El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha eliminado de su lista de sancionados al empresario venezolano Francisco D’Agostino, cuñado de Luis Alfonso de Borbón, tras una revisión que determinó que no existían pruebas suficientes para mantener las restricciones impuestas en 2021. La decisión, informada por Infobae, también implica el levantamiento de las sanciones contra sus empresas, Elemento Oil & Gas y D’Agostino and Company, que habían sido señaladas en su momento por supuestos vínculos con redes de comercialización de petróleo en beneficio del gobierno de Nicolás Maduro. Estas medidas derivaron en el bloqueo de bienes y la restricción de sus actividades dentro del sistema financiero estadounidense. Por otro lado, en España, D’Agostino ha estado en el centro de un litigio que involucró la emblemática finca Son Galcerán en Mallorca. En este caso, la justicia falló a su favor en una disputa con Manuel March Cencillo, nieto de Juan March Ordinas, fundador de Banca March. La sentencia determinó que March Cencillo debía reembolsarle 2,4 millones de euros, además de una indemnización de 300.000 euros por los perjuicios ocasionados durante la operación de compraventa de la propiedad. D’Agostino, quien reside en España desde 2019, ha desarrollado su carrera en el sector de las inversiones y negocios internacionales.

En una medida preventiva y disciplinaria, el personero municipal de Turbaco, Iván Roca Álvarez, ordenó la suspensión provisional por tres meses del Inspector Cuarto de Policía, Alexander Polo Calle, por presuntas irregularidades en la expedición de amparos policivos relacionados con bienes inmuebles. La Personería identificó posibles conductas disciplinarias como omisiones en el ejercicio de funciones, incumplimiento de deberes, extralimitación de competencias y favorecimiento indebido de intereses particulares. Estas acciones contravienen los principios de legalidad, imparcialidad y transparencia que deben regir la función pública. El proceso disciplinario se abrió formalmente el pasado 15 de julio. La suspensión busca garantizar el desarrollo independiente de la investigación y prevenir cualquier intento de obstrucción o interferencia. El inspector Polo Calle fue notificado y tendrá la oportunidad de presentar sus descargos durante la etapa procesal. El Ministerio Público continuará con la recolección de pruebas durante el período de suspensión, al cabo del cual se determinarán las responsabilidades a que haya lugar. Este caso subraya la necesidad de que los servidores públicos actúen conforme a la ley, especialmente en decisiones que afectan el uso y posesión de bienes inmuebles, y refuerza el control institucional sobre el uso legítimo de los amparos policivos.