Eric Urueta Benavides, asesor de Despacho del Alcalde, denunció ante la Fiscalía, Procuraduría y Oficina de Control Disciplinario de la Unidad Nacional de Protección (UNP) a Augusto Rodríguez Ballesteros y a Daniel Agusto Jorge El Saieh Sánchez por presuntos delitos de prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. Al parecer, en el marco de una acción de tutela presentada por Urueta, se habrían presuntamente presentado amenazas y atentados en contra de su humanidad, por lo que la UNP expuso una serie de aspectos para no colocar un esquema de protección, expuso los siguientes argumentos que hacen tránsito a la denuncia. 1- Decirle al JUEZ, que el señor URUETA se le resolvió sus estudios de seguridad, mediante una Resolución de fecha 15 de octubre de 2024, en donde le determinan RIESGO EXTRAORDINARIO otorgándole chaleco blindado y celular, cuando la decisión fue notificada en agosto de 2024 y sobre hechos denunciados en el 2023. 2) 2- NO cumplimiento de una MEDIDA PROVISIONAL DEL JUEZ 9 LABORAL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA, que le ordenaba efectuar los estudios, sobre las denuncias sobrevivientes y posteriores a la resolución EXTRAORDINARIA, es decir sobre las denuncias presentadas en los meses de abril, septiembre y octubre de 2024 por amenazas y atentados en su humanidad. Asimismo, el documento señala que, según voces de Urueta, la UNP y «sus funcionarios, era engañar al JUEZ, tratando de decir que el accionante señor URUETA buscaba vía de tutela, solicitar protección y controvertir una resolución que determinó su riesgo extraordinario, según  notificada con fecha 15 de octubre  de 2024 durante el desarrollo de la Tutela, cuando  la resolución fue de hechos del año 2023 y notificada en agosto de 2024, es decir 2 meses antes de presentar la tutela». Por su parte, ante más acusaciones realizadas, el demandante hizo referencia a todos los sistemas de seguridad con los que cuentan, por ejemplo, los senadores y representantes a la Cámara. «Ganan $48′142.046 mensuales, y les colocan carros blindados, y cuando uno de estos carros está con un daño mínimo se lo cambian inmediatamente, igualmente reciben 2.000.000 para auxilio de gasolina, les colocan 2 y 3 hombres de protección  y además más de 9.000.000 par gastos para los  hombres de protección, pero los líderes sociales andan en carros convencionales, motos y con un solo escolta, o solo se le asignan chalecos o celulares, esa es la inequidad en Colombia.

Dentro de operativos del Plan Titán 24, la Secretaria del Interior y convivencia ha tomado control y ha adelantado sus operativos de control en distintos barrios de Cartagena, más enfocados en los establecimientos nocturnos, más el barrio que se ha visto afectado recientemente fue Daniel Lemaitre, y hace muy poco un bar fue cerrado por completo tras permitir el ingreso a menores de edad y trabajar sin la documentación requerida. El Plan Titán 24 esta en busca del orden público y la seguridad de los cartageneros, algo que ha llevado a estas inspecciones en los locales nocturnos de la ciudad. Se han se han realizado varias investigaciones y se logró encontrar tres menores de edad en el interior del bar, lo que es una violacion grave en contra de las normas de protección infantil. Las autoridades han tomado medidas inmediatas, entregando a los menores de edad a la Policia de Infancia y Adolescencia. Los locales afectados por el Plan titán son: Estas acciones son las que forman de parte del Plan Titán 24 para seguir en este mismo proceso en Cartagena, que está diseñado para combatir lo que es la explotación sexual infantil, la comercialización de estupefacientes, y tener la medida de velar por la seguridad de los niños y niñas en estas zonas de la ciudad.

El veedor ciudadano Héctor Pérez denunció posibles irregularidades en la ejecución del Contrato Interadministrativo N.º 059 de 2021, celebrado entre la Alcaldía Mayor de Cartagena y la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD). Según el informe presentado, los hallazgos incluyen implicaciones penales, fiscales y administrativas que podrían derivar en un significativo detrimento patrimonial. Entre las irregularidades detectadas se encuentra el pago de $3.504.586.519 por actividades no realizadas, producto del incumplimiento en la actualización de 45.143 predios, equivalente al 13% del total proyectado en el contrato. A pesar de los pagos efectuados, no se logró la meta de actualización catastral, lo que evidencia deficiencias en la ejecución del contrato y un uso inadecuado de recursos públicos. El informe muestra observaciones con incidencia penal y fiscal, cuyas cifras están siendo analizadas para determinar las responsabilidades correspondientes. ⚠️Está denuncia no tiene opiniones, posturas ni conceptos del periódico.