Con el propósito de consolidar un espacio de diálogo, seguimiento y articulación, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Cámara de Comercio de Cartagena desarrollaron el primer comité de acompañamiento del proyecto de ampliación y modernización del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez. En este encuentro se abordaron los avances, alcances y beneficios de una obra estratégica para la ciudad, que responde al crecimiento sostenido de Cartagena en los ámbitos social, económico, cultural y empresarial. El aeropuerto, considerado un activo de alto valor para el turismo y la inversión, entrará en una fase de transformación integral bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP), operado por la concesión Operadora Internacional Aeropuerto de Cartagena S.A.S. (OINAC), con la supervisión de la ANI. Un proyecto en fases para una Cartagena más conectadaLa ANI presentó las fases y componentes del plan, que se ejecutará en un periodo aproximado de dos años, con el objetivo de entregar una terminal aérea moderna, eficiente y sostenible. Entre las intervenciones clave destacan: -Construcción de un nuevo edificio internacional, que duplicará la capacidad de atención de pasajeros internacionales.-Modernización de la vía de acceso y creación de nuevas plazas de estacionamiento, mejorando la conectividad y accesibilidad al aeropuerto.-Implementación de cinco puentes de abordaje, para agilizar el embarque y desembarque de pasajeros.-Ampliación y modernización de salas de espera, garantizando mayor confort.-Construcción de una calle de rodaje, optimizando la operación y circulación de aeronaves. Impacto económico y socialDurante su ejecución, la obra generará más de 400 empleos directos e indirectos, impulsando la economía local y fortaleciendo el tejido empresarial. La Cámara de Comercio de Cartagena destacó que este tipo de proyectos no solo mejoran la infraestructura, sino que también elevan la competitividad de Cartagena, abriendo nuevas oportunidades de negocio, inversión y conectividad internacional. Transparencia y participación ciudadanaANI y OINAC ratificaron su compromiso con una gestión transparente, desarrollando mesas de concertación y espacios de información que permitan a la ciudadanía conocer los avances y participar activamente en el proceso. Este primer comité de acompañamiento sienta las bases para un trabajo conjunto, donde la articulación entre el sector público, el sector privado y la comunidad garantizará que el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez esté a la altura de las aspiraciones de Cartagena como destino turístico, cultural y empresarial de talla mundial.

Después de más de seis años de litigio, la Fiscalía Seccional 17 de Cartagena ordenó la restitución del terreno conocido como El Cayao a los nativos de la isla de Barú, luego de comprobarse irregularidades en el proceso de compraventa que permitió su transferencia. La denuncia fue presentada el 18 de agosto de 2018 ante la Fiscalía Seccional de Cartagena, señalando a Carlos Schrader Fajardo e Ignacio Morales como responsables de fraude procesal, falsedad material e ideológica en documento privado, uso de documento público falso, entre otros delitos. Según la investigación, los acusados obtuvieron la transferencia del dominio del terreno mediante un documento de compraventa sin los requisitos legales y un acta de audiencia de ratificación de firma suscrita con firmas falsas ante un juez civil. El predio en cuestión es donde actualmente opera la Sociedad Portuaria El Cayao, una gasificadora clave para la producción de gas en Colombia. En un intento por cerrar el caso, fiscales de la época buscaron su prescripción, pero tras un recurso de apelación, el expediente fue devuelto a la Fiscalía 17 para continuar con el proceso de restablecimiento del derecho. Fue en 2024 cuando se practicaron pruebas grafotécnicas y documentológicas a la promesa de compraventa y al acta de audiencia, determinando que no existía correspondencia entre las firmas registradas. En el mismo año, la Fiscalía vinculó a la Sociedad Portuaria El Cayao y a la Fiduciaria Itaú, esta última como titular de los derechos de dominio, pero ninguna pudo hacerse parte en el proceso debido a que presentaron poderes sin los requisitos legales. Finalmente, el 28 y 29 de octubre de 2024, la Fiscalía emitió una providencia ejecutoriada ordenando la entrega del terreno a los nativos de Barú, reconociéndolos como sus legítimos propietarios. Con esta decisión, se pone fin a un largo proceso judicial y se reivindican los derechos de la comunidad sobre su territorio.