Tres exfuncionarios de la Alcaldía Mayor de Cartagena han allanado su responsabilidad en el caso de peculado por apropiación. Los implicados son Jorge Carrillo Padrón, ex jefe de la oficina jurídica de la alcaldía, y los abogados contratistas Jorge Blell Cervantes y Ana Alicia Martelo del Río. La investigación les atribuye la pérdida de 24 mil millones de pesos que presuntamente fueron desviados a manos privadas. Los exfuncionarios, quienes ingresaron a la administración distrital en 2018 durante el breve mandato de Antonio Quinto Guerra, permanecieron en sus cargos bajo la administración de Yolanda Wong y fueron mantenidos por Pedrito Pereira como cuotas inamovibles de una casa política de la ciudad. Según la Fiscalía, Blell y Martelo habrían utilizado títulos de depósito judicial, emitidos por el Banco Agrario, para desviar los recursos del distrito, actuando bajo la falsa premisa de representar legalmente al gobierno local. El dinero desviado nunca se registró en el fondo destinado a títulos judiciales de la Fiduprevisora, como era requerido. La Fiscalía ha solicitado que se imponga una medida de aseguramiento intramural para Carrillo y Martelo, quienes se encuentran en el proceso de audiencia. Los delitos en cuestión ocurrieron entre 2018 y 2019, y se sospecha que los acusados aprovecharon sus posiciones para desviar sumas millonarias destinadas al bienestar público.

La Sección Tercera del Consejo de Estado ha desestimado la apelación presentada por la Concesión Vial de Cartagena, que buscaba anular el laudo arbitral emitido por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Cartagena.  El laudo arbitral abordó un conflicto relacionado con el contrato de los peajes internos de Cartagena, centrándose en la interpretación de la fórmula para recuperar la inversión efectuada en el Corredor de Carga. Aunque el Tribunal accedió parcialmente a las demandas de la Concesión, determinó que ciertos cambios contractuales no podían ser revisados debido al tiempo transcurrido. La Concesión Vial alegó que el tribunal no había actuado correctamente en su decisión, pero el Consejo de Estado concluyó que la apelación no cuestionaba los fundamentos legales, sino las interpretaciones realizadas por los árbitros. Además, el Consejo de Estado impuso una sanción económica de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes a la Concesión Vial de Cartagena.

La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), junto con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Fiscalía, la Alcaldía, entre otras, iniciarán la intervención para buscar los cuerpos de personas desaparecidas en el Cementerio de Albornoz tras el conflicto armado. Este proceso incluirá la participación de personas víctimas dentro de las acciones humanitarias de búsqueda, toma de ADN a familiares y cuerpos e intervención forense del cementerio. Acciones que permitirán los Planes Regionales de Búsqueda de Montes de María y Morrosquillo, Canal del Dique y norte de Bolívar. “Identificar a los desaparecidos devuelve dignidad a las víctimas y paz a sus familias. USAID apoya estas iniciativas que cumplen con el Acuerdo de Paz y fortalecen la confianza y la justicia. Estamos orgullosos de trabajar con nuestros socios en este esfuerzo”, expresó Michael Camilleri, director de USAID para el Caribe y América Latina. Documentación de la UBPD y la JEP apunta a que en el cementerio de Albornoz reposan cuerpos que necesitan ser sometidos a análisis forense para corroborar si corresponden a víctimas del conflicto. La investigación está relacionada con una medida cautelar de la JEP solicitada por organizaciones de víctimas como acción preventiva frente al Proyecto de Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique.