El Tribunal Administrativo del Atlántico ordenó al Ministerio de Minas y Energía (Minminas) y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) que implementen medidas inmediatas, así como a mediano y largo plazo, para reducir las tarifas de energía eléctrica en la Región Caribe. Esta decisión se tomó en respuesta a una acción popular presentada por los personeros de Barranquilla y Santa Marta, Miguel Ángel Alzate y Édward Fernando Orozco, respectivamente. El Tribunal comprobó que el nuevo régimen tarifario establecido por la CREG ha tenido efectos negativos para los 2.7 millones de usuarios de las empresas Air-e y Afinia en la Costa Atlántica. Por ello, se ordenó que en un plazo de 10 días a partir de la notificación, se convoque a una sesión o audiencia pública en Barranquilla. El objetivo de esta audiencia es analizar el impacto económico y social de las Resoluciones 010 de 2020 y 78 de 2021, así como cualquier otro acto administrativo relacionado, para determinar si es necesario revisar los indexadores de la fórmula tarifaria en la región y, de ser así, establecer los nuevos que reflejen adecuadamente los costos del servicio. Además, se ordenó revisar otros componentes que afectan la tarifa, como los relacionados con pérdidas y restricciones, teniendo en cuenta las particularidades de la región. Se evaluará la posibilidad de crear una nueva fórmula tarifaria que desvincule el Índice de Precios al Productor (IPP) de los componentes regulados y los indexe al Índice de Precios al Consumidor (IPC). El magistrado Jorge Eliécer Fandiño Gallo otorgó algunas de las medidas cautelares solicitadas por los personeros, pero no suspendió los efectos legales de las Resoluciones 010 y 078 ni ordenó a Air-e que detenga los cortes de servicio por falta de pago. Sin embargo, sí estableció plazos para que la CREG y Minminas convoquen a una audiencia pública para analizar la situación y buscar soluciones inmediatas. El periodista José Granados Fernández informó que, para evitar retrasos, el magistrado determinó que la CREG debe realizar la audiencia pública cinco días después de la convocatoria. A la audiencia deberán asistir los alcaldes, gobernadores, parlamentarios de la Región Caribe, y otros actores clave como el Ministro de Minas y Energía, la Procuradora General de la Nación, el Defensor del Pueblo, y representantes de Air-e, Afinia y otros interesados.