Por: Alexandra Santos
El papa Francisco aceptó la renuncia del arzobispo australiano, Philip Wilson, el funcionario católico de mayor rango que ha sido condenado por encubrimiento de abuso sexual.
Wilson, de 67 años, fue declarado culpable en mayo del 2017 por ocultar el abuso de monaguillos alrededor de la década de 1970 por el sacerdote pedófilo James Fletcher, quien a su vez fue condenado por nueve abusos sexuales en 2004, y murió en la cárcel dos años más tarde.
«El Santo Padre aceptó la renuncia del gobierno pastoral de la arquidiócesis de Adelaida (Australia) presentada por monseñor Philip Edward Wilson», reza este lunes la nota divulgada por el Vaticano.
Asimismo, el papa Francisco adoptó la línea de tolerancia cero contra la pedofilia en la Iglesia, tras una serie de escándalos que han afectado su papado.
SENTENCIA
El magistrado Robert Stone, frente a un tribunal lleno en Newcastle, Nueva Gales del Sur, condenó a Wilson a 12 meses de prisión. Sin embargo, debido a su condición física, Stone otorgó a Wilson seis meses de detención en el hogar, seguido de seis meses de libertad condicional. La razón de su sentencia se dio dada por «la criminalidad de la ocultación» y al reconocimiento del «daño causado a la comunidad».
Testigos del juicio afirmaron que Wilson no dijo nada al abandonar la corte, haciendo caso omiso de las reiteradas preguntas sobre si se disculparía con las víctimas.
El magistrado señala que ahora habrá «mucha protesta pública» con respecto al encubrimiento de abuso infantil en la Iglesia católica y otros grupos religiosos.
LA VOZ DE LAS VÍCTIMAS
Los participantes de la corte y las víctimas de Fletcher, murmuraron su frustración porque el arzobispo Wilson no fue enviado a prisión.
De igual manera, Peter Gogarty, víctima de Wilson, afirmó que está “decepcionado de que no se tratara de una sentencia de prisión preventiva». Pidió que se reevaluara la sentencia de detención domiciliaria y termine tras las rejas.
Asociaciones de víctimas exigen que el papa Francisco pase de las palabras de condena y la creación de comisiones sobre el problema, a la ejecución de una política antiabuso más contundente, que garantice justicia y prevenga los abusos.
