La Procuraduría General de la Nación destituyó del cargo e inhabilitó de funciones públicas por 12 años al exalcalde de El Carmen de Bolívar, Francisco José Vega Arrauth. De igual forma, al exsecretario de Planeación Mario José Melo Villa por omitir información de la situación; y 11 años a Wiston Hernández Amaya, representante legal de la firma Peralta Romero Asociados SAS, entidad que también estuvo incluida en los trabajos irregulares del acueducto rural de Caracolí.
Se comprobó que las obras se iniciaron sin tener la licencia ambiental expedida por la Corporación Autónoma Regional, Cardique, por lo cual se dio la suspensión de las mismas; además de que los predios en los que estaban siendo ejecutadas no pertenecían a El Carmen de Bolívar.
La entidad estableció que Vega Arrauth realizó una adición presupuestal y extendió el plazo de ejecución, lo que implicó recalcular porcentajes de los valores inicialmente estipulados.
Por otra parte, la Procuraduría demostró que Arrauth autorizó pagos que superaron el 50% del valor contratado, sin embargo, el avance de las obras no llegaba al 42%, por lo que el contrato fue suspendido por parte del municipio y de la autoridad ambiental. La Procuraduría calificó la falta de forma definitiva como gravísima a título de culpa gravísima.
