Un juzgado de Bogotá ordenó al congresista cartagenero, Miguel Polo Polo, a pedir disculpas de forma pública a las madres de las víctimas de los casos de «falsos positivos». Esto, luego de que Daniel David Martínez y Francisco Mantero establecieran una acción de tutela, que terminó fallando en su contra. Cabe recordar que el pasado 6 de noviembre, durante una manifestación en Bogotá, el cartagenero arrojó una obra artística titulada: ‘Mujeres con las botas bien puestas’, la cual representaba las víctimas de ejecuciones judiciales. Por lo que, según indica la medida, Polo habría vulnerado los derechos fundamentales al buen nombre, a la honra, la dignidad humana y a la verdad judicial e histórica, entre otros. Asimismo, a través de un video en una de sus cuentas, el miembro a la Cámara de Representantes manifestó que las madres de las víctimas fueron pagadas para «ensuciar la plaza».

El reconocido restaurante Café del Mar fue desalojado el pasado 2 de septiembre en el Baluarte de Santo Domingo por incumplir el contrato. La Alcaldía de Cartagena, a través de la Gerencia de Espacio Público, restituyó parte del espacio público ocupado por el establecimiento. Esta sentencia exigió la liquidación del contrato de arrendamiento que la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar) mantenía con el establecimiento, debido a que se consideró que vulneraba los derechos colectivos al uso del espacio público y al respeto por el patrimonio cultural. La misma que, determinó que los derechos al disfrute del espacio público estaban siendo violados y que el canon de arrendamiento pagado por Café del Mar estaba muy por debajo del valor real. Se estimaba que este debía ser alrededor de $150 millones mensuales, dada la ubicación privilegiada del baluarte.  A estas, Café del mar realizó un último intento, interpuso un recurso de reposición contra esta decisión, argumentando “una evidente falta de soporte jurídico y afirmaciones netamente subjetivas y carentes de sustento jurídico”, por lo que el Tribunal no tenía la competencia para ordenar el desalojo, ya que esta acción debía ser tomada por el Consejo de Estado, que la Alta Corte solo había dispuesto la liquidación del contrato. No obstante, el magistrado Villalobos respondió el 18 de octubre, afirmando que el desalojo era una consecuencia directa de la terminación del contrato de arrendamiento; y constituye además la finalidad de la orden judicial.