Ocho establecimientos comerciales fueron cerrados temporalmente este fin de semana en operativos de control en la Transversal 54, en Cartagena. De acuerdo con la información suministrada, las autoridades recibieron denuncias por ruido, aglomeraciones y exceso de ventas ambulantes. Por ello, la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, dependencias de la Alcaldía Mayor y la Policía Nacional, durante la noche del sábado y domingo hicieron operativo dejando ocho establecimientos de comercio cerrados y la captura de un hombre por el delito de fabricación, porte y tráfico de estupefacientes. El detenido, fue dejado a disposición de las autoridades competentes para su debida judicialización. Los establecimientos a los que se les ordenó el cierre temporal, este domingo, por no cumplir con lo que establece la ley son: ‘Majectic’, ‘La chula’, ‘Delirum gastrobar’ y ‘Jangueo’. En la entrada del barrio Los Caracoles, se cerraron dos locales entre esos la Tienda La San Martín por exceso de ruido.  El día sábado, en ese mismo sector,  fueron cerrados dos establecimientos de comercio: ‘Mamacitas gastrobar’ y ‘Monastery’.

Cartagena refuerza su lucha contra los fraudes en los servicios públicos con la firma de una alianza estratégica entre Afinia, Aguas de Cartagena (Acuacar) y Surtigas, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. Este acuerdo busca combatir delitos como el robo de agua, energía y gas, prácticas ilegales que no solo generan millonarias pérdidas anuales, sino que también afectan la calidad y estabilidad del servicio para todos los usuarios. Las empresas revelaron cifras preocupantes: en 2024, más del 22% del agua potable producida en la ciudad no se pudo facturar debido a conexiones ilegales, lo que representó pérdidas de aproximadamente $60.000 millones de pesos. En el sector energético, los hurtos y fraudes sumaron pérdidas de $414 mil millones, con Bolívar como el departamento más afectado. En cuanto al gas, las manipulaciones indebidas ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Ante esta situación, la alianza no solo fortalecerá los mecanismos de prevención y judicialización, sino que también sensibilizará a la comunidad sobre la importancia de la legalidad en el acceso a los servicios públicos. El Código Penal Colombiano (Artículo 256) establece sanciones de hasta 72 meses de prisión y multas de 150 salarios mínimos para quienes incurran en la defraudación de fluidos. Las autoridades reiteran que el uso legal de estos recursos es clave para garantizar un sistema de servicios públicos seguro, eficiente y sostenible.