Tres meses después del colapso del puente que conectaba la Troncal de Occidente con El Guamo, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, entregó la nueva infraestructura, que mejorará la conectividad y facilitará el tránsito en la zona. Durante el acto de inauguración, Arana Padauí recordó que el colapso ocurrió el 6 de noviembre de 2024 debido a la crecida de un arroyo por las lluvias. “Cumpliendo mi promesa, hoy entregamos esta obra que beneficiará a más de 20.000 habitantes de San Juan Nepomuceno y El Guamo”, afirmó. Destacó que la rápida ejecución del proyecto demuestra el compromiso de su administración con las comunidades afectadas. El gobernador anunció que en 45 días iniciará la construcción del nuevo alcantarillado de El Guamo, una obra esperada por la comunidad. También informó que en San Pedro Consolado se trabajará en la protección del caño para prevenir inundaciones, en conjunto con la Junta de Acción Comunal. José Caballero, campesino de la zona, celebró la entrega del puente y expresó su confianza en la solidez de la obra. “Espero que este sí se mantenga firme, porque se nota que está bien construido. El puente viejo era provisional, pero este quedará para la historia”, comentó.

La Corporación Autónoma Regional del Atlántico (C.R.A.) emitió la Resolución No. 0000188 de 2023 y, posteriormente, la Resolución No. 000085 de 2024, mediante las cuales modificó y complementó la licencia ambiental otorgada a la Sociedad Fotovoltaico Yarumo S.A.S. para el desarrollo del proyecto «Parque Fotovoltaico Baranoa I 19,9 MW y línea de tensión de 110 kV» en el municipio de Baranoa, Atlántico. La Resolución 0000188 de 2023 modificó varios aspectos relevantes de la licencia original. En primer lugar, suprimió la prohibición que impedía realizar actividades de aprovechamiento forestal y remoción de coberturas vegetales, aunque mantuvo restricciones para algunas intervenciones de infraestructura sobre cuerpos de agua, como la ocupación de cauces en zonas específicas. Adicionalmente, autorizó el aprovechamiento forestal que implicaba la tala de 1.722 árboles, con un volumen total de 491,3 metros cúbicos, pertenecientes a diversas especies y coberturas de la tierra, en un área de 49,91 hectáreas. El acto administrativo también estableció condiciones estrictas para la ejecución de estas actividades, incluyendo la implementación de medidas de manejo ambiental, la prohibición de intervenir zonas no autorizadas y la obligación de ajustar el plan de compensación forestal en un plazo máximo de 90 días. Igualmente, fijó el pago por concepto de seguimiento ambiental en la suma de $13.222.464,58, así como las obligaciones de actualización anual conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la disposición adecuada de residuos generados. Posteriormente, mediante la Resolución 000085 de 2024, la C.R.A. autorizó un nuevo aprovechamiento forestal complementario para el mismo proyecto, consistente en la tala de 19 individuos arbóreos ubicados en la zona de servidumbre de la línea de transmisión eléctrica de 110 kV. Esta intervención corresponde a especies como guayacán, trupillo, dividivi, carito, matarratón, campano, entre otras, con un volumen total de 8,86 metros cúbicos. Esta nueva autorización también quedó sujeta a estrictos condicionamientos, entre ellos la implementación de medidas de manejo ambiental previamente a la tala, la disposición adecuada de residuos vegetales, el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de Aprovechamiento Forestal Único, y la presentación de los respectivos informes de cumplimiento ambiental (ICA) ante la C.R.A. El aprovechamiento otorgado en 2024 estará vigente por el término de un (1) año, contado a partir de la ejecutoria del acto administrativo. El valor por concepto de seguimiento ambiental correspondiente a esta nueva intervención se fijó en $1.319.510,52, con instrucciones específicas sobre los plazos y modalidades de pago. De esta manera, la C.R.A. continúa ejerciendo el control y seguimiento al desarrollo del proyecto fotovoltaico, garantizando que las actividades de aprovechamiento forestal y de infraestructura se realicen bajo parámetros técnicos y ambientales que mitiguen los impactos sobre el ecosistema local, en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. 📄 Descargue o consulte las resoluciones completas aquí:

En una operación técnica realizada en la zona rural de Hatillo de Loba, Bolívar, Afinia, filial del Grupo EPM, detectó seis transformadores ilegales y más de 1,2 kilómetros de redes clandestinas usadas para alimentar minas de oro. Estas conexiones fraudulentas generaban pérdidas mensuales superiores a 76 millones de pesos, equivalentes al consumo promedio de 700 hogares. Los transformadores, de diferentes capacidades (112,5 kVA, 75 kVA y 45 kVA), no estaban registrados en la empresa y eran destinados exclusivamente a la actividad minera. Durante la inspección también se identificó una mina conectada por baja tensión, con planes de instalar un nuevo transformador ilegal. Afinia advirtió que este tipo de conexiones, además de representar un delito, ponen en riesgo la vida de quienes manipulan las redes y afectan la calidad del servicio para los usuarios legales. La empresa reiteró su llamado a la comunidad a denunciar el fraude energético a través de la línea 115, la Afiniapp, la Línea Ética 0180005222955 o la Policía Nacional (123).