El Edén, un icónico centro recreacional del barrio Las Gaviotas, fue durante años el refugio de la clase popular cartagenera. Familias enteras se reunían cada fin de semana, según testimonios de los habitantes, para disfrutar de días soleados junto a la piscina, mientras los niños jugaban libres en sus amplias instalaciones. Conocido no solo por su ambiente familiar, sino también por las grandes celebraciones que albergaba, El Edén fue testigo de momentos inolvidables que permanecen en la memoria de quienes lo visitaron. Uno de los eventos más esperados cada año era la fiesta de las velitas, celebrada cada 7 de diciembre. Las noches se llenaban de música gracias a las presentaciones de grandes artistas como Juan Piña, el Binomio de Oro, Diomedes Díaz, Beto Zabaleta, los hermanos Zuleta y la inolvidable Patricia Teherán. Estos conciertos, caracterizados por un ambiente sano y alegre, congregaban a miles de cartageneros que encontraban en El Edén un espacio de convivencia y celebración. Lamentablemente, el esplendor de El Edén comenzó a desvanecerse hace más de 15 años, hasta quedar en ruinas. Sin embargo, hoy la historia cambia. La Gobernación de Bolívar ha destinado 6 mil millones de pesos para su renovación, con el objetivo de entregar el espacio a la ciudad a comienzos de diciembre. Con esta restauración, se espera que El Edén recupere su importancia como centro social y recreativo para los cartageneros.

La polémica en torno al cobro de la Contribución Nacional de Valorización en la Vía del Mar, que conecta las ciudades de Cartagena y Barranquilla, continúa creciendo. En las últimas horas, el abogado y exministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, presentó una nueva demanda ante el Consejo de Estado solicitando la nulidad de las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de Vías (Invías) que regulan el cobro. La demanda argumenta que las resoluciones infringen derechos constitucionales y exceden las facultades de la administración, imponiendo una carga económica desproporcionada a los habitantes de la región Caribe sin un análisis adecuado de su capacidad de pago. Ruiz señaló que esta medida afecta negativamente el bienestar y la estabilidad económica de los ciudadanos, al exigirles asumir costos sin que los beneficios sean proporcionales al impacto que se les obliga a asumir. El cobro de valorización, que tiene como objetivo financiar proyectos de infraestructura vial en diez municipios de la región Caribe, no es un tema nuevo. Ya ha sido objeto de controversia en varias ocasiones, y diversos actores, como el Consejo Gremial de Bolívar, el Consejo Intergremial del Atlántico, y las Alcaldías de Cartagena y Barranquilla, también han interpuesto acciones judiciales para tumbar las resoluciones que permiten el cobro. Por su parte, el Ministerio de Transporte ha defendido la legalidad de la medida, destacando que los recursos recaudados se destinarán a financiar nuevos proyectos viales en las ciudades beneficiadas, que incluyen a Cartagena, Santa Catalina, Barranquilla y otros ocho municipios del Atlántico. El Ministerio argumenta que este mecanismo ha sido utilizado en varios proyectos nacionales desde su creación en 1921, y que es una herramienta válida para financiar el desarrollo de infraestructura, de la cual, según la cartera, se beneficiarán los municipios involucrados.