En 1905, el empresario Belisario Díaz estableció la primera sala de cine de la ciudad en la abandonada Iglesia de la Veracruz, frente al Camellón de los Mártires. Díaz alquiló el local a Bernardo Porto, quien era propietario del templo. La sala tenía un diseño circular de madera, similar al de la Serrezuela. El telón, hecho de liencillo, era tan traslúcido que permitía ver lo que ocurría detrás. Los asistentes al palco entraban por el Camellón y pagaban 20 centavos, mientras que aquellos que optaban por la galería ingresaban por la Calle Larga y compraban su entrada a 10 centavos, pero debían ver la película al revés, lo que originó a especialistas en leer subtítulos en esta posición. Las funciones se realizaban los martes, jueves y sábados, y una banda «chupacobre» anunciaba los espectáculos tocando desde la Plaza de los Coches hasta la entrada del teatro, continuando con música en los intermedios de las funciones. Un incendio en el depósito de películas, donde hoy se ubica el Banco de la República, llevó a la renuncia de Díaz. Posteriormente, Variedades fue administrado por los hermanos Di Doménico y Rafael Pinzón Riveros, quien destacó por convertir el teatro en un importante espacio para el cine, la música y el boxeo. Fotos. A quien corresponda.Fuente: Apuntes Cartagena

Promigas, en alianza con la Fundación Cataruben, ha lanzado el proyecto Corozo (CO2ROZO), la primera iniciativa privada de conservación a gran escala del medioambiente en el Caribe colombiano. Este proyecto busca conservar 105.000 hectáreas de bosque seco tropical y humedales estratégicos para 2044, evitando la emisión de 3,5 millones toneladas de dióxido de carbono (CO2). El proyecto Corozo se desarrollará en ocho departamentos de la costa norte del país: Antioquia, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Santander y Sucre. Durante su primera fase, se vincularán predios privados, cuyos propietarios recibirán incentivos económicos por la conservación de áreas estratégicas. El proyecto será certificado bajo el estándar internacional VCS-Verra, y sus actividades clave incluirán la conservación y restauración de ecosistemas. Además de contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, generará Certificados de Carbono, integrando la protección de la biodiversidad, el carbono y el agua en una estrategia de conservación a largo plazo. Entre los territorios beneficiados se encuentran varios municipios, como Anorí, Cáceres, El Bagre, Nechí, Puerto Berrío, Remedios, Segovia y Zaragoza (Antioquia); Cantagallo, Montecristo y San Pablo (Bolívar); Tierralta (Córdoba); Riohacha (La Guajira); Ciénaga y Santa Marta (Magdalena); Barrancabermeja, Cimitarra, Puerto Parra, Sabana de Torres y San Vicente de Chucurí (Santander), además de algunos corregimientos en Cesar y Sucre.

En una medida preventiva y disciplinaria, el personero municipal de Turbaco, Iván Roca Álvarez, ordenó la suspensión provisional por tres meses del Inspector Cuarto de Policía, Alexander Polo Calle, por presuntas irregularidades en la expedición de amparos policivos relacionados con bienes inmuebles. La Personería identificó posibles conductas disciplinarias como omisiones en el ejercicio de funciones, incumplimiento de deberes, extralimitación de competencias y favorecimiento indebido de intereses particulares. Estas acciones contravienen los principios de legalidad, imparcialidad y transparencia que deben regir la función pública. El proceso disciplinario se abrió formalmente el pasado 15 de julio. La suspensión busca garantizar el desarrollo independiente de la investigación y prevenir cualquier intento de obstrucción o interferencia. El inspector Polo Calle fue notificado y tendrá la oportunidad de presentar sus descargos durante la etapa procesal. El Ministerio Público continuará con la recolección de pruebas durante el período de suspensión, al cabo del cual se determinarán las responsabilidades a que haya lugar. Este caso subraya la necesidad de que los servidores públicos actúen conforme a la ley, especialmente en decisiones que afectan el uso y posesión de bienes inmuebles, y refuerza el control institucional sobre el uso legítimo de los amparos policivos.