La Alcaldía de Cartagena a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), ha implementado una reestructuración en las rutas de transporte público colectivo que cubren las rutas Arroyo de Piedra- Cartagena -Arroyo de Piedra y Arroyo Grande – Cartagena – Arroyo Grande operadas por la empresa Renaciente. El nuevo recorrido tiene un trayecto Arroyo Grande y toma por la Vía al Mar hacia Avenida Santander, pasando por Arroyo de Las Canoas y Arroyo de Piedra, llega a Cartagena, y por la Avenida Pedro de Heredia y Transversal 54 conecta con La Cordialidad con destino a Bayunca, Pontezuela para finalizar en Arroyo Grande. La ruta anterior tomaba desde Arroyo Grande por Pontezuela, Bayunca hacia la Cordialidad para llegar a Cartagena y viceversa. Esta modificación reducirá el tiempo de desplazamiento a aproximadamente 1 hora y 20 minutos, una mejora significativa respecto a la ruta anterior. Para implementar estos cambios, el DATT, en colaboración con Renaciente, realizó un estudio técnico que también reveló la necesidad de agregar 9 vehículos a la flota de buses para asegurar la calidad del servicio.

Tres exfuncionarios de la Alcaldía Mayor de Cartagena han allanado su responsabilidad en el caso de peculado por apropiación. Los implicados son Jorge Carrillo Padrón, ex jefe de la oficina jurídica de la alcaldía, y los abogados contratistas Jorge Blell Cervantes y Ana Alicia Martelo del Río. La investigación les atribuye la pérdida de 24 mil millones de pesos que presuntamente fueron desviados a manos privadas. Los exfuncionarios, quienes ingresaron a la administración distrital en 2018 durante el breve mandato de Antonio Quinto Guerra, permanecieron en sus cargos bajo la administración de Yolanda Wong y fueron mantenidos por Pedrito Pereira como cuotas inamovibles de una casa política de la ciudad. Según la Fiscalía, Blell y Martelo habrían utilizado títulos de depósito judicial, emitidos por el Banco Agrario, para desviar los recursos del distrito, actuando bajo la falsa premisa de representar legalmente al gobierno local. El dinero desviado nunca se registró en el fondo destinado a títulos judiciales de la Fiduprevisora, como era requerido. La Fiscalía ha solicitado que se imponga una medida de aseguramiento intramural para Carrillo y Martelo, quienes se encuentran en el proceso de audiencia. Los delitos en cuestión ocurrieron entre 2018 y 2019, y se sospecha que los acusados aprovecharon sus posiciones para desviar sumas millonarias destinadas al bienestar público.