¡Fuerte condena! El Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, en España, le impuso una pena de un año de prisión y tres años de prohibición de acceso a los estadios a los autores de insultos racistas en el estadio de Son Moix (donde actualmente juega de local el Mallorca de España) contra los futbolistas Vinicius Junior y Samu Chukwueze. Este caso ocurrió el 5 de febrero del 2023 en un partido del Mallorca y el Real Madrid, soltaron unos mensajes dirigidos a Vinicius Jr. El hincha recibió su castigo por el hecho, con nada más que un año de prisión y tres años sin poder entrar a los estadios, este fallo fue replicado por el cuadro merengue en un comunicado oficial del equipo. «El acusado ha sido declarado culpable de dos delitos contra la integridad moral, agravados por haber actuado con motivaciones racistas», afirmó el Real Madrid. El menor de edad se comprometio y dio disculpas al jugador, al Real Madrid y a LaLiga y llevar a cabo actividades socioeducativas específicas propuestas por la Sección de Menores de la fiscalía provincial de Palma de Mallorca.

Un juez con funciones de Control de Garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre en San Andrés por su presunta responsabilidad en el delito de hurto calificado agravado. La Fiscalía General de la Nación así lo solicitó luego de investigar lo ocurrido el 17 de octubre en un establecimiento comercial de recaudo en el centro del archipiélago. Allí, precisa el ente acusador, Robinson Anaya Cuesta en compañía de otra persona habría intimidado con un arma de fuego a la cajera de turno, para apropiarse de 99 millones de pesos, y huir del lugar. El investigado no aceptó el cargo que le imputó la Fiscalía. Por decisión judicial, su reclusión se cumplirá en la cárcel Nueva Esperanza de San Andrés. Por su supuesta responsabilidad en los delitos de hurto calificado agravado, receptación, fabricación, tráfico o porte de arma de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas y fabricación, tráfico o porte de arma de fuego de uso personal, dos hombres fueron enviados a prisión en la Isla de San Andrés.

En el marco de los esfuerzos para cumplir con la sentencia emitida por el Consejo de Estado en 2011, que ordena la restauración y protección ambiental del Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo, el director de Cardique, Ángelo Bacci, hizo un llamado a las autoridades locales y nacionales para unir fuerzas y maximizar los impactos de las intervenciones en esta zona insular. “Estamos complacidos con los avances logrados hasta el momento, pero es crucial que exista una mejor coordinación entre el Ministerio de Ambiente, la Alcaldía de Cartagena y todos los actores involucrados para ser más eficientes y eficaces en la restauración del archipiélago”, expresó Bacci. “Es prioritario que estos recursos naturales, que están siendo gravemente impactados, se unan a un proceso de recuperación integral”. Durante una reunión organizada por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, se discutieron los próximos pasos para garantizar el cumplimiento de las órdenes de la sentencia, cuyo objetivo es recuperar el equilibrio ecológico y sostenible de este frágil ecosistema. En la reunión participaron diversas entidades con competencias en el área insular, así como representantes de las comunidades locales. La articulación entre las entidades y la comunidad ha sido bien recibida, según el director de Cardique. “Lo que buscamos es trabajar de la mano con las comunidades para que, junto con el Estado en pleno, podamos llevar a cabo las intervenciones más beneficiosas en sus territorios”, señaló Bacci, destacando la importancia de la participación comunitaria en el proceso de restauración ambiental. Así mismo, Francisco Castillo, asesor del despacho del alcalde para asuntos ambientales, recalcó que Cardique ha sido un socio estratégico en temas de autoridad y gobernanza en procesos como el Ecobloque. La sentencia del Consejo de Estado obliga a las autoridades a abordar las múltiples problemáticas ambientales que afectan al archipiélago, entre ellas la ocupación de bienes baldíos y su impacto negativo en las condiciones ambientales de las Islas del Rosario y San Bernardo. En la reunión se reafirmó el compromiso de todas las entidades para cumplir con las medidas necesarias que permitan la restauración y conservación de estos territorios insulares.