Por medio de la Resolución No. 22408 del 6 de mayo de 2024, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sancionó por medio de la Superintendencia de Industria y Comercio a la ‘Promotora Calle 47’, constructora del edificio Aquarela con una multa de $1.508.000.000 Tras estudiar los argumentos del apoderado legal de la constructora de la edificación, la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó las infracciones imputadas en la primera instancia habría causado un perjuicio a la calidad de vida de los compradores en el proyecto. “Generan un daño que repercute directamente en la calidad de vida de los compradores del proyecto y de manera potencial en quienes esperaban poder adquirir inmuebles en las demás torres planeadas del proyecto, pues sienta un precedente de cara a la continuación del proyecto”, se lee en la resolución. Seguido a esto, el documento cita “el daño grave a los consumidores” ocasionado por parte de la constructora antioqueña a los compradores tras la inversión de capital realizada en el fallido proyecto de vivienda.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, instruyó a las fuerzas policiales de paz, coordinada por el comandante de la Policía Nacional, William René Salamanca, el cual tiene como objetivo principal garantizar la seguridad y protección de la población campesina en la región. Petro señaló que “no puede haber coalición posible con los asesinos” y que el Sur de Bolívar le pertenece al estado. “La policía de paz debe organizarse de manera masiva en el Sur de Bolívar para que quede al servicio de la población campesina, la proteja y permita que sus derechos y libertades puedan ser respetados”, mencionó Petro. “La protección del campesinado es una prioridad para su gobierno, esta tierra no debe ser un campo de batalla entre grupos armados, sino que debe pertenecer al pueblo”, afirmó Petro. El mandatario aseguró que todos los miembros del gobierno, ya sean militares o civiles, tienen la obligación de servir y proteger al campesinado. “El Sur de Bolívar tiene que ser del pueblo y eso implica que el Estado se coloque al servicio de la solución de sus necesidades”, concluyó Petroz