Caen siete integrantes de una banda dedicada al tráfico de estupefacientes

El más reciente informe de la Fiscalía General de la Nación, detalló que un fiscal de la Seccional Bolívar judicializó a siete personas, puesto que estarían presuntamente comprometidas en el comercio de estupefacientes en Cartagena.

De acuerdo con el informe oficial de la Fiscalía, los capturados están identificados como:

Linfer Enrique Lorduy Castillo, alias Luifer o Calvo; Darío Antonio Cabeza Bobb, alias Cabeza; Silfredo Eliécer Baltan Ocoro, alias Silfredo; Randys Ríos Barrios, alias Randy.

Al igual que Pedro Enrique León Cueto, alias Pedro; Lorenza del Carmen Cuadrado Ruíz, alias Lorenza y Esteban Enrique de Arco Pérez, alias Esteban.

La investigación

Los hechos investigados se relacionan con la distribución de drogas al menudeo y a domicilio en los barrios: Torices, Martínez Martelo y Camino del Medio, en la capital de Bolívar.

El informe indica que labores de la Policía Judicial evidenciaron que esta red vendía alrededor de 5.600 dosis de marihuana y 3.500 de cocaína cada semana.

«Esta actividad, al parecer, le generaba a la organización ilegal rentas ilícitas cercanas a 546 millones de pesos mensuales», aseguró la Fiscalía.

Las capturas

Asimismo, el ente acusador detalló que por medio de ocho diligencias de registro y allanamiento cumplidas el pasado 27 de octubre, la Policía Nacional adelantó las capturas de los ahora procesados.

Durante estos operativos fueron incautados más de 25 kilos de marihuana, 600 dosis de cocaína, 8 celulares, 2 grameras, coladores, trituradores y 1.200 bolsas plásticas para empacar las sustancias ilegales, para su posterior comercialización.

Elementos incautados a capturados por tráfico de estupefacientes en Cartagena
Elementos incautados a capturados por tráfico de estupefacientes en Cartagena. // Foto: Fiscalía

A los procesados les imputaron los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. No aceptaron los cargos.

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Presuntos delincuentes ofrecieron $500 mil a la policía para no ser capturados

En un operativo de rutina realizado por la Policía sobre la Troncal de Occidente, fueron capturados dos hombres conocidos como alias ‘Vikingo’ y alias ‘El Fino’. Ambos caminaban por la vía cuando los uniformados, con su experiencia, decidieron detenerlos para una revisión, lo que los llevó a un hallazgo inesperado. Durante el registro, se descubrió que alias ‘El Fino’ llevaba un arma de fuego, 12 cartuchos calibre 9mm, y un cargador de fusil con 35 cartuchos calibre 5.56. Al verse en problemas, este hombre de 36 años intentó sobornar a los policías ofreciéndoles 500 mil pesos para que lo dejaran ir, pero la integridad de los agentes prevaleció y no aceptaron el dinero. Las investigaciones posteriores revelaron que alias ‘El Fino’ tiene un largo historial delictivo con 18 anotaciones judiciales. Desde que tenía 18 años, este sujeto se ha dedicado a actividades criminales, empezando con el robo de motocicletas en Sincelejo, su ciudad natal. Alias ‘Vikingo’, de 20 años, también fue detenido junto a él. Los dos hombres, junto con las armas y el dinero ofrecido en el intento de soborno, fueron entregados a la Fiscalía General de la Nación. Ahora, están a la espera de que un juez decida su futuro por los delitos de porte ilegal de armas y cohecho. Este operativo resalta la importancia de la vigilancia constante de la Policía y la firmeza de sus agentes para mantener la seguridad en la región.

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Menores de edad y abuelitos podrán hacer más rápido el trámite de pasaportes

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Cuando la verdad se parte en dos y cada orilla reclama su victoria

El próximo 28 de julio Colombia vivirá un momento sin precedentes: se conocerá el veredicto en el juicio penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por soborno de testigos y fraude procesal. Independientemente de si resulta absuelto o condenado, será un acontecimiento histórico. Ningún exmandatario colombiano reciente había llegado a esta instancia; de hecho, la última vez que un tribunal decidió la suerte de un exgobernante fue en 1959 (el juicio al general Gustavo Rojas Pinilla). Desde entonces, ningún presidente colombiano ha sido condenado o encarcelado, a diferencia de otros países latinoamericanos. Por eso, el fallo contra Uribe marca un hito para la justicia colombiana y una prueba de fuego para sus instituciones democráticas. El origen del proceso se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. Cepeda había acusado a Uribe de tener vínculos con el paramilitarismo, pero en un giro inesperado la Corte Suprema no sólo archivó la causa contra Cepeda, sino que abrió investigación contra el propio Uribe por los mismos hechos. La acusación central: que emisarios de Uribe habrían intentado sobornar a exparamilitares encarcelados para que retractaran testimonios sobre los presuntos nexos de Uribe con grupos armados ilegales. En particular, el testigo Juan Guillermo Monsalve, exmiembro de las AUC e hijo del mayordomo de una hacienda de la familia Uribe, asegura que en esa finca (Guacharacas) se fundó en los 90 el Bloque Metro paramilitar. Según la fiscalía, el abogado de Uribe –Diego Cadena– habrían ofrecido pagos o beneficios a Monsalve para firmar una carta de retractación. De hecho, Cadena admitió haber entregado dinero a otro exparamilitar (Carlos Enrique Vélez), aunque lo calificó de “ayuda humanitaria” y niega que fuera un soborno. La defensa sostiene que Uribe nunca ordenó esos acercamientos y que fue “víctima de un entrampamiento” orquestado por Cepeda. Sin embargo, las pruebas recopiladas incluyen interceptaciones telefónicas y mensajes que muestran al abogado Cadena informando a Uribe de sus gestiones con los testigos. La propia Corte Suprema halló evidencias (chats, grabaciones) de conversaciones sobre pagos a cambio de favores testimoniales. Uribe lo niega rotundamente y ha insistido en que el proceso tiene motivaciones políticas. El caso avanzó lentamente durante años. En agosto de 2020, la Corte Suprema sorprendió al ordenar la detención domiciliaria de Uribe (por 67 días) mientras era indagado. Uribe renunció entonces a su escaño de senador, maniobra que trasladó el expediente a la justicia ordinaria y le permitió recuperar la libertad. Sus abogados solicitaron dos veces archivar el caso cuando la Fiscalía, bajo un fiscal allegado al gobierno anterior, opinó que no había mérito para acusar. No obstante, jueces de primera instancia y el Tribunal de Bogotá negaron esas pretensiones, y finalmente en 2024 una fiscal elevó acusación formal, dando inicio al juicio. El próximo lunes, tras más de 13 años de litigio, decenas de testimonios (37 de la acusación y 70 de la defensa) y múltiples dilaciones, la jueza 44 penal de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, emitirá la decisión. Sea cual sea el sentido del fallo, el impacto será profundo y duradero. Un veredicto condenatorio convertiría a Uribe en el primer expresidente colombiano condenado penalmente. Sería visto por muchos como un triunfo institucional frente a la impunidad histórica que ha rodeado casos de violaciones de derechos humanos y alianzas con paramilitares durante el conflicto armado de nuestro país. En cambio, una absolución significaría que no se alcanzó el umbral de prueba para condenar, pero difícilmente pondrá fin a la polarización: la izquierda denunciaría impunidad y renovaría llamados a reformar a fondo la justicia, mientras la derecha celebraría reivindicación y acusaría al proceso de haber sido una persecución infundada. En un país tan dividido, ambas orillas podrían usar el desenlace para atacar al poder judicial: ya sea acusándolo de politizado si es culpable, o de ineficaz si es inocente.

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Bailarina quemada en Andrés Carne de Res lucha contra un hongo en la sangre: su familia interpuso tutela

El abogado de Laura Daniela Villamil, la joven bailarina que sufrió un grave accidente con fuego durante un espectáculo en vivo en el restaurante Andrés Carne de Res, ha presentado una acción de tutela contra el establecimiento. La medida se toma ante la negativa del restaurante a entregar documentos necesarios para una eventual demanda. Esta información es crucial para esclarecer las circunstancias del accidente y garantizar los derechos de Laura. El pasado 11 de septiembre, el abogado de Villamil solicitó, mediante un derecho de petición, un total de 10 folios y 24 peticiones para obtener información sobre el incidente. Sin embargo, el restaurante solo proporcionó una parte de los documentos solicitados, omitiendo, entre otros, una copia del contrato de la joven. Santiago Villamil, hermano de Laura, ha expresado la frustración de la familia ante la falta de cooperación del establecimiento. A pesar de que Laura ha despertado, su condición actual la imposibilita para firmar autorizaciones requeridas, lo que complica aún más el acceso a la información. La familia busca no solo respuestas sobre el accidente, sino también un reconocimiento de la responsabilidad del restaurante en este lamentable suceso.

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