Por José David Vargas
Y sí, luego de constantes ires y venires judiciales, políticos y jurídicos, se cayó de forma estrepitosa la controvertida reforma a la Ley de Garantías Electorales, mediante la cual, el gobierno Duque, con su modificación, buscaba incentivar los contratos interadministrativos entre las entidades territoriales, asunto que nos trajo una batalla sin precedente alguno.
Así pues, como consecuencia de la entrada en vigencia de esta disposición normativa, se celebraron un sinnúmero de contratos entre entidades del sector público, según el medio noticioso Las2orillas, desde marzo hasta la fecha, se contabilizan alrededor de 645.495 relaciones contractuales. Y bien lo dijo el contralor Carlos Felipe Córdoba, «Se dispara la contratación de manera inimaginable. Es un mil por ciento antes, lo que se dispara antes de Ley de Garantías, y se forma un cuello de botella gigantesco en las entidades y ahí se puede ir mucha cosita”.
De lo anteriormente nombrado, viene el problema que padeció esta modificación desde su entrada en vigor, y es que, según el mismo medio informativo, son aproximadamente 52 billones de pesos los que se encuentran bajo la lupa investigativa de la Contraloría General de la República, y de forma especial, aquellos contratos de convenios interadministrativos, que son los más utilizados a nivel estatal, para saltarse la ley 80 de 1993.
Como consecuencia de todas estas barbaridades contractuales, la demanda presentada por el representante a la cámara de cambio radical José Daniel López y el senador electo David Luna, rindieron, luego de un largo trasegar, sus frutos. Ayer 05 de mayo, con ponencia de la magistrada Diana Fajardo Rivera, con votación de 8-1, se dio al traste con esta reforma.
Mediante esta decisión tomada por la corte constitucional, se jala las orejas al congreso y se le dan efectos retroactivos a su decisión a partir de la expedición de la ley por lo que, al no existir el fundamento legal, los convenios interadministrativos que se suscribieron mientras esta reforma estuvo vigente, deben ser liquidados, según lo informado en publicación de las2orillas.
En ese mismo orden de ideas, los contratos que no estaban en fase de ejecución deben ser echados para atrás, aunque se hayan sido constituidos con anterioridad a la decisión de la corte, así, a todas las alcaldías y gobernaciones que celebraron convenios interadministrativos, les corresponde, con el dolor de su alma, devolver la platica con la cual contrataron durante la vigencia de esta modificación a la ley de garantías electorales.
De forma conclusiva, se ha de decir que, con esta larga batalla legal y jurídica, se pone una especie de palo en la rueda a la forma más antigua de hacer política, que es, a través de contratos. Sin embargo, y a pesar de que esta sea una noticia alentadora, toda vez que evita la infiltración de las contrataciones como material político y para hacer carrera política a costilla de los convenios administrativos, no podemos perder de vista estas elecciones presidenciales que se nos avecinan, hagámoslo con conciencia, para que en un futuro no nos toque a nosotros también devolverlo todo.
*Columna de opinión. Las opiniones no representan los valores, conceptos y/o postura del periódico.
