La Castellana, un barrio fundado hace más de 50 años y perteneciente a la Localidad 2, enfrenta una creciente problemática por la invasión del espacio público por parte de comerciantes informales. Con aproximadamente 800 habitantes y 150 predios, este sector clasificado como estrato 4 ha visto cómo en menos de una década, sus espacios para la libre movilización se han reducido drásticamente. La proliferación de vendedores ambulantes y estacionarios ha sido impulsada en parte por la construcción de un gran centro comercial y un almacén de cadena, que han atraído un auge mercantil en la zona. A pesar de los operativos de recuperación implementados por las autoridades, estos esfuerzos han resultado insuficientes. Las invasiones continúan afectando zonas verdes, andenes y vías de alto tráfico, generando serias dificultades para los peatones. Muchos se ven obligados a descender a la calzada para avanzar, lo que incrementa el riesgo de accidentes. La Castellana se encuentra en el centro de esta problemática, siendo el barrio más expuesto a la mutilación del espacio público, lo que resalta la necesidad urgente de soluciones efectivas y sostenibles que permitan restaurar el orden y garantizar la seguridad y comodidad de sus habitantes.

En aras de cumplir con las directrices del proyecto «Barú Sostenible II», 53 establecimientos de comercio se han unido a la segunda fase de la ruta de aprovechamiento de residuos, con la finalidad de que sean correctamente separados para facilitar la recolección por parte de recicladores locales. Asimismo, un total de 19 recicladores han sido capacitados y equipados para accionar esta labor, donde recuperaron más de 59 toneladas de residuos, a la vez que son remunerados por este arduo trabajo, que ya es reconocido por la comunidad y de cierto modo han generado un impacto positivo en el ambiente. «Ya no nos miran como personas sin valor, sino como héroes ambientales», comentó Noraida Medrano Balletas, quien lleva 15 años trabajando con la recolección y que hace dos años se sumó al proyecto. Por ello, la comunidad también ha tomado parte activa, transformando espacios públicos con la instalación de estructuras para la recolección de materiales reciclables y embelleciendo el entorno con plantas y señalizaciones, así como de apoyo a estos recicladores. Esta iniciativa, impulsada por diversas fundaciones y empresas, marca el inicio de un proceso continuo hacia la sostenibilidad en Barú, con la meta de involucrar a todos los sectores de la comunidad en la protección del entorno natural que los rodea.

Diomedes de Jesús Díaz Noriega, un hombre de 37 años, fue enviado a prisión preventiva en Cartagena por su presunta implicación en la adulteración de bebidas alcohólicas. Las autoridades descubrieron una vivienda en el barrio La Quinta, en Cartagena, donde al parecer, se fabricaba y comercializaba licor adulterado, poniendo en riesgo la salud pública. La Fiscalía General de la Nación le imputó a Díaz Noriega varios delitos, entre ellos corrupción de alimentos, imitación o simulación de productos y usurpación de derechos de propiedad industrial. A pesar de las pruebas presentadas, el acusado no aceptó los cargos. La defensa argumentó que no hubo participación directa de su cliente en los hechos, pero el proceso legal continuó con base en el material probatorio. En la vivienda donde se encontraron más de 125 botellas de licor, 210 bolsas con sellos de un whisky escocés, 560 estampillas de licor del departamento de Bolivar y 240 anillos de seguridad, entre otros elementos. Estos hallazgos fueron fundamentales para que un juez de Control de Garantías decidiera imponer la medida de aseguramiento en centro carcelario. El ahora procesado cumplirá su reclusión en la cárcel San Sebastián de Ternera en Cartagena. Este caso pone de manifiesto la gravedad de las actividades de adulteración de productos de consumo humano y la respuesta legal contundente para proteger a la población.