La comunidad de Caño del Oro vivió una jornada histórica al celebrar su primera cosecha de tilapia roja producida en sistemas piscícolas comunitarios. Este hito es parte del proyecto Pescando Progreso, una iniciativa liderada por Surtigas y su Fundación Promigas, en alianza con la Fundación Planeta Rural, que busca fortalecer la pesca artesanal y promover modelos productivos sostenibles en el departamento de Bolívar. Con el respaldo técnico, administrativo y comercial, 143 pescadores organizados en dos asociaciones de Caño del Oro han logrado transformar su oficio tradicional en una fuente sostenible de ingresos y desarrollo local. “Dejamos huella social cuando impulsamos las capacidades de la gente. Pescando Progreso demuestra que el trabajo colaborativo y sostenible genera transformación real en nuestras comunidades”, destacó Santiago Mejía, gerente general de Surtigas. El proyecto, que se desarrolla también en Puerto Badel, Lomas de Matunilla, Arjona y María la Baja, vincula a jóvenes rurales como enlaces comunitarios y ha sido clave en la apropiación del conocimiento, garantizando la sostenibilidad de los procesos más allá del acompañamiento técnico. “Nuestro propósito es impulsar una pesca organizada y con acceso a mercados, mejorando la seguridad alimentaria y fortaleciendo el tejido social”, afirmó Marcela Dávila, directora ejecutiva de la Fundación Promigas. En 2024, el programa Comunidades Más Productivas ha beneficiado a más de 5.970 personas en 86 municipios. Con una visión de largo plazo, Pescando Progreso proyecta la consolidación de una red regional con más de 200 productores, organizada bajo un modelo de producción alternada y sostenible.

La Capitanía de Puerto de Cartagena confirmó que desde el 31 de octubre se inspeccionó un ‘bar flotante’ que opera sin permisos en la ciénaga de Portonaito, isla de Barú. Esta estructura improvisada, de 7 metros de largo por 5 de ancho, flota sobre tanques plásticos y está construida con madera y techos de zinc. Según la Dirección General Marítima (Dimar), el bar representa una ocupación indebida del espejo de agua y no cuenta con licencia de navegación ni elementos de seguridad, lo que supone riesgos para usuarios y embarcaciones cercanas.  Asimismo, Dimar ha informado a la Alcaldía de la Localidad Uno y a otras instancias locales sobre esta irregularidad, pero el establecimiento sigue operando. En ese sentido, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay afirmó: «La notificación a los propietarios ya fue emitida y el proceso para desmantelar la estructura está en marcha«. Por su parte, la comunidad denuncia desorden y contaminación en la zona, agravados por la presencia de embarcaciones con música a alto volumen. Además, preocupa el impacto ambiental y turístico de estas actividades ilegales.  El bar flotante en la ciénaga de Portonaito evidencia los riesgos de actividades comerciales ilegales en zonas ambientalmente sensibles, pues, este caso subraya la necesidad de acciones firmes por parte de las autoridades para regular el turismo y garantizar el respeto por el medio ambiente. 

En Francia hay polémica luego de que el Estado planteara la posibilidad de implementar un impuesto a todas las personas que tienen un perro en el hogar. Esta idea se inspira en un modelo ya aplicado en Alemania, donde los propietarios de caninos pagan una tasa anual de 120 euros por el primer animal (555.000 pesos colombianos) y 180 (833.000 pesos) por cada adicional. Según informa el diario francés Les Echos, esta propuesta ha entrado en la mesa de discusión, ya que actualmente Francia tiene graves problemas de déficit y el Gobierno busca nuevas tasas para poder llegar a fin de mes. Este “impuesto canino” podría generar ingresos significativos para el Estado francés, pues en ciudades de Alemania como: Berlín y Fráncfort ha demostrado ser efectivo, generando 421 millones de euros solo en 2023. En Francia, los motivos de este impuesto serían compensar al Estado por el mantenimiento de los parques para perros y la gestión de los residuos cuando defecan.  Cabe aclarar que en Francia, el 32% de los hogares tenían un perro en 2023, según el archivo nacional de identificación de perros, gatos y hurones, por lo que en total se registraron un total de 9.712.324 caninos. Esta medida llegaría a implementarse en el presupuesto 2025.