Recientemente, resurgió en la esfera política una propuesta que, aunque puede parecer innovadora, encierra riesgos profundos para la unidad del departamento de Bolívar. Durante los primeros días del gobierno del presidente Petro, se mencionó la idea de crear un nuevo departamento compuesto por municipios del Zode Magdalena Medio Bolivarense: Cantagallo, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití, Morales y Arenal. Esta iniciativa, que permaneció en silencio, ha sido revivida por una congresista, quien propone añadir otros municipios como El Peñón, San Martín de Loba, Barranco de Loba, Hatillo de Loba, Altos del Rosario, Norosí, Regidor, Tiquisio y Río Viejo, con Aguachica como capital. ¿Es realmente necesario fragmentar lo que debe permanecer unido? En medio del conflicto y la disputa territorial que se vive en el sur de Bolívar, la respuesta es clara. La unidad no es solo un ideal abstracto; es una necesidad urgente para asegurar una gobernanza territorial eficaz. Separar estos municipios, muchos de los cuales carecen de una identidad sociológica compartida con la supuesta nueva entidad territorial, es un error que solo agravaría las tensiones existentes. No se puede ignorar, además, el trabajo realizado en los últimos años para mejorar la calidad de vida en el sur de Bolívar. Las inversiones del departamento en estas comunidades son prueba de un compromiso que no debe ser subestimado por discursos separatistas que, en el fondo, parecen más impulsados por intereses electorales y populistas que por un genuino interés en el bienestar de la población. El Plan de Desarrollo “Bolívar me Enamora”, presentado por el gobernador Yamil Arana, es una hoja de ruta seria que busca conectar el departamento de norte a sur, no solo a través de infraestructura, sino también mediante inversiones sociales clave para reducir la pobreza. Esta propuesta es no solo lógica, sino necesaria, y cualquier intento de fragmentación sería un retroceso en los avances logrados hasta ahora.Es crucial entender que la creación de un nuevo departamento no es simplemente una cuestión administrativa; es un movimiento con profundas implicaciones políticas y sociales. La idea de separar municipios bajo el pretexto de una supuesta mejor administración territorial es, en realidad, un juego peligroso que oculta fines electoralistas. Es una maniobra diseñada para desviar la atención de la falta de resultados del gobierno nacional, utilizando como peones a las comunidades más vulnerables. Será que los problemas de la Colombia profunda se resuelven creando más entes territoriales y más burocracia ¿No sería mejor invitar al presidente Petro a que mire hacia los municipios del sur e invierta en ellos los recursos que por incompetencia de su gobierno aun no se han podido ejecutar? Proteger la integridad territorial del departamento es una responsabilidad que recae sobre todos nosotros. No podemos permitir que los afanes electorales pongan en riesgo la institucionalidad y estabilidad de nuestro departamento. Es hora de unir fuerzas y rechazar cualquier intento de dividir lo que debe permanecer unido. Por: Alonso del Río Jiménez – Admon de empresas con especialización y maestría en gestión de proyectos.

En un lugar del Caribe, donde la alegría convive con el desengaño, un tipo corriente se quedó sin casa y sin negocios. No fueron los ladrones; él tampoco lo era, tampoco fue el huracán. Aún así, el fruto de décadas de sacrificio y de trabajo honesto, ya no le pertenecían. Corrió la voz en las calles que fue el Estado, quien con su maquinaria fría y distante había decidido que sus propiedades estaban condenadas a desprenderse de él. En ese momento, paradójicamente, ese hombre sintió la absurda sensación que sus bienes tenían más importancia que su propia existencia. Esta situación no es una novela de García Márquez ni de una obra de Kafka. Es una realidad que viven muchos ciudadanos en Colombia, debido a una figura jurídica tan misteriosa como implacable denominada: extinción de dominio. A ella no le interesa saber si el ciudadano es inocente o culpable, si lo hizo o no, no espera una condena porque simplemente no la necesita, avanza a su ritmo, le gusta la calma; por eso anda despacio, no conoce el tiempo y muchas veces duerme el sueño de los justos. Por su parte, el afectado sufre lentamente una tortura que carcome su entorno familiar, social y laboral. Desde el primer momento se angustia con el desalojo de su hogar, con el despojo de sus negocios, y no siendo suficiente, sin haber sido vencido en juicio, enfrenta la venta temprana de los bienes cuestionados. Por eso cada dia que pasa es uno menos para que un juez moderno sentencie el destino de esas propiedades. Ella fue, ella es y ella será una acción descomunal con amplias facultades para aniquilar el patrimonio de los ciudadanos, no obstante, el espíritu de esta norma obedece a la necesidad del Estado a traves de la Fiscalia General de la Nación de combatir las estructuras patrimoniales de organizaciones delictivas, de personas que con sus actividades ilegales degradan el tejido social y la moralidad pública, incentivando la comisión de actividades contrarias a la ley para acrecentar el patrimonio, situación que es del todo reprochable en nuestro Estado Social y Democrático de Derecho. Nuestro código de extinción de dominio cumplió 10 años de haber entrado en vigencia. Colombia es pionera en unificar el procedimiento extintivo en un cuerpo normativo que es ejemplo para latinoamerica, sin embargo, el desarrollo jurisprudencial y la práctica judicial han denotado un sinnúmero de aspectos controversiales que deben ser revisados por el legislador, en aras de proteger los derechos fundamentales de los afectados y que permita evitar un colapso en el tráfico mercantil de bienes en el territorio nacional. Así como aquel hombre de nuestra historia que perdió sus propiedades, cualquier ciudadano puede ser afectado por la extinción de dominio. Por eso, la prevención es la mejor defensa patrimonial existente. Los comerciantes, empresarios y la comunidad en general, deben mirar de cerca el impacto de esta acción y entender cómo opera para evitar la pérdida sin compensación de su patrimonio. MARCO BUITRAGO DE LA TORRE, AbogadoExtinción de dominio – Defensa Patrimonial