El megaproyecto de “Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique” está dando pasos hacia adelante, a pesar de algunas críticas y demoras en el proceso de obtención de la licencia ambiental. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ha confirmado la necesidad de un estudio de impacto ambiental, con el objetivo de asegurar que el plan hidrosedimentológico esté actualizado y sea efectivo para la realidad actual de la región. El proyecto, que representa una inversión superior a 3 billones, incluye la construcción de sistemas de esclusas y compuertas, con el fin de mitigar inundaciones, reducir sedimentos en la bahía de Cartagena y mejorar la navegabilidad del canal. Este esfuerzo beneficiará a las comunidades de Bolívar, Atlántico y Sucre, con la reciente emisión de los términos de referencia por parte de la ANLA, el concesionario avanza en la elaboración de los estudios necesarios para continuar el proceso. Aunque existen preocupaciones sobre posibles retrasos, la Contraloría ha subrayado la importancia estratégica del proyecto y la necesidad de seguir adelante, se espera que este megaproyecto aporte a la recuperación de ecosistemas y al bienestar de las poblaciones ribereñas.

El pasado 2 de noviembre, se llevó a cabo la demolición de la torre Aquarela, ubicada cerca del Castillo San Felipe, esta decisión fue tomada por el Distrito ante el riesgo que el proyecto representaba para el estatus de la ciudad como Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad, reconocimiento otorgado por la Unesco hace 40 años. Sin embargo, tras el derrumbe, la incertidumbre persiste para los compradores de los apartamentos de Aquarela, quienes invirtieron sus recursos en lo que prometía ser su hogar, y ahora, esperan que el Distrito de Cartagena les ofrezca una solución clara sobre cómo y cuándo recibirán una compensación por la pérdida de su inversión. Ante esto, el agente interventor del proyecto, Ángel Rodríguez Sánchez, dio a conocer los pasos a seguir para atender a las víctimas, según explicó, el proceso iniciará con un levantamiento topográfico que permitirá identificar y demarcar los lotes que están a nombre de la promotora del proyecto. “Vamos a hacer el levantamiento topográfico para poder demarcar hasta dónde está cada uno de los lotes que está a nombre de la promotora, para ver si eso ya se puede enajenar. Pero, los que están a nombre de la fiducia o el encargo fiduciario Aquarela, tocará liquidar el patrimonio autónomo que en este caso es Aquarela y, en ese orden de ideas, que la fiducia le dé lo que le corresponde a la constructora y así poder enajenarlo para comenzar la reparación de víctimas”, indicó Rodríguez Sánchez. El objetivo de este proceso es que, una vez se identifiquen y enajenen los bienes, los recursos obtenidos se destinen a la compensación económica de los afectados. Sin embargo, el proceso podría extenderse durante varios meses, dependiendo de la complejidad de la liquidación del patrimonio autónomo y de la disponibilidad de los recursos. Las víctimas del proyecto han exigido transparencia y celeridad en el proceso de reparación, dado que muchos de ellos han visto comprometidos sus ahorros de toda la vida, mientras tanto, las autoridades locales estan al pendiente de garantizar que los derechos de los afectados sean protegidos y que se realice una distribución justa de los recursos.