La Corte Constitucional anuló este jueves una sentencia que obligaba a la Universidad de Cartagena a devolver más de $50.000 millones a Ecopetrol, correspondientes a una estampilla que fue recaudada en el año 2006. El fallo, con ponencia del Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo, pone fin a un proceso judicial que había mantenido en vilo la estabilidad financiera de la institución educativa. El litigio se originó cuando Ecopetrol solicitó el reembolso de esos recursos, alegando irregularidades en el cobro de la estampilla. Sin embargo, la Corte determinó que el caso presentaba aspectos constitucionales relevantes, entre ellos la protección del debido proceso, la defensa, la seguridad jurídica y la confianza legítima, principios fundamentales que se vieron comprometidos en el desarrollo de la disputa. El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, celebró el fallo judicial, destacando la importancia de la decisión para los estudiantes de la región. “Estamos complacidos por esta sentencia ajustada a derecho, que defiende el presente y el futuro de miles de estudiantes de Cartagena, Bolívar y de todo el Caribe”, expresó. Por su parte, el rector de la Universidad de Cartagena, William Malkún, calificó la resolución como “la mejor noticia” para el claustro universitario. “Le hemos cumplido a los estudiantes con la defensa de la institución, que es un patrimonio de todos, pero sobre todo, de los jóvenes de Bolívar y de la Costa Caribe”, agregó. La sentencia de la Corte Constitucional subraya que el proceso estuvo marcado por una indebida valoración probatoria y por la posible existencia de decisiones ejecutoriadas que ya habían determinado el destino de los recursos. De esta manera, la universidad no tendrá que hacer el pago solicitado por Ecopetrol, lo que garantiza la continuidad de sus proyectos académicos y sociales sin el peso de la millonaria deuda.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, oficializó el Decreto 1.957 del 24 de diciembre, por el cual, se establecen medidas que permitan controlar la manipulación, comercialización, transporte y almacenamiento de pólvora, artículos pirotécnicos y fuegos artificiales. Esta medida, que entrará en vigencia a partir de hoy, martes 24 de diciembre hasta el próximo 1 de enero de 2025, busca prevenir daños en la integridad física de las personas, especialmente a niños, niñas y menores de edad, con respecto al uso de pólvora. De acuerdo con el Decreto, en caso de que “se identifique a un niño, niña o adolescente menor de 18 años, usando, manipulando o portando artículos pirotécnicos o fuegos artificiales y globos, se realizará el decomiso inmediato del producto y se procederá a conducir al niño, niña o adolescente a disposición de un defensor de familia, de acuerdo con lo establecido en la Ley 670 de 2001, o en forma subsidiaria a los comisarios de familia, para que adopten las medidas de restablecimiento del derecho, conforme con la Ley 1098 de 2006 y la Ley 1801 del 2016”. También se impondrán sanciones de carácter policivo y judicial contra quienes afecten a animales de forma directa o indirecta haciendo uso de artículos pirotécnicos. Por su parte, el Establecimiento Público Ambiental (EPA) y la Oficina Asesora para la Gestión de Riesgo y Desastres de Cartagena (OAGRD), Cuerpo de Bomberos, Fuerza Armada y el DADIS serán las entidades encargadas de realizar los operativos de control establecidos en el decreto.