El Festival de Cine de Cartagena (FICCI) continúa su iniciativa de «Cine en los Barrios» con el objetivo de democratizar el séptimo arte y acercar el cine a las comunidades de Cartagena. Este año, «Cine en los Barrios» tendrá una novedad: se entregará un premio para reconocer a las películas que participen en esta selección. La inauguración de «Cine en los Barrios» se realizará el 31 de marzo, un día antes del inicio del festival. La directora del FICCI, Margarita Díaz, destacó que la selección de películas será evaluada por un jurado integrado por personas de la comunidad, habitantes de los barrios que participan en la iniciativa. «Cine en los Barrios» estará presente en más de 10 barrios de Cartagena, incluyendo Zaragocilla, San Fernando, La María, Pozon, Olaya, Líbano, San José de los Campanos y Loma Fresca, así como en Tierra Bomba, Palenque y en el municipio del Carmen de Bolívar. Es importante destacar que todos los eventos del festival, incluyendo «Cine en los Barrios», son gratuitos para que el público de Cartagena, el Caribe y el país puedan asistir sin ningún costo.

El reconocido restaurante Café del Mar fue desalojado el pasado 2 de septiembre en el Baluarte de Santo Domingo por incumplir el contrato. La Alcaldía de Cartagena, a través de la Gerencia de Espacio Público, restituyó parte del espacio público ocupado por el establecimiento. Esta sentencia exigió la liquidación del contrato de arrendamiento que la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar) mantenía con el establecimiento, debido a que se consideró que vulneraba los derechos colectivos al uso del espacio público y al respeto por el patrimonio cultural. La misma que, determinó que los derechos al disfrute del espacio público estaban siendo violados y que el canon de arrendamiento pagado por Café del Mar estaba muy por debajo del valor real. Se estimaba que este debía ser alrededor de $150 millones mensuales, dada la ubicación privilegiada del baluarte.  A estas, Café del mar realizó un último intento, interpuso un recurso de reposición contra esta decisión, argumentando “una evidente falta de soporte jurídico y afirmaciones netamente subjetivas y carentes de sustento jurídico”, por lo que el Tribunal no tenía la competencia para ordenar el desalojo, ya que esta acción debía ser tomada por el Consejo de Estado, que la Alta Corte solo había dispuesto la liquidación del contrato. No obstante, el magistrado Villalobos respondió el 18 de octubre, afirmando que el desalojo era una consecuencia directa de la terminación del contrato de arrendamiento; y constituye además la finalidad de la orden judicial.