La Iglesia de San Pedro Claver, ubicada en la Plaza de San Pedro Claver, uno de los monumentos históricos y arquitectónicos más importantes de Cartagena. Construida a principios del siglo XVIII, testigo de múltiples cambios a lo largo de su historia. Fue conocida como la iglesia de San Ignacio de Loyola y posteriormente como la iglesia de San Juan de Dios. Enfrentó numerosas vicisitudes tras la expulsión de los jesuitas ordenada por el rey Carlos III en 1767 y nuevamente en los años de 1850 y 1861, en los primeros años de la época republicana en Colombia. En este período, el templo sirvió como parque para el cuartel adyacente, quien ocupó parte del antiguo colegio. Su arquitectura es un reflejo del estilo jesuítico, su enfoque en la predicación. Su fachada fue tallada en piedra de la isla de Tierra bomba, lo que le otorga un aspecto único. En su interior el altar mayor de mármol, importado de Italia por el obispo Eugenio Biffi, alberga las reliquias de San Pedro Claver en una urna de bronce dorado y cristal, donada por el Papa León XIII. Sufrió una transformación significativa cuando la cúpula original, conocida como la típica «media naranja», fue reemplazada por la actual, diseñada por el arquitecto francés Gaston Lelarge. Lo que marcó una diferencia estilística notable en comparación con otras iglesias barrocas de la época, según el experto Germán Téllez, quien describió el templo como «una mezcla abigarrada de orígenes estilísticos» Cuenta con un segundo piso situado sobre las capillas, interconectadas por arcos de medio punto y cubiertas por bóvedas de arista. Los restos de San Pedro Claver, quien dedicó su vida a evangelizar y redimir a los esclavos negros en la Nueva Granada, descansan en el altar de la iglesia. El interior se caracteriza por la sobriedad y severidad de sus elementos arquitectónicos, en contraste con la exuberancia barroca común en otras construcciones de la orden. La fachada de la iglesia es considerada una de las más ricas y monumentales de Cartagena.

El pasado 2 de noviembre, se llevó a cabo la demolición de la torre Aquarela, ubicada cerca del Castillo San Felipe, esta decisión fue tomada por el Distrito ante el riesgo que el proyecto representaba para el estatus de la ciudad como Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad, reconocimiento otorgado por la Unesco hace 40 años. Sin embargo, tras el derrumbe, la incertidumbre persiste para los compradores de los apartamentos de Aquarela, quienes invirtieron sus recursos en lo que prometía ser su hogar, y ahora, esperan que el Distrito de Cartagena les ofrezca una solución clara sobre cómo y cuándo recibirán una compensación por la pérdida de su inversión. Ante esto, el agente interventor del proyecto, Ángel Rodríguez Sánchez, dio a conocer los pasos a seguir para atender a las víctimas, según explicó, el proceso iniciará con un levantamiento topográfico que permitirá identificar y demarcar los lotes que están a nombre de la promotora del proyecto. “Vamos a hacer el levantamiento topográfico para poder demarcar hasta dónde está cada uno de los lotes que está a nombre de la promotora, para ver si eso ya se puede enajenar. Pero, los que están a nombre de la fiducia o el encargo fiduciario Aquarela, tocará liquidar el patrimonio autónomo que en este caso es Aquarela y, en ese orden de ideas, que la fiducia le dé lo que le corresponde a la constructora y así poder enajenarlo para comenzar la reparación de víctimas”, indicó Rodríguez Sánchez. El objetivo de este proceso es que, una vez se identifiquen y enajenen los bienes, los recursos obtenidos se destinen a la compensación económica de los afectados. Sin embargo, el proceso podría extenderse durante varios meses, dependiendo de la complejidad de la liquidación del patrimonio autónomo y de la disponibilidad de los recursos. Las víctimas del proyecto han exigido transparencia y celeridad en el proceso de reparación, dado que muchos de ellos han visto comprometidos sus ahorros de toda la vida, mientras tanto, las autoridades locales estan al pendiente de garantizar que los derechos de los afectados sean protegidos y que se realice una distribución justa de los recursos.