El reciente informe del DANE ha puesto de relieve una grave crisis laboral en Cartagena. La tasa de ocupación ha caído al 55% en el primer semestre de 2024, una reducción de 3,2 puntos porcentuales en comparación con el año anterior. Esto ha resultado en la pérdida de casi 18,000 puestos de trabajo, mientras que la tasa de desocupación ha aumentado al 13,5%, un incremento significativo que supera el promedio nacional. Más de la mitad de los ocupados, alrededor de 210,000 personas (52,3%), son trabajadores por ‘cuenta propia’, lo que refleja una dependencia de actividades informales y una falta de estabilidad laboral. Norgen Pérez, un comerciante local, comparte su preocupación: «El desempleo en Cartagena es devastador. Muchos de nosotros vivimos del ‘rebusque’, y la falta de oportunidades reales afecta a nuestras familias y comunidad.» María Gómez, una madre de familia y trabajadora por cuenta propia, expresa su frustración: «Cada día es una lucha. He perdido clientes y la incertidumbre es constante. Aquí no hay trabajo suficiente. Sin empleo fijo, estamos en una situación crítica.» Este sentimiento refleja una creciente inquietud entre los cartageneros sobre su futuro laboral, evidenciando la urgencia de implementar políticas efectivas que generen empleo sostenible y mejoren la calidad de vida en la ciudad.

Durante la celebración de la COP 16 en Cali, el Establecimiento Público Ambiental (EPA) Cartagena firmó la “Declaración de Cali”, un pacto que busca fomentar un “Caribe Verde Biodiverso”. Este compromiso fue suscrito junto a los gobernadores y autoridades ambientales de la Región Caribe, con el objetivo de unir esfuerzos para financiar y ejecutar proyectos que promuevan la conservación y sostenibilidad de los ecosistemas. El director del EPA Cartagena, Mauricio Rodríguez, destacó la importancia de este pacto, que se enmarca dentro de un encuentro de autoridades ambientales urbanas del Caribe Colombiano, centrado en los desafíos de la gestión ambiental en ciudades costeras ricas en biodiversidad. Entre las acciones acordadas se encuentran la mitigación y adaptación al cambio climático, la protección de la línea de costa contra la erosión y la delimitación de zonas de no intervención, de acuerdo con las determinantes ambientales. Además, se estableció un compromiso por sensibilizar a la población sobre la biodiversidad, promoviendo estilos de vida sostenibles y priorizando la restauración de ecosistemas vitales como los bosques secos tropicales, arrecifes de coral y manglares. El pacto también aboga por una planificación espacial participativa que respete los derechos de las comunidades locales e indígenas.