Corsario: una marca de moda sostenible hecha en Colombia

Corsario es una marca de moda masculina hecha en Colombia que encarna el concepto de innovación y conciencia ambiental en la industria de la moda.

Cabe mencionar que estas prendas generan una menor huella de carbono al ambiente por la utilización de insumos ecológicos y reciclados para crear prendas de vestir frescas, elegantes y de máxima calidad.

En la tienda, ubicada @caribeplaza @selinacolombia @caribbeanhouse.col, encontrarás camisetas hasta pantalones, prendas de vestir formales y casuales, demostrando ser un líder en el diseño y la confección de productos masculinos sostenibles y de alta calidad.

Corsario busca concienciar y educar a sus clientes sobre la importancia de un consumo responsable, fomentando un estilo de vida consciente y respetuoso con el medio ambiente.

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Software espía Pegasus habría sido financiado con presunto dinero ilícito durante el gobierno de Duque

Una investigación reciente emitida por Señal Colombia en colaboración con la Revista Raya expuso detalles sobre la controvertida adquisición del software espía israelí ‘Pegasus’ durante el gobierno de Iván Duque. Jorge Lemus, director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), afirmó que la compra de esta tecnología se realizó a través de una operación de lavado de activos. Según el informe, una transacción por 11 millones de dólares, transportados en un avión comercial de Bogotá a Tel Aviv, fue clave para concretar la adquisición del software, sin dejar rastros en las entidades estatales ni en el sistema financiero. La investigación, que también involucra a los gobiernos de México y Venezuela, menciona que el dinero utilizado provino de incautaciones al narcotráfico en Colombia. El periodista israelí Gur Megiddo confirmó que la suma fue recibida en Israel sin los debidos reportes a las autoridades colombianas, lo que agrava la sospecha de lavado de activos. Lemus aseguró que esta operación se realizó ‘por debajo de la mesa’, lo que ha encendido las alarmas por la posible violación de derechos humanos en la región debido al uso de Pegasus. Además, el informe señala que el software espía ha sido vinculado a diversos delitos en varios países y que su primer uso registrado en Colombia afectó a María Fernanda Rangel Esparza, funcionaria de la Defensoría del Pueblo. Este caso ha impulsado al senador Antonio José Correa a llevar el tema al Congreso para un nuevo debate de control político en octubre, buscando esclarecer las circunstancias en las que este controvertido software fue introducido al país.

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Por seis meses más extienden la suspensión del cobro del peaje Papiros

El Ministerio de Transporte prorrogó por seis meses más la suspensión del cobro en el peaje de Papiros para vehículos de categorías I y II, mediante la Resolución 20253040017615. La medida, que regirá del 15 de mayo al 14 de noviembre de 2025, busca garantizar la operación segura del corredor Cartagena–Barranquilla mientras se encuentra una solución definitiva que atienda las necesidades de la comunidad y respete los compromisos del contrato de concesión. La caseta de Papiros ha sido motivo de inconformidad desde 2023, con protestas y bloqueos, especialmente tras el intento de reactivar el cobro en septiembre de 2024. En respuesta, el Gobierno suspendió temporalmente el peaje en noviembre de ese año. Esta nueva prórroga reafirma el compromiso del Ejecutivo con una salida concertada. Durante este periodo, continuarán las mesas de diálogo entre el Gobierno, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la concesionaria y la comunidad. “Seguimos apostándole al diálogo para encontrar una solución justa”, afirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas. El presidente de la ANI, Óscar Javier Torres Yarzagaray, reiteró que se buscará una alternativa técnica que garantice el interés general. El proyecto Cartagena–Barranquilla se desarrolla bajo una Asociación Público-Privada, con una inversión superior a los $2 billones. Incluye 152.2 kilómetros de vía, viaductos, luminarias solares y el puente Caracolí, y ha generado más de 9 mil empleos. El Gobierno aseguró que la decisión busca el equilibrio entre el bienestar de las comunidades locales y la sostenibilidad del proyecto de infraestructura más importante del Caribe colombiano.

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“No acatar las órdenes tendrá consecuencias”: presuntos miembros de EGC asesinan a trabajadora de Supergiros

Marlen Fernanda Mozo Jiménez, es la identidad de la trabajadora de SuperGiros que fue asesinada en la tarde el pasado lunes 4 de noviembre en el municipio de Bosconia, ubicado en el departamento del Cesar. Tal y como quedó registrado por cámaras de seguridad, dos sujetos llegaron a su lugar de empleo y le propinaron un disparo en la cabeza, para posteriormente lanzar sobre su cuerpo un panfleto amenazante. «Ejército Gaitanista de Colombia (Egc), presente. Les hacemos llegar este mensaje a todos los Supergiros de Bosconia y sus alrededores. Tienen que estar cerrados, al no acatar las órdenes tendrán que sufrir las consecuencias”, se lee en el cartel. Por su parte, las autoridades se encuentran investigando la procedencia y la validez del mensaje para estimar si se trata de una forma de desviar el rumbo de la investigación. De momento, la hipótesis que se maneja es una amenaza de extorsión.

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Superintendencia interpuso millonaria multa a constructora de Aquarela

Por medio de la Resolución No. 22408 del 6 de mayo de 2024, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sancionó por medio de la Superintendencia de Industria y Comercio a la ‘Promotora Calle 47’, constructora del edificio Aquarela con una multa de $1.508.000.000 Tras estudiar los argumentos del apoderado legal de la constructora de la edificación, la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó las infracciones imputadas en la primera instancia habría causado un perjuicio a la calidad de vida de los compradores en el proyecto. “Generan un daño que repercute directamente en la calidad de vida de los compradores del proyecto y de manera potencial en quienes esperaban poder adquirir inmuebles en las demás torres planeadas del proyecto, pues sienta un precedente de cara a la continuación del proyecto”, se lee en la resolución. Seguido a esto, el documento cita “el daño grave a los consumidores” ocasionado por parte de la constructora antioqueña a los compradores tras la inversión de capital realizada en el fallido proyecto de vivienda.

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Dirección Territorial Bolívar – Sucre lidera restitución histórica de tierras y derechos étnicos para Santo Madero

La Dirección Territorial de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) para Bolívar y Sucre presentó un detallado reporte de avances en la primera audiencia de seguimiento al cumplimiento de la sentencia No. 050, emitida por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de El Carmen de Bolívar. Esta sentencia ordena la restitución colectiva de los derechos territoriales étnicos al Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Santo Madero, ubicado entre los municipios de San Jacinto y El Carmen de Bolívar. En la audiencia, realizada en el centro integral para la mujer ‘Casa Púrpura’ de El Carmen de Bolívar, se socializó el cumplimiento del décimo octavo ordenamiento de la sentencia, que promueve la seguridad y soberanía alimentaria de la comunidad mediante estrategias y proyectos sociales articulados con otras entidades gubernamentales. Rafael Morales, director territorial de la URT para Bolívar y Sucre, anunció el inicio de trámites para implementar líneas productivas alimentarias y la ejecución del programa ‘Iraca’ en coordinación con el Departamento de Prosperidad Social. Además, se aprobó la vinculación de la URT como ente tramitador en la fase de postulación para subsidios de vivienda, en cumplimiento del trigésimo punto del fallo, en coordinación con el Ministerio de Vivienda. La jueza Diana Rodríguez, encargada del seguimiento, exhortó a todas las entidades a cumplir de manera enfática y oportuna las obligaciones de la sentencia, advirtiendo posibles sanciones en caso de incumplimiento. La audiencia contó con la participación de delegados de múltiples entidades nacionales y territoriales, como Ministerio de Vivienda, Educación, Industria y Comercio, Agencia Nacional de Tierras, Departamento de Prosperidad Social, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Unidad de Protección de Víctimas, Gobernación de Bolívar, alcaldías de San Jacinto y El Carmen de Bolívar, Sena, y la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, además de representantes del Consejo Comunitario de Santo Madero. La procuradora 41, Hermelinda Carmona, actuó como garante de la interlocución. Amílcar Acosta, líder del Consejo Comunitario de Santo Madero, destacó el papel pionero de la URT en el cumplimiento de la sentencia y manifestó la esperanza de que este compromiso sirva de ejemplo para otras entidades del Estado. Este proceso de restitución colectiva marca un hito histórico para la comunidad afrodescendiente de Santo Madero, que tras décadas de conflicto y desplazamiento ha recuperado 256 hectáreas de territorio ancestral, con medidas integrales de reparación y garantías para su desarrollo social, económico y cultural. En suma, la Dirección Territorial Bolívar – Sucre reafirma su compromiso con la restitución de tierras y derechos étnicos, trabajando de manera articulada y bajo la vigilancia judicial para garantizar el cumplimiento efectivo de la sentencia y la reparación integral de la comunidad de Santo Madero.

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La placa de la discordia: motivos para su remoción en Cartagena

Así nace la idea de la placa conmemorativa tras la visita real. En noviembre de 2014, Cartagena fue escenario de una visita histórica con la llegada del príncipe de Gales y su esposa Camila, duquesa de Cornualles. Por ello, se planteó recibirlos en un acto diplomático, organizado por las autoridades locales y encabezado por el entonces alcalde Dionisio Vélez, donde se develó una placa en honor a los soldados británicos caídos durante el asedio de Cartagena en 1741; sin embargo, la placa de la «discordia» trascendió más que la misma visita real. Siendo así, lo que pretendía de un gesto diplomático rápidamente se convirtió en el descontento de los locales, tras considerar este hecho como una falta a la memoria histórica del legado de la defensa heroica de la ciudad… Para las personas, esta placa no reconocía adecuadamente la valentía de los defensores, tal como Blas de Lezo y su ejército de 3.000 hombres, mismos que vencieron a las tropas inglesas con aproximadamente 30.000 hombres comandados por Vernon.  ¿Un acto de defensa histórica o vandalismo? El rechazo popular alcanzó su punto máximo cuando Jaime Rendón Márquez, un activista y defensor de los derechos humanos, mismo que fue arrestado por destruir la placa con una «mona», rompió el monumento en un acto de protesta, argumentando que la placa era una afrenta a la historia de Cartagena y que su destrucción era necesaria para preservar el honor de los héroes que defendieron la ciudad. Sin embargo, poco después quedó en libertad. Este acto fue la culminación de un sentimiento generalizado entre muchos cartageneros, que también asistieron al lugar donde se encontraba la placa en aras de protestas con pancartas, incluso algunos vestidos con ropa de la época militar, como si tratasen de personificar a Blas de Lezo y que consideraban que la placa no debía estar en un lugar tan emblemático. Para ellos, el homenaje ignoraba el sacrificio de «Blacho» y de aquellos que lucharon para proteger la ciudad, centrándose en los caídos británicos.  El fin de la placa. Por lo anterior, la presión popular fue tan fuerte que llevó al alcalde de entonces, Dionisio Vélez, a anunciar la remoción definitiva de la placa. En la actualidad, diez años después, la historia de la placa de la “discordia” es una expresión viva del sentimiento patriótico, que, por medio de la identidad que van marcando las historias de una ciudad, asimismo va forjando el carácter de nuevas generaciones. 

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