Juez ordena arresto contra el exalcalde Daniel Quintero por desacato

El exalcalde Daniel Quintero recibió una sanción con arresto de tres días y un pago de 5 Salarios Mínimos Legales Mensuales tras incumplir un fallo de tutela durante su mandado en la alcandía de Medellín.

Este fallo de tutela obligaba a la Alcaldía de Medellín a reubicar a una familia asentada en una zona de alto riesgo.

«Dicha reubicación se hará de inmediato de ser el caso y/o en un lapso no mayor de cinco días hábiles siguientes al conocimiento de la decisión. Para el efecto se tendrá en cuenta el riesgo actual del lugar conforme lo hubieren precisado los expertos», decía la orden.

El documento que ordena la sanción fue del 29 de septiembre, un día antes de que Quintero renunciara como alcalde de Medellín para apoyar al candidato Juan Carlos Upegui.

No obstante, al no darse el cumpliendo de la orden de tutela, se dio apertura al trámite incidental: «Sancionar a Daniel Quintero Calle en calidad de alcalde del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín, a tres (3) días de arresto y multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos mensuales vigentes», dice el documento.

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#La Gobernación de Bolívar y la #Cámara de Comercio de Cartagena han lanzado el programa #Bolívar en Cifras, una innovadora herramienta digital que busca impulsar el desarrollo socioeconómico del departamento mediante datos estratégicos. Esta plataforma, disponible en www.cccartagena.org.co, permite a empresarios, autoridades locales y académicos acceder a información clave para tomar decisiones informadas en pro del crecimiento regional. El programa, que cuenta con la colaboración de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación y otras Cámaras de Comercio en la región, abarca los 46 municipios de Bolívar. Andrea Piña, presidenta de la Cámara de Comercio de Cartagena, subrayó la importancia de esta iniciativa al destacar que proporciona una visión integral del entorno económico, facilitando el monitoreo y análisis continuo para la adecuada planificación territorial. Stefannía García Lacouture, Jefa de Investigaciones, afirmó que la plataforma introduce por primera vez un tablero en línea que centraliza datos relevantes, brindando a los usuarios acceso rápido a indicadores esenciales. Esto permitirá un enfoque más informado para enfrentar desafíos socioeconómicos, promoviendo un Bolívar más competitivo e inclusivo en el panorama nacional.

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Por primera vez pagarán a campesinos por cuidar y conservar árboles

Atención porque por primera vez en Montería, es adjudicado un contrato de Pago por Servicios Ambientales, una figura del gobierno donde por medio de un incentivo económico en dinero o en especie, se reconoce las acciones y las prácticas asociadas a la preservación y restauración de ecosistemas, que permiten minimizar conflictos en el uso del suelo y así favorecer el mantenimiento y la generación de servicios ambientales. El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, dio a conocer la adjudicación del contrato de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) por valor de $11.000 millones, para la conservación de los árboles sembrados a través del pago de incentivos económicos a los campesinos y participantes donde se realizó la siembra. El proyecto incluye la contratación de 10 guardabosques por tres años. Se conoce que, previa verificación del buen estado de los árboles por parte de la administración y la CVS, el pago por hectárea será de $936.600 durante esta vigencia, $977.184 en 2026 y $1.016.271 en 2027, lo que genera más rentabilidad que la ganadería. El alcalde añadió que “de esta manera contribuimos en la generación de empleo e ingresos de los monterianos que antes tenían la tierra improductiva volviéndolas rentables y sostenibles a la vez. Además, con este nuevo contrato vamos a sembrar 211.000 árboles lo que nos acerca mucho más a nuestra meta del cuatrienio de 800.000 árboles”. Finalmente, Kerguelén García indicó que “a la fecha ya hemos sembrado más de 411.000 árboles en la cuenca del Betancí para contrarrestar los efectos del cambio climático, pero nuestro compromiso no llega hasta ahí porque lo fácil es la siembra, queremos ir más allá para que esta acción sea efectiva, de ahí que debemos estar pendientes que estos árboles crezcan, se consoliden y cumplan su objetivo de absorción de 1.000 toneladas de CO2 al año, 650 de los 411.000 árboles sembrados y 350 de los 211.000 nuevos árboles que se sembrarán”.

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«Queremos que el Hospital Universitario del Caribe sea el hospital más importante de Colombia»: Yamil Arana

El día de hoy, miércoles 4 de diciembre, la Gobernación de Bolívar mantuvo una reunión con emisarios de la Superintendencia de Salud en el Palacio de La Proclamación. Un encuentro que estuvo marcado por el levantamiento de la medida especial de vigilancia que tenía esta entidad sobre el Hospital Universitario del Caribe. Tras el anuncio, el gobernador departamental, Yamil Arana, señaló que, a diferencia de lo que muchos pueden pensar, esta medida “sirvió mucho” al HUC debido al acompañamiento de la SuperSalud a este recinto hospitalario, principalmente en temas administrativos como reuniones con las EPS para establecer pagos eficientes y oportunos. En esta línea, Arana añadió que el levantamiento de esta medida de vigilancia se debe al correcto manejo de los recursos y la buena aplicación de la normativa de salud que rige en Colombia, por parte del HUC.De cara al futuro, el mandatario departamental resaltó que el objetivo con este punto de salud es garantizar una salud digna y atención oportuna para personas de bajos recursos. Así como el mejoramiento de la sala de urgencias.Por último, Arana Padauí expresó que el año entrante la Gobernación de Bolívar realizará la mayor inversión en el hospital Universitario. Esto, con el objetivo de posicionarlo como el mejor de Colombia. “Queremos posicionarlo, no ya a nivel regional, porque a nivel regional somos el hospital más importante del país. Pero ahora queremos llevarlo a nivel de Colombia, a nivel de país, que sea el mejor hospital público de todo Colombia”.

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Alumbrado público en el Caribe

Por: Antonio José Correa Jiménez Los abusos que justifican un revolcón en el servicio de alumbrado público en el Caribe. La Región Caribe, tiene referencia en alumbrado público, un estado post Constitución del 91 marcado por el mercantilismo que introdujo dicha Carta Magna, en donde el mismo, paso a ser un gran negocio con lucro que se estableció en monopolios, unos funcionando bien y otros acumulando grandes riquezas a expensa, del pago de un servicio muchas veces no prestado de la mejor manera. Esto con el beneplácito, de un alcalde X que pidió facultades a su Concejo Municipal por un periodo de tiempo determinado para operar en ese municipio, todos sabemos que todo fue un muy buen negocio. Hoy vía proyecto de ley buscamos que el alumbrado público sea excluido de la tarifa de energía, donde se cobra y encarece el recibo de energía eléctrica, lo que obliga a el usuario a pagar el servicio de alumbrado en los municipios se preste o no. (Análisis de 4 Ciudades Capitales en el Caribe). El Distrito de Cartagena es administrado, y operado por EPM ESP, que tiene exoneración para el estrato 1, cobrándose en el estrato 2 -($ 1.158), en el 3- ($ 3.326), 4- ($4.811), 5- ($6.323), en el 6-($9.338). Después de vencido el 1 de julio de 2024 el periodo de EPM no sabemos qué va a pasar, por parte del administrador y de los coadministradores, Dios permita, que todo sea para bien ya que hoy es el que menos maltrata el bolsillo, y el que menos quejas tiene en el Caribe en honor a la verdad. Sincelejo, el operador del servicio es ILUMINACIONES ESPECIALIZADAS DEL NORTE S.A a través de contrato de concesión, que data del 1 de junio de 2000 y donde la actual administración no contempla su cambio. Es de destacar que la empresa ha tenido un aumento exponencial en las quejas de su operación, las cuales en 2023 casi superan las 4.980, estas están relacionadas con el mal servicio y zonas que permanecen en la oscuridad. El cobro se relaciona así en el estrato 1-($2.500), 2- ($2.500), 3- ($8.900), 4- ($21.400), 5- ($28.500) y 6-($39.200). Riohacha, desde el 3 de octubre de 2014 es operado por American Lighting por un plazo de 21 años, con un valor estimado $ 20.941.524.100, es de resaltar que en los estratos 1 y 2 no se paga alumbrado público, solo del 3 al 6, con un 5%. Lo polémico resulta en la realización del Otrosí 001 del 21 de diciembre de 2021 el cual justifica que bajo necesidad de modernización se prorrogó el contrato 9 años, quedando la concesión a 30 años, y se le quita cargas y obligaciones al contratista. Montería, es operado por la sociedad comercial ELEC S.A., en virtud del Contrato de Concesión No. 160 del 13 de diciembre de 1996. El mismo ha tenido (6) otrosí suscritos, la Alcaldía certificó que todo está “bien sin quejas”. Y lo significativo que es el servicio más caro en todo el Caribe cobrándose un 15% del valor de lo facturado en energía, en todos los estratos ni los pobres se salvan. Quedamos con firme compromiso de introducir vía legislativa en el proyecto que hoy avanza, que existan verdaderas interventorías a estas concesiones que no sean convidados de piedras o comités de aplausos, como también la regulación de tarifas con cobros de servicios efectivamente prestados, sin engaños y sin calles oscuras, la época de los gloriosos para los operadores debe ser reguladas a sus justas proporciones, eso sí con una excelente prestación del Alumbrado Público.

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Cobros ilegales y falsos tramitadores: así estarían estafando a campesinos

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) alertó sobre casos de estafas contra campesinos, comunidades afro e indígenas, donde «falsos tramitadores» están cobrando dinero por trámites que son gratuitos y no requieren intermediarios. Así, en lo que va de año, la ANT ha recibido más de 150 denuncias. En Bolívar, más de 3.000 familias de municipios como Turbaco, María la Baja y Villanueva podrían estar siendo víctimas, en las que un ‘líder campesino’ cobra entre $30.000 y $40.000 mensuales por gestiones falsas, recaudando más de $120 millones al mes. Además, en los Llanos Orientales, un estafador organizó falsas convocatorias públicas en Villavicencio, mismo que, ofrecía supuestos cupos para adjudicar tierras, pidiendo entre $3 y $7 millones por persona. Por otro lado, en Sucre, un hombre se hizo pasar por funcionario de la ANT para cobrar una comisión del 12% sobre el valor de un predio, donde gracias a la intervención oportuna de la agencia evitó que la estafa se concretara. En Huila y Tolima, también se denunció el uso de documentos falsificados con sellos de la ANT y que, los estafadores pedían pagos de hasta $1 millón a cambio de agilizar trámites engañando a comunidades rurales vulnerables. Por lo anterior, César Santoyo Santos, jefe del Inspector de la Gestión de Tierras, expresó: «Es relevante aclarar que los trámites de la Agencia Nacional de Tierras son gratuitos y no requieren intermediarios». Por ello, la ANT recuerda que sus trámites son gratuitos y no necesitan intermediarios. Invitan a denunciar estas estafas ante la Fiscalía o mediante sus canales oficiales: línea 018000-933881, correo info@ant.gov.co o la web www.ant.gov.co.

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Procuraduría solicita verificación de protección a menor abusada por su padre en Cartagena 

En un caso que ha conmocionado a la comunidad de Cartagena, una menor de 14 años habría sido víctima de abuso sexual por parte de su padre desde los cinco años. La Procuraduría General de la Nación ha solicitado al director del Departamento Administrativo de Salud de Cartagena (Dadis), Álex Tejada Núñez, un informe detallado sobre las medidas de atención y protección brindadas a la menor. El presunto abuso, ocurrido en el barrio El Reposo, fue denunciado recientemente, señalando al padre, un hombre de 46 años, como el agresor. Según la denuncia, los abusos comenzaron en 2014, cuando la niña tenía solo cinco años. El acusado ha sido detenido y su caso está siendo investigado por el Juzgado 16 Penal Municipal de Control de Garantías de Cartagena. La Procuraduría ha subrayado la importancia de verificar que se haya activado la ruta de atención y protección para la menor, asegurando que se cumplan todos los protocolos necesarios en casos de violencia sexual. El director de Dadis deberá presentar un informe a la Delegada con Funciones Mixtas para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, detallando las acciones intersectoriales implementadas para proteger a la víctima.

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