El Edificio #Andian, inaugurado en diciembre de 1929, marcó un antes y un después en el Centro Histórico de #Cartagena. Fue el primer edificio de la ciudad construido con estructuras metálicas y hormigón armado, y el primero en tener un ascensor, instalado por la famosa empresa #OTIS. Aunque fue considerado un símbolo de modernidad, también generó controversia por su impacto en la arquitectura colonial de la ciudad. Antes de su construcción, el terreno albergaba la Casa de la Isla, una casona histórica que no colindaba con otras y daba a la plaza de la Aduana y varias calles importantes. En 1922, la Andian National Corporation compró esta propiedad para construir su sede regional. La demolición de la Casa de la Isla en 1923 dejó un vacío que fue utilizado como depósito de materiales, hasta que años después, en 1928, comenzó la construcción del edificio. Inspirado en la “Escuela de Chicago”, el diseño del Edificio Andian buscaba reflejar el progreso de una Cartagena en crecimiento. Sin embargo, su construcción rompió con el estilo colonial de la ciudad, lo que generó críticas. Muchos vieron el edificio como un avance necesario, mientras que otros lo consideraron una intrusión en la belleza histórica de Cartagena. La falta de regulaciones permitió que el edificio se levantara sin restricciones, cambiando para siempre el paisaje urbano. La historia del edificio también tiene un lado misterioso. En 1939, Luis Wong, un empleado del gerente de la Andian, fue encontrado muerto frente al edificio en circunstancias extrañas. Este hecho sumó aún más intriga al legado del Edificio Andian, que sigue siendo recordado como un símbolo de modernidad, pero también como una construcción que dividió opiniones en Cartagena. Fuente: a Capella Cartagena Fotos a quien le corresponda.

El Canal del Dique ha sido identificado como un proyecto crucial para mitigar las inundaciones en los departamentos del Atlántico y Bolívar, y para reducir los sedimentos que afectan tanto la Bahía de Cartagena como el Parque Natural Islas del Rosario. Estos objetivos son fundamentales no solo para la conservación del medio ambiente, sino también para mejorar la calidad de vida de las comunidades locales, que se enfrentan a un riesgo creciente de desbordamientos. No obstante, la reciente decisión del Ministerio de Ambiente de requerir una licencia ambiental ha generado preocupación. Este requerimiento implica costos adicionales para el Gobierno Nacional y podría retrasar el inicio de las obras, originalmente programadas para enero de 2025, hasta 2027. Dichos retrasos ponen en peligro la seguridad de las comunidades que dependen de la pronta ejecución de estas medidas para protegerse de las inundaciones. Intergremial Atlántico y el Consejo Gremial de Bolívar han colaborado para priorizar el proyecto del Canal del Dique como una necesidad clave. Por ello, instan con urgencia al Ministerio de Medio Ambiente y a la ANLA a acelerar los trámites correspondientes. La protección de las comunidades vulnerables de la región demanda atención inmediata, y la acción coordinada es crucial para garantizar su bienestar y seguridad.

En una medida preventiva y disciplinaria, el personero municipal de Turbaco, Iván Roca Álvarez, ordenó la suspensión provisional por tres meses del Inspector Cuarto de Policía, Alexander Polo Calle, por presuntas irregularidades en la expedición de amparos policivos relacionados con bienes inmuebles. La Personería identificó posibles conductas disciplinarias como omisiones en el ejercicio de funciones, incumplimiento de deberes, extralimitación de competencias y favorecimiento indebido de intereses particulares. Estas acciones contravienen los principios de legalidad, imparcialidad y transparencia que deben regir la función pública. El proceso disciplinario se abrió formalmente el pasado 15 de julio. La suspensión busca garantizar el desarrollo independiente de la investigación y prevenir cualquier intento de obstrucción o interferencia. El inspector Polo Calle fue notificado y tendrá la oportunidad de presentar sus descargos durante la etapa procesal. El Ministerio Público continuará con la recolección de pruebas durante el período de suspensión, al cabo del cual se determinarán las responsabilidades a que haya lugar. Este caso subraya la necesidad de que los servidores públicos actúen conforme a la ley, especialmente en decisiones que afectan el uso y posesión de bienes inmuebles, y refuerza el control institucional sobre el uso legítimo de los amparos policivos.