «Ganan $48′142.046 mensuales, y les colocan carros blindados, y cuando uno de estos carros está con un daño mínimo se lo cambian inmediatamente, igualmente reciben 2.000.000 para auxilio de gasolina, les colocan 2 y 3 hombres de protección  y además más de 9.000.000 par gastos para los  hombres de protección, pero los líderes sociales andan en carros convencionales, motos y con un solo escolta, o solo se le asignan chalecos o celulares, esa es la inequidad en Colombia.