En lo que va del año, Cartagena ha registrado más de 300 riñas, las cuales han dejado 52 muertos. Lea también: Al menos 84 personas iniciaron el 2024 a las peleas en Cartagena Según informes de la Policía Metropolitana, las riñas se han concentrado principalmente en zonas de vida nocturna y espacios públicos lo que preocupa a la comunidad ya que se acercan los meses festivos para cartagena y temen que estos números aumenten. Las riñas se atribuyen a varios factores, entre ellos se destacan, el consumo de alcohol y sustancias y las pandillas entre barrios. Es por eso que los cartageneros le piden a las autoridades que se tomen medidas efectivas para evitar estas riñas con la llegada de las festividades, la esperanza es que actúen rápidamente para preservar la tranquilidad y el bienestar de todos los ciudadanos. ¿Crees que las autoridades deberían tener más control y actuar más rápido sobre las riñas callejeras?

Cartagena refuerza su lucha contra los fraudes en los servicios públicos con la firma de una alianza estratégica entre Afinia, Aguas de Cartagena (Acuacar) y Surtigas, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. Este acuerdo busca combatir delitos como el robo de agua, energía y gas, prácticas ilegales que no solo generan millonarias pérdidas anuales, sino que también afectan la calidad y estabilidad del servicio para todos los usuarios. Las empresas revelaron cifras preocupantes: en 2024, más del 22% del agua potable producida en la ciudad no se pudo facturar debido a conexiones ilegales, lo que representó pérdidas de aproximadamente $60.000 millones de pesos. En el sector energético, los hurtos y fraudes sumaron pérdidas de $414 mil millones, con Bolívar como el departamento más afectado. En cuanto al gas, las manipulaciones indebidas ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Ante esta situación, la alianza no solo fortalecerá los mecanismos de prevención y judicialización, sino que también sensibilizará a la comunidad sobre la importancia de la legalidad en el acceso a los servicios públicos. El Código Penal Colombiano (Artículo 256) establece sanciones de hasta 72 meses de prisión y multas de 150 salarios mínimos para quienes incurran en la defraudación de fluidos. Las autoridades reiteran que el uso legal de estos recursos es clave para garantizar un sistema de servicios públicos seguro, eficiente y sostenible.