Con una diferencia solo de un  voto, el Concejo Distrital de Cartagena eligió a Jorge Mario Bravo como su nuevo secretario ad portas del 2025, superando por una mínima diferencia frente a Astrid Arrieta. Bravo es abogado de profesión de la Universidad del Atlántico, magíster de Derecho Administrativo, y una especialización en lo mismo, además de una de Gobierno y Asuntos Públicos. También, cuenta con una amplia experiencia de 11 años en diversos roles del sector público, en los cuales destaca Asesor de Control Interno de Cormagdalena y comisario de familia en Magangué. Los concejales que le dieron el voto de confianza al nuevo funcionario fueron: Pedro Aponte, Carlos Barrios, Wilson Toncel, Laureano Curi, Edgar Mendoza, Gloria Estrada, Johan Correa, Lewis Montero y Carlos Raad.  Por el contrario, los cabildantes David Caballero, Rafael Meza, Emanuel Vergara, Luz Marina Paria, Laura Díaz, Armando Córdoba, Mónica Villalobos, William Pérez y Javier Julio votaron por Arrieta, quien no pudo ocupar este cargo, por un voto de diferencia.

Cartagena refuerza su lucha contra los fraudes en los servicios públicos con la firma de una alianza estratégica entre Afinia, Aguas de Cartagena (Acuacar) y Surtigas, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. Este acuerdo busca combatir delitos como el robo de agua, energía y gas, prácticas ilegales que no solo generan millonarias pérdidas anuales, sino que también afectan la calidad y estabilidad del servicio para todos los usuarios. Las empresas revelaron cifras preocupantes: en 2024, más del 22% del agua potable producida en la ciudad no se pudo facturar debido a conexiones ilegales, lo que representó pérdidas de aproximadamente $60.000 millones de pesos. En el sector energético, los hurtos y fraudes sumaron pérdidas de $414 mil millones, con Bolívar como el departamento más afectado. En cuanto al gas, las manipulaciones indebidas ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Ante esta situación, la alianza no solo fortalecerá los mecanismos de prevención y judicialización, sino que también sensibilizará a la comunidad sobre la importancia de la legalidad en el acceso a los servicios públicos. El Código Penal Colombiano (Artículo 256) establece sanciones de hasta 72 meses de prisión y multas de 150 salarios mínimos para quienes incurran en la defraudación de fluidos. Las autoridades reiteran que el uso legal de estos recursos es clave para garantizar un sistema de servicios públicos seguro, eficiente y sostenible.