Tres exfuncionarios de la Alcaldía Mayor de Cartagena han allanado su responsabilidad en el caso de peculado por apropiación. Los implicados son Jorge Carrillo Padrón, ex jefe de la oficina jurídica de la alcaldía, y los abogados contratistas Jorge Blell Cervantes y Ana Alicia Martelo del Río. La investigación les atribuye la pérdida de 24 mil millones de pesos que presuntamente fueron desviados a manos privadas. Los exfuncionarios, quienes ingresaron a la administración distrital en 2018 durante el breve mandato de Antonio Quinto Guerra, permanecieron en sus cargos bajo la administración de Yolanda Wong y fueron mantenidos por Pedrito Pereira como cuotas inamovibles de una casa política de la ciudad. Según la Fiscalía, Blell y Martelo habrían utilizado títulos de depósito judicial, emitidos por el Banco Agrario, para desviar los recursos del distrito, actuando bajo la falsa premisa de representar legalmente al gobierno local. El dinero desviado nunca se registró en el fondo destinado a títulos judiciales de la Fiduprevisora, como era requerido. La Fiscalía ha solicitado que se imponga una medida de aseguramiento intramural para Carrillo y Martelo, quienes se encuentran en el proceso de audiencia. Los delitos en cuestión ocurrieron entre 2018 y 2019, y se sospecha que los acusados aprovecharon sus posiciones para desviar sumas millonarias destinadas al bienestar público.

El equipo especializado de Surtigas identificó un nuevo caso de reconexión no autorizada en Cartagena, precisamente donde opera el restaurante Home Time.  En el predio fue sorprendido en flagrancia un hombre ajeno a Surtigas y sus  empresas contratistas, manipulando la acometida del centro de medición sin los debidos permisos para reconectar el servicio del lugar, el cual fue suspendido.  Lea también: Surtigas detecta presunta manipulación de medidor de gas El sujeto fue capturado por las autoridades de Policía y posteriormente fue dejado a órdenes de la Fiscalía, Frente al delito Surtigas hace un llamado a sus clientes para evitar la manipulación o contratación de las redes o centros de medición de gas natural y reitera su compromiso con la seguridad y el cumplimiento normativo, advirtiendo que estas acciones ilegales pueden poner en riesgo a la comunidad y causar interrupciones en el servicio.