#Veolia nació en Francia el 14 de diciembre de 1853, bajo el nombre #Compagnie Générale des Eaux, por un decreto de Napoleón III. Su misión inicial fue construir redes de agua potable para combatir enfermedades como el cólera, que afectaban gravemente a las ciudades en plena Revolución Industrial. En 1860, la empresa inició su expansión internacional, comenzando con proyectos en ciudades como Venecia, Constantinopla y Oporto, llevando soluciones de agua potable a diversos territorios. Durante el siglo XX, Veolia diversificó sus actividades. En 1967, amplió su enfoque hacia la gestión de residuos, y en 1998, incorporó la energía a su portafolio. En 2003, adoptó su actual nombre, Veolia, reflejando su compromiso integral con la sostenibilidad y el medio ambiente. En las últimas décadas, la empresa ha liderado proyectos innovadores como plantas de reciclaje, tratamiento de aguas residuales y generación de energía renovable, adaptándose a las necesidades del siglo XXI y posicionándose como líder en transformación ecológica. Hoy en día, Veolia se dedica a la gestión del agua, los residuos y la energía, ofreciendo soluciones integrales que promueven la sostenibilidad. Sus funciones abarcan desde el suministro de agua potable y el reciclaje de residuos, hasta la producción de energía renovable y la descarbonización. Con presencia en más de 50 #países, la compañía juega un papel clave en la lucha contra el cambio climático y el desarrollo de un futuro más sostenible.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha reconocido al Canal del Dique, ubicado en el norte de Colombia, como víctima del conflicto armado. Este cuerpo de agua, que conecta Cartagena de Indias con el río Magdalena, fue utilizado durante años para arrojar los cuerpos de personas asesinadas, principalmente por grupos paramilitares. La acreditación responde a una solicitud de la Ruta del Cimarronaje, una plataforma que agrupa a más de 200 organizaciones étnicas de la cuenca. La magistrada de la JEP, María del Pilar Valencia, destacó en un acto en Cartagena que este reconocimiento se debe a los informes presentados por las víctimas, en su mayoría afrodescendientes, que permitieron activar las competencias de la JEP. Valencia subrayó que, según el acuerdo de paz con las extintas FARC, se debe reconocer el impacto desproporcionado del conflicto en las comunidades étnicas y visibilizar las diversas violencias sufridas. Además, recordó que el Canal del Dique ha sido denominado por la Comisión de la Verdad como «el cementerio acuático más grande de Colombia». A pesar de la disminución de la violencia tras la firma del acuerdo de paz en 2016, el Canal del Dique sigue siendo utilizado para deshacerse de cadáveres, perpetuando el terror en la región. Las comunidades locales han reportado amenazas e intimidaciones para que no continúen con sus denuncias, lo que ha llevado a que algunas víctimas soliciten y reciban medidas de protección por parte del Estado. Aura Camargo, coordinadora de la Ruta del Cimarronaje, enfatizó la importancia de reconocer al Canal del Dique como sujeto de derecho debido a las múltiples afectaciones derivadas del conflicto armado, incluyendo desapariciones forzadas, desplazamientos y homicidios, así como el control ejercido por grupos armados en el territorio. Camargo también instó al Estado a reconocer los daños en el desarrollo económico, cultural, político y ambiental de la región. Este reconocimiento por parte de la JEP representa un paso significativo en la reparación y visibilización de las comunidades afectadas por el conflicto armado en Colombia, especialmente en territorios históricamente marginados como el Canal del Dique.