Recientemente, Ecopetrol ha anunciado que la Refinería de Cartagena opera con normalidad tras superar una falla eléctrica que afectó sus unidades de proceso el pasado 18 de agosto. Este fin de semana, la compañía entregó a los distribuidores mayoristas 64.100 barriles de gasolina, 108.500 barriles de diésel y 27.000 barriles de jet, asegurando el suministro de combustible para aviación y otros sectores críticos. Debido a lo sucedido, la empresa destacó que ha activado un plan de trabajo para garantizar que el suministro de combustibles cumpla con el mínimo legal del 95%, tanto para la producción en Cartagena como en la refinería de Barrancabermeja. Además, las operaciones actuales se desarrollan de acuerdo con el plan de producción establecido, garantizando que el país reciba los insumos necesarios. Destacando que en condiciones normales, la Refinería de Cartagena produce diariamente 99.000 barriles de diésel, 38.000 barriles de gasolina regular y extra, y 13.000 barriles de combustible jet, entre otros productos esenciales. Dado lo sucedido, Ecopetrol reafirma su compromiso con la seguridad energética del país, asegurando el suministro constante de combustibles pese a las recientes contingencias.

Tres exfuncionarios de la Alcaldía Mayor de Cartagena han allanado su responsabilidad en el caso de peculado por apropiación. Los implicados son Jorge Carrillo Padrón, ex jefe de la oficina jurídica de la alcaldía, y los abogados contratistas Jorge Blell Cervantes y Ana Alicia Martelo del Río. La investigación les atribuye la pérdida de 24 mil millones de pesos que presuntamente fueron desviados a manos privadas. Los exfuncionarios, quienes ingresaron a la administración distrital en 2018 durante el breve mandato de Antonio Quinto Guerra, permanecieron en sus cargos bajo la administración de Yolanda Wong y fueron mantenidos por Pedrito Pereira como cuotas inamovibles de una casa política de la ciudad. Según la Fiscalía, Blell y Martelo habrían utilizado títulos de depósito judicial, emitidos por el Banco Agrario, para desviar los recursos del distrito, actuando bajo la falsa premisa de representar legalmente al gobierno local. El dinero desviado nunca se registró en el fondo destinado a títulos judiciales de la Fiduprevisora, como era requerido. La Fiscalía ha solicitado que se imponga una medida de aseguramiento intramural para Carrillo y Martelo, quienes se encuentran en el proceso de audiencia. Los delitos en cuestión ocurrieron entre 2018 y 2019, y se sospecha que los acusados aprovecharon sus posiciones para desviar sumas millonarias destinadas al bienestar público.