El presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie Rivera, denunció el secuestro del productor ganadero Luis Hernando Peña Rodríguez en el municipio de Pailitas, departamento del Cesar, hecho que atribuyó presuntamente al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Este suceso se suma a otros casos recientes, como el secuestro de cinco ganaderos en zona rural de Puerto Rondón, Arauca, y el caso del productor Cristian Serrano, privado de la libertad en noviembre de 2024, quien fue liberado mediante un canje por su hermana. A través de sus redes sociales, Lafaurie informó que el vehículo del ganadero Peña fue hallado abandonado hacia las 2:00 p.m. y que las autoridades competentes ya adelantan las acciones correspondientes. Fedegán manifestó solidaridad con la familia del productor e hizo un llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades para que se garantice su regreso. En paralelo, el dirigente gremial se refirió a las recientes invasiones a predios ganaderos en distintos puntos del país. Según Lafaurie, detrás de estas acciones hay una estrategia organizada por grupos que se identifican como “recuperadores de la tierra”, y que cuentan con respaldo de algunas organizaciones no gubernamentales, entre ellas el Coordinador Nacional Agrario (CNA). En su columna publicada en medios nacionales, el presidente de Fedegán identificó tres elementos comunes en estos procesos: el respaldo de ONG que agrupan comunidades rurales bajo la bandera de la recuperación de tierras; la presencia de agitadores que promueven discursos políticos entre los ocupantes; y el papel de las denominadas Guardias Campesinas, que actúan de manera organizada. Lafaurie también se refirió a la distribución de tierras en el país. Citó cifras del censo de 2018 para afirmar que los pueblos indígenas, que representan el 4,4 % de la población, son propietarios de 39 millones de hectáreas. Cuestionó que la ampliación de resguardos siga siendo una demanda activa y señaló que las comunidades indígenas cuentan con justicia especial y mecanismos de contratación directa con el Estado, habilitados desde gobiernos anteriores.

Luego de que Eric Benavides, asesor de Despacho del Alcalde, denunciara a Augusto Rodríguez Ballesteros y a Daniel Agusto Jorge El Saieh Sánchez por presuntos delitos de prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, la presidencia de la República emitió un oficio para la Procuraduría, Fiscalía y UNP por este caso. En dichos documento, la Presidencia de la República solicita a los entes «evaluar el caso expuesto en el documento» y «tomar las acciones a las que haya lugar». Cabe recordar que, en el marco de una acción de tutela presentada por Urueta, se habrían presuntamente presentado amenazas y atentados en contra de su humanidad, por lo que la UNP expuso una serie de aspectos para no colocar un esquema de protección, expuso los siguientes argumentos que hacen tránsito a la denuncia. Por su parte, documentación señala que, según voces de Urueta, la UNP y sus funcionarios buscaban «engañar al JUEZ, tratando de decir que el señor URUETA buscaba vía de tutela, solicitar protección y controvertir una resolución que determinó su riesgo extraordinario, según  notificada con fecha 15 de octubre  de 2024 durante el desarrollo de la tutela. Se está a la espera que las entidades se manifiesten y correspondan a la medida establecida desde la Presidencia de la República denunciada por el abogado cartagenero.