Acuacar detecta tres nuevos casos de conexiones ilegales en Cartagena

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Aguas de Cartagena (Acuacar) ha identificado tres conexiones no autorizadas a la red de acueducto en diferentes zonas de la ciudad. Los casos, localizados en Pasacaballos, Santa Ana y frente a la urbanización Los Abetos, identificando defraudaciones equivalentes a $157 millones, lo que representan una pérdida significativa de más de 36.000 metros cúbicos de agua, afectando tanto la calidad del servicio como la salud pública.

Entre los hechos más preocupantes, se encuentra el caso de una empresa de Pasacaballos que se abastecía ilegalmente a través de una conexión desde un predio vecino. Además, en Santa Ana, un inmueble reincidente también estaba conectado irregularmente a la red, perjudicando el suministro en la zona.

Acuacar anunció que tomará acciones legales contra los responsables y reiteró su compromiso de luchar contra el hurto de agua en la ciudad. La empresa invita a la ciudadanía a denunciar estas prácticas que afectan a toda la comunidad y recordó que los infractores pueden enfrentar consecuencias penales.

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¿Se acaban las buenas relaciones entre entre Milei y Trump?: Trump amenaza con sanciones financieras

El problema con el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) de Milei para el acuerdo con el FMI radica en que puede ser inconstitucional, lo que genera preocupaciones sobre la seguridad jurídica en Argentina.Para entender por qué esto puede ser grave para la comunidad internacional y específicamente para EE.UU., hay que analizarlo en varios niveles:La cuestión Legal (posible inconstitucionalidad), esto porque en 2021, el Congreso argentino aprobó una ley que exige que cualquier acuerdo con el FMI debe ser aprobado por el Congreso mediante una ley específica.A su vez, Milei decidió no seguir ese procedimiento y, en su lugar, emitió un DNU para aprobar el acuerdo con el FMI sin someterlo a votación legislativa.¿Cuál es el problema? Un DNU solo es válido si hay una emergencia que impida al Congreso actuar, pero el propio Milei había dicho que quería que el Congreso lo aprobara, lo que contradice su argumento de emergencia. Si la justicia argentina declara el DNU inconstitucional, el acuerdo con el FMI podría volverse jurídicamente inválido, lo que generaría incertidumbre sobre la estabilidad financiera del país.Cuando un país como Argentina no respeta sus propias leyes y procedimientos institucionales, los inversores y gobiernos extranjeros comienzan a dudar de la seguridad jurídica del país. Esto tiene varias implicaciones:Para el FMI y EE.UU. si el acuerdo con el FMI se considera inválido en el futuro, podría haber un problema con los pagos de la deuda, afectando la credibilidad del FMI y de EE.UU., que tiene un peso importante en sus decisiones.Para los inversores, empresas y fondos internacionales que invierten en Argentina podrían ver esto como un precedente peligroso. Si el gobierno cambia reglas a su conveniencia, podría hacer lo mismo en otros sectores, lo que desincentiva inversiones extranjeras.Para la estabilidad financiera, si el acuerdo con el FMI enfrenta problemas legales, Argentina podría entrar en una nueva crisis económica que afectaría a los mercados internacionales, incluyendo a Wall Street.Sin embargo, EE.UU. tiene varios intereses estratégicos en Argentina, y esta crisis institucional podría afectarlos de diferentes maneras: •EE.UU. tiene el mayor poder de voto en el FMI. Si este acuerdo es controvertido o se declara inválido, podría generarse una crisis dentro del FMI sobre cómo manejar la deuda argentina. Si Argentina no puede pagar su deuda, EE.UU. y otros países miembros del FMI tendrán que decidir si siguen apoyando al país o si aplican sanciones financieras más duras.Empresas estadounidenses con presencia en Argentina (como Chevron, ExxonMobil, Ford, y otras) pueden ver afectada su confianza para seguir invirtiendo. Si la seguridad jurídica del país se debilita, EE.UU. podría considerar restricciones comerciales o advertencias a inversores sobre los riesgos de operar en Argentina.Argentina es un actor clave en América Latina. Si su economía colapsa por un problema institucional, podría generar tensiones sociales, aumentando la inestabilidad en la región, algo que EE.UU. busca evitar. También podría empujar a Argentina a buscar apoyo financiero en otros países como China o Rusia, lo que no le conviene a EE.UU. en el contexto de la rivalidad global.

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Abogado udeceísta es el nuevo representante de los jóvenes de Cartagena a nivel nacional.

El pasado lunes 9 de septiembre se realizó en Bogotá la posesión del Consejo Nacional de Juventudes para el periodo 2024 – 2025, un acto que contó con la presencia de la vicepresidenta Francia Márquez y en el que se designó a Sebastián Hernández Arroyo como representante por parte de #Cartagena. Hernández es abogado de profesión, graduado de la Universidad de Cartagena. Además, es delegado por el Consejo de la Localidad Industrial y de la Bahía y por el Consejo Distrital de Juventudes de Cartagena. Con este nuevo cargo, el egresado de la UdeC deberá propender por ser un interlocutor entre el Gobierno Nacional, en búsqueda de mejores oportunidades para las jovenes del país. Luego del acto solemne, los delegados realizaron su primera sesión ordinaria y tuvieron una sesión conjunta con la Cámara de Representantes, donde hicieron aportes para los proyectos de ley que avanzan en esa instancia y que involucran a las juventudes.

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Cámara de Comercio de Cartagena y UTB se alían para formar líderes en resolución de conflictos comunitarios

Con el objetivo de promover la convivencia pacífica y fortalecer el tejido social en Cartagena, la Cámara de Comercio de Cartagena y la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) unieron esfuerzos para lanzar el Programa de Fortalecimiento en Negociación y Resolución Pacífica de Conflictos para Líderes Comunitarios. El evento de lanzamiento se llevó a cabo en el auditorio de la UTB, sede Manga, con la participación de más de 120 líderes sociales de la Localidad 3 y otros municipios de Bolívar. La iniciativa, desarrollada a través del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio y el Consultorio Jurídico de la UTB, busca empoderar a miembros de juntas de acción comunal y organizaciones de base en herramientas clave de comunicación, negociación y mediación. Como parte del proceso, los participantes recibirán 60 horas de formación, asesoría jurídica gratuita y jornadas prácticas de mediación con casos reales. Este programa contempla tres fases: convocatoria comunitaria, formación especializada y entrega de un protocolo colectivo de negociación. Al finalizar, se espera consolidar una red de líderes mediadores que contribuyan a la construcción de paz, el diálogo social y el fortalecimiento de las relaciones entre comunidades y sector privado. Con esta alianza, la Cámara de Comercio y la UTB reafirman su compromiso con el desarrollo integral de los territorios. Más información: 321 524 1399 –. ✉ cac@cccartagena.org.co¡Seguimos Tejiendo Progreso en Bolívar!

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Capturan a cabecilla del Clan del Golfo presunto responsable del tráfico de estupefacientes desde Cartagena hacia Centroamérica y Europa

En un operativo contra estructuras criminales dedicadas al narcotráfico a nivel nacional y transnacional, la Policía Nacional, bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, con la ejecución de la operación “Atena”, desplegada en el barrio Marbella, fue capturado alias “Nando”, por el delito de concierto para delinquir. El operativo fue llevado a cabo en un apartamento de un exclusivo edificio del barrio Marbella, capturando a un sujeto conocido como “el Nando”, por el delito de concierto para delinquir, señalado de ser el encargado de trazar rutas seguras del tráfico de cocaína desde la ciudad de Cartagena hacia Centroamérica y Europa, utilizando puertos marítimos y el aeropuerto, con una renta mensual cercana a los 30 millones de dólares. Alias “Nando”, para el año 2020, fue capturado en desarrollo de la operación Zeus, por el delito concierto para delinquir, extorsión y tráfico de estupefacientes, recobrando la libertad en el año 2021. Al capturado le registran seis anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de concierto para delinquir por darse para extorsión, concierto para delinquir agravado por darse para extorsión, porte ilegal de arma de fuego, daño en bien ajeno, falsedad en documento privado e inasistencia alimentaria. El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el coronel Gelver Yecid Peña Araque, destacó que este operativo es un duro golpe a las finanzas de esta estructura criminal que busca establecer como epicentro de actividades narcotraficantes en la ciudad de Cartagena. “Invitamos a los cartageneros a seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y las estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”, sostuvo. En lo corrido del año, se han incautado 483 kilos de estupefacientes, entre marihuana, base de coca y cocaína; capturando a 1.286 personas por este delito.

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Buscan en cementerio cartagenero si hay restos de personas desaparecidas durante el conflicto

La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), junto con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Fiscalía, la Alcaldía, entre otras, iniciarán la intervención para buscar los cuerpos de personas desaparecidas en el Cementerio de Albornoz tras el conflicto armado. Este proceso incluirá la participación de personas víctimas dentro de las acciones humanitarias de búsqueda, toma de ADN a familiares y cuerpos e intervención forense del cementerio. Acciones que permitirán los Planes Regionales de Búsqueda de Montes de María y Morrosquillo, Canal del Dique y norte de Bolívar. “Identificar a los desaparecidos devuelve dignidad a las víctimas y paz a sus familias. USAID apoya estas iniciativas que cumplen con el Acuerdo de Paz y fortalecen la confianza y la justicia. Estamos orgullosos de trabajar con nuestros socios en este esfuerzo”, expresó Michael Camilleri, director de USAID para el Caribe y América Latina. Documentación de la UBPD y la JEP apunta a que en el cementerio de Albornoz reposan cuerpos que necesitan ser sometidos a análisis forense para corroborar si corresponden a víctimas del conflicto. La investigación está relacionada con una medida cautelar de la JEP solicitada por organizaciones de víctimas como acción preventiva frente al Proyecto de Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique.

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