El presidente de Argentina, Javier Milei, se pronunció acerca de cómo quedará el Salario Mínimo para su país a puertas del 2025. En el pronunciamiento, su Gobierno aseguró a que el SMVM es «conceptualmente un error», debido a que «si hay personas dispuestas a trabajar por menos el esquema no permite contratarlos». Por ello, se fijó un salario mínimo con aumentos escalonados desde este mismo diciembre, hasta marzo del próximo año; la desición se toma una vez no se llegara a acuerdos entre los gremios de los empresarios y los sindicatos. En esa línea, los aumentos irían de la siguiente forma: a partir del 1 de diciembre se establece en 279.718 (279 dólares); desde enero del 2025, será de 286. 711 (unos 286 dólares); en febrero aumentará a 292.446 (292 dólares) y en marzo, quedará en 296. 832 pesos (296 dólares). Los aumentos quedan distribuidos en términos porcentuales de la siguiente forma: diciembre (3%), enero (2,5%), febrero (2%) y (1,5%) mensual. Esto representa un 166% llegado a noveno mes del año. La decisión fue comunicada por el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en donde indica que el SMVM fue fijado por un «número razonable». Por último, el funcionario mandó un mensaje a todos los opositores de la medida con lo siguiente: “esperemos que cuando Argentina sea completamente normal, conceptualmente, el SMVM deje de existir”, concluyó Adorni.

La Contraloría General de la República ha emitido una alerta sobre el riesgo de una posible terminación anticipada del contrato de concesión para la restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique. Esta situación podría acarrear graves consecuencias económicas y ambientales para la región y el país. El contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra señaló que finalizar anticipadamente este contrato implicaría un pago de hasta $350.000 millones al concesionario, sin que se hayan logrado avances significativos en la restauración ambiental prevista. Hasta el momento, solo se han realizado obras menores de mejoramiento vial y algunos dragados de mantenimiento en el canal. Además, la terminación del contrato dejaría sin solución problemas ambientales que afectan a aproximadamente 1,5 millones de personas en los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre. Estos problemas incluyen bajo nivel de navegabilidad, inundaciones en épocas de invierno, desabastecimiento de agua en temporadas de sequía y excesiva sedimentación La Contraloría también advirtió que nuevos requisitos, como la exigencia de una licencia ambiental por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la implementación de un protocolo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para la recuperación de posibles víctimas en el canal y la realización de consultas previas adicionales con nuevas comunidades, podrían retrasar aún más el proyecto. Ante este panorama, el contralor instó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a gestionar adecuadamente estos riesgos para evitar la terminación anticipada del contrato y proteger los intereses públicos y ambientales de la región. La restauración del Canal del Dique es considerada un proyecto de importancia estratégica para la nación, con una inversión estimada de $3,26 billones, destinada a mejorar la calidad de vida de las comunidades afectadas y preservar ecosistemas clave en la región Caribe.

Los residentes del barrio La Sierrita han expresado su profunda indignación por el reciente aumento desmesurado en sus tarifas eléctricas, tras la instalación de nuevos transformadores y el reemplazo de postes, cableados y medidores. Los recibos de electricidad han triplicado su valor habitual , con algunas facturas alcanzando hasta un millón de pesos, a pesar de que el consumo registrado abarca solo 17 días. Gladys Gómez, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio, explicó la situación: “Somos de un estrato bajo que vive del día a día, y no tenemos los ingresos para enfrentar recibos tan elevados. Nos han citado a tres reuniones y nos aseguraron que las tarifas no serían afectadas, pero las facturas que hemos recibido son completamente desproporcionadas”. Debido a la magnitud del aumento, los residentes no han permitido la finalización de la intervención del prestador de servicio hasta que se resuelvan las reclamaciones y se ajuste la tarifa a un nivel razonable. El barrio La Sierrita se une a otras áreas del distrito, como Olaya, sector Ricaurte y Policarpa, que también han solicitado atención urgente debido a problemas similares relacionados con el suministro eléctrico. Mientras tanto, la empresa de servicios públicos ha confirmado que continuará con su plan de inversiones.