Colombia se enfrenta a un problema que agrava la actual y compleja situación del país: el aumento de los cultivos de cocaína. Aunque la producción de esta droga ha incrementado significativamente, los cambios internos y externos en la industria mundial de las drogas han devastado a muchos colombianos pobres cuyo sustento depende de la cocaína. En Caño Cabra, una pequeña comunidad en el corazón del país, este impacto es más que evidente. Durante décadas, la cocaína ha sido la principal fuente de ingresos, con aldeanos que se levantan temprano para cosechar hojas de coca, hasta que les sangran las manos, y las mezclan con gasolina y otros químicos para producir ladrillos de pasta de coca.

Hace dos años, los narcotraficantes que compraban esta pasta dejaron de llegar, sumiendo a la comunidad en una crisis. La falta de ingresos llevó a una escasez de alimentos y a la drástica reducción de la población de 200 a solo 40 habitantes. Este patrón se ha repetido en numerosas comunidades de Colombia, donde la coca es la única fuente de sustento. La dinámica cambiante de la industria ha llevado a la acumulación de pasta de coca en todo el país, con la compra de esta pasta desplomándose o desapareciendo en más de la mitad de las regiones productoras.

Estos cambios drásticos son una consecuencia imprevista del tratado de paz firmado hace ocho años con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Este acuerdo puso fin a una fase del conflicto armado que ha durado décadas, pero también desestabilizó la industria de la cocaína, que en gran parte financiaba la guerra del grupo armado. Con la salida de las FARC, grupos delictivos más pequeños han tomado el control, adoptando nuevos modelos económicos y limitando sus operaciones a regiones fronterizas para facilitar el tráfico de drogas.

A pesar de la competencia de otros países y la adopción de nuevas técnicas de cultivo, como el uso de fertilizantes avanzados, la industria de la cocaína sigue siendo una fuente vital de ingresos para muchas comunidades rurales en Colombia.

Lugares como Caño Cabra, sin presencia del gobierno, electricidad, agua potable o escuelas, dependen completamente de esta economía ilícita. «Le hace daño a la humanidad y estamos conscientes de eso», afirma Jefferson Parrado, presidente del consejo regional, «pero para nosotros, significa salud, educación y el sustento de las familias en las regiones».