La Fiscalía General de la Nación ha citado al abogado Miguel Ángel del Río y al coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, jefe de Casa Militar de la Presidencia de la República, para rendir declaración jurada en medio de las investigaciones por las chuzadas ilegales a la ex niñera del hijo de Laura Sarabia, el robo en su residencia y la misteriosa muerte del coronel Óscar Dávila. Ambos deberán presentar su testimonio el próximo 15 de junio.

Asimismo, la exjefa de gabinete del Gobierno nacional también ha sido citada a declarar en relación con la investigación sobre el robo en su residencia. Esta declaración ha sido programada para el 22 de junio.

El abogado Miguel Ángel del Río anunció que no asistirá a la diligencia y que presentará una denuncia contra el Fiscal por tráfico de influencias. A través de su cuenta de Twitter, el abogado escribió: «¿Ustedes creen que me van a intimidar poniendo mi nombre de primeras en un comunicado gaseoso? Si me van a abrir una investigación, adelante. No tengo nada que declarar. Soy abogado defensor. Denunciaré a Barbosa y a los funcionarios que intimidaron al Coronel Dávila».

El presunto uso irregular del polígrafo en la Presidencia de la República para someter a la ex niñera Marelbys Meza ha llevado a la Fiscalía a abrir dos líneas de investigación para determinar si se han cometido delitos como peculado por uso, abuso de autoridad, entre otros.

En relación con la primera línea de investigación, se ha citado a declarar al comandante jefe de la Oficina de Polígrafo, Elkin Augusto Gómez, al poligrafista intendente Jhon Alexánder Sacristán Bohórquez y al coronel Carlos Alberto Feria. Estas diligencias están programadas para el 21 de junio.

En cuanto a la segunda línea de investigación, se ha citado a Harold Rondón, conductor de la Unidad Nacional de Protección (UNP), asignado a Laura Sarabia, al esposo de esta última, Andrés Fernando Parra, y a la subintendente Luisa Calle, quien forma parte del esquema de seguridad de la exjefa de gabinete. Sus declaraciones están programadas para el 20 de junio.

Además, la Fiscalía ha convocado al capitán Carlos Andrés Correa Loaiza por la presunta interceptación ilegal de la ex niñera y una ex trabajadora doméstica de la exfuncionaria del Gobierno. Según la entidad, se investiga la posible comisión de delitos como fraude procesal, falsedad en documentos públicos y violación ilícita de comunicaciones.

Por otro lado, el ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, también ha sido citado a rendir declaración jurada el próximo 23 de junio, con el fin de aclarar sus afirmaciones sobre una presunta financiación ilegal de la campaña política del Presidente Gustavo Petro Urrego, según ha informado la Fiscalía.

Tras el fallecimiento del teniente coronel Óscar Dávila, quien estuvo involucrado en las interceptaciones ilegales a dos ex empleadas de Laura Sarabia, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, lamentó lo sucedido y más tarde se refirió a la posible causa del crimen.

Durante el sábado 10 de junio, afirmó que no había dudas de que se trató de un suicidio, respaldado por la certeza del CTI y la Sijín. El alto funcionario señaló que no solo se basaban en las declaraciones del subintendente que estaba al volante del vehículo, sino también en la confirmación obtenida a través de las cámaras de seguridad del área.

Sin embargo, el domingo por la tarde, adoptó una postura menos precipitada sobre el caso. A través de su cuenta de Twitter, destacó que es responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación emitir una conclusión precisa sobre la causa del fallecimiento del oficial adscrito a la Presidencia de la República.

«Temas tan sensibles deben tratarse con suma rigurosidad. La Fiscalía General debe informar con la mayor prontitud para evitar que las especulaciones se extiendan «, afirmó el ministro de Defensa Nacional, citando el trino de Diana Mejía, periodista de Blu Radio, quien aseguró que se realizaron dos disparos en la escena posterior: uno en la cabeza del teniente coronel y otro en la camioneta.

En relación a este tema, el ministro Velásquez presentó dos hipótesis basadas en la versión anteriormente mencionada: la primera es que el coronel Dávila tenía mala puntería, y la segunda es que alguien colocó el arma en la mano del policía para simular un suicidio y borrar huellas y rastros de pólvora.

Además, el ministro afirmó el sábado 10 de junio que las declaraciones del subintendente que conducía el vehículo, junto con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad en la zona, respaldan la veracidad de los testimonios. Según Velásquez, todas las pruebas apuntan a que el coronel Dávila tomó la decisión de quitarse la vida.

Días antes de su fallecimiento, el oficial envió una carta a la Fiscalía expresando su disposición a declarar sobre el caso de las interceptaciones ilegales a las antiguas empleadas de Laura Sarabia, denunciadas por Francisco Barbosa, jefe del organismo de control. En la misiva, Dávila solicitó que se le informara sobre su vinculación como indiciado y reiteró su disponibilidad para presentarse a un interrogatorio en la fecha y hora que se señalaran.

En relación a un documento fechado el 2 de junio de 2023, el abogado Miguel Ángel del Río mantuvo su afirmación de que el teniente coronel había sido amenazado por la Fiscalía. Un día antes del crimen, el miércoles 8 de junio, el abogado publicó un mensaje en Twitter donde aseguraba que el ente fiscal lo había intimidado. Pocos minutos después del suceso, que tuvo lugar en Teusaquillo, en el centro occidente de Bogotá, el abogado confirmó la versión que había afirmado previamente.

«Le advirtieron que no se detendrían ‘hasta que corriera sangre’. Hoy se quitó la vida con su arma de servicio. Lo de la Fiscalía es una persecución infame», escribió en su perfil de Twitter.