Gobernación de Bolivar entrega auditorio en colegio Tomasa Nájera de Mompox

En Mompox el gobernador Dumek Turbay, en compañía de la Alcaldesa de Mompox Nubia Quevedo, realizó la entrega del auditorio del Colegio Tomasa Nájera, sede Alonso de Heredia, a través de un Plan Padrino.

El auditorio beneficiará no sólo a los 612 estudiantes de la institución educativa, sino también a toda la comunidad Momposina que tendrá de ahora en adelante un espacio con todas las condiciones necesarias para realizar eventos académicos y culturales.

Durante el evento inaugural los docentes, niños y niñas se mostraron muy emocionados y agradecidos con el gobierno departamental “en nombre de todos los estudiantes del colegio Tomasa Nájera, sede Alonso De Heredia, queremos agradecerle a todos los que hicieron posible que este sueño fuera una realidad, desde el gobernador de Bolívar por su gestión, hasta el obrero que pegó cada ladrillo del lugar” manifestó en su discurso Ana Fernanda Flórez, estudiante del colegio.

Por su parte, el gobernador Dumek Turbay recordó que al inicio de su gobierno encontró esta obra en estado de abandono “ la rectora Ana María Arias nos mostró la necesidad de luchar por un salón de actos y lo hicimos. Ahora es un recinto para el disfrute de diferentes actividades, y se logró gracias a un Plan Padrino. Hoy seguimos en el propósito de que la Educación en Bolívar cada día sea mejor”.

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Bolívar celebra la inclusión de 76 iniciativas al programa Sello Destinos de Paz del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

En un avance significativo hacia la construcción de una cultura de paz y el fortalecimiento de las economías locales, 76 asociaciones y emprendimientos del departamento de Bolívar han recibido el reconocimiento del Sello Colombia Destinos de Paz, otorgado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tras el quinto comité de selección del 2024, realizado el pasado viernes 13 de diciembre. Este reconocimiento es el resultado del trabajo articulado entre el Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar – ICULTUR, la Secretaría para la Paz, Víctimas y Reconciliación de Bolívar, la Secretaría de Desarrollo Económico de Bolívar y el Viceministerio de Turismo, quienes lideraron una gira por los municipios de María La Baja, El Guamo, Morales, Córdoba Tetón, San Juan, San Jacinto y El Carmen de Bolívar. En esta jornada, se logró la vinculación de 125 asociaciones al proceso de postulación, consolidando un esfuerzo que hoy rinde frutos para 73 emprendimientos de bienes y servicios vinculados al turismo y 3 prestadores de servicios turísticos. “Este logro es un ejemplo del poder transformador del turismo como herramienta para construir paz y dignificar la memoria histórica de nuestras comunidades. En Bolívar estamos comprometidos con brindar oportunidades para que nuestros territorios sean ejemplo de resiliencia, desarrollo y sostenibilidad”, declaró el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padaui. El Sello Destinos de Paz destaca a actores clave en la construcción de paz, incluyendo a población víctima del conflicto armado, firmantes del acuerdo de paz, personas desvinculadas de grupos armados, y comunidades en procesos de sustitución de cultivos ilícitos. Este distintivo busca reconocer el trabajo de quienes elaboran, transforman o comercializan bienes y servicios asociados a la cadena de valor del turismo, así como a prestadores de servicios turísticos que trabajan con estos grupos bajo las normativas laborales colombianas. El sello, representado por una flor única de los Andes colombianos llamada “Paz naciente”, simboliza la esperanza, el renacimiento y el compromiso con un futuro más justo y equitativo. Además, brinda beneficios como la inclusión en la campaña de promoción “Colombia, destinos de paz”, el reconocimiento nacional e internacional del trabajo en construcción de paz, priorización en capacitaciones y fortalecimiento de capacidades técnicas y organizacionales, la participación en ruedas de negocio nacionales e internacionales, entre otros.  El gobernador Yamil Arana Padaui resaltó que este logro no solo representa un hito para las comunidades beneficiarias, sino también para Bolívar como un territorio que sigue liderando iniciativas que construyen un futuro sostenible y en paz. “Agradecemos a cada una de las asociaciones, emprendedores y prestadores de servicios que se han sumado a esta causa. Juntos estamos transformando vidas y creando un Bolívar más fuerte y resiliente”, concluyó.

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Hombre golpeó a su mujer con 8 meses de embarazo por celos

En Pinillos, Bolívar, un hombre fue arrestado por agredir brutalmente a su pareja, una mujer de 27 años con ocho meses de embarazo. Los vecinos, alarmados por los gritos y el llanto, alertaron a la Policía. Al llegar, los agentes encontraron a la víctima llorando y cubriéndose el rostro, tras haber sido golpeada y empujada por su pareja. La mujer fue trasladada de inmediato a un centro de salud en Pinillos y luego remitida al hospital La Divina Misericordia de Magangué, donde permanece bajo observación médica por la gravedad de sus lesiones. El agresor, identificado como Juan García Martínez, fue capturado en el lugar y, aunque negó los hechos, fue imputado por el delito de violencia intrafamiliar agravada. Un juez ordenó su encarcelamiento preventivo. Las autoridades reiteraron la importancia de denunciar estos actos a través de la línea 155, disponible para brindar apoyo a las mujeres víctimas de violencia.

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Se hacía pasar por líder comunitario y terminaba secuestrando a ganaderos en Bolívar

Miembros de la Policía, en colaboración con la Fiscalía Genera de la Nación, dieron captura a dos presuntos integrantes de la sub estructura Nicolás Antonio Arango Reyes del Clan del Golfo, identificados como alias ‘Chopa’ y ‘Juanchis Parra Fierro’, por los delitos de secuestro extorsivo en concurso con el delito de hurto calificado y agravado. Tal y como establecen las autoridades competentes, los presuntos delincuentes se hacían pasar por ganaderos para llegar a las fincas en busca de ganado para comercializar. Una vez conocían el terreno, se desaparecían de la zona por algunos días para luego regresar armados y secuestrar a ganaderos con el fin de extorsionar a los familiares. Las autoridades de Policía intensificaron la búsqueda de los presuntos extorsionistas luego de que una víctima de su actuar indicó que uno de ellos portaba un reloj de alta gama que le había robado, descripción que apuntaba a la característica de los dos capturados. Asimismo, la Fiscalía señaló que está por establecerse si ambos accedieron de forma carnal a una menor que en la vereda de La Pava, Mahates; cuando se disponían a hurtar en una finca. De momento, los sujetos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez de la República dictó una medida de aseguramiento carcelario.

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Arranca proceso de revocatoria contra el mandato del alcalde Pedro Alí en Magangué

La Registraduría Nacional del Estado Civil entregó oficialmente el acta y las planillas de recolección de firmas al concejal de oposición Anastasio Bedoya, quien lidera la iniciativa de revocatoria del mandato contra el actual alcalde de Magangué, Pedro Alí.Con esta entrega, el proceso entra en su fase inicial, donde los promotores deberán reunir las firmas exigidas por la ley para que se convoque a una eventual jornada de votación ciudadana. Este mecanismo, amparado por el ordenamiento jurídico colombiano, permite a los ciudadanos solicitar el fin anticipado del mandato de un gobernante elegido por voto popular. La solicitud de revocatoria fue sustentada por el concejal Bedoya con base en presuntos incumplimientos del programa de gobierno del alcalde y una creciente pérdida de confianza por parte de la ciudadanía. Las autoridades electorales serán las encargadas de verificar la validez de las firmas y el cumplimiento de todos los requisitos legales establecidos. Hasta el momento, el alcalde Pedro Alí no se ha pronunciado públicamente sobre el inicio de este proceso, que marca un nuevo capítulo en la vida política del municipio bolivarense.

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“Ya podrán despedirse del barro”: Yamil tras iniciar la construcción nocturna de obra que esperaban desde hace años

La noche de este lunes 17 de diciembre, marcó el inicio de la pavimentación de 2.5 kilómetros de vías en el municipio de San Juan Nepomuceno, una obra financiada con recursos de regalías directas transferidas por la Gobernación de Bolívar. “A esta hora comenzamos a pavimentar 2.5 kilómetros de vías en San Juan. Iniciamos en el barrio Progreso, pero continuaremos en el barrio Arriba, Frontera y el Centro. Estas obras son un compromiso cumplido con la gente que lleva años esperando el desarrollo que se merece”, manifestó el gobernador Yamil Arana. La pavimentación beneficiará directamente a 24.500 sanjuaneros, quienes, después de años de dificultades, podrán despedirse del barro y la incomodidad para dar la bienvenida a una infraestructura vial digna y funcional que transformará la movilidad en el municipio. “Seguimos transformando a Bolívar de día y de noche. Esto no para. La gente ha esperado obras como estas por muchos años, y nosotros estamos aquí para llevarles bienestar y progreso”, destacó el mandatario, reafirmando su compromiso con el impulso de proyectos que mejoran la calidad de vida de los bolivarenses. Esta obra no solo mejorará la conectividad y la calidad de vida de los habitantes, sino que también dinamizará la economía local, facilitando el acceso a servicios, fortaleciendo el comercio y contribuyendo al desarrollo social de San Juan Nepomuceno.

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Cuando la verdad se parte en dos y cada orilla reclama su victoria

El próximo 28 de julio Colombia vivirá un momento sin precedentes: se conocerá el veredicto en el juicio penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por soborno de testigos y fraude procesal. Independientemente de si resulta absuelto o condenado, será un acontecimiento histórico. Ningún exmandatario colombiano reciente había llegado a esta instancia; de hecho, la última vez que un tribunal decidió la suerte de un exgobernante fue en 1959 (el juicio al general Gustavo Rojas Pinilla). Desde entonces, ningún presidente colombiano ha sido condenado o encarcelado, a diferencia de otros países latinoamericanos. Por eso, el fallo contra Uribe marca un hito para la justicia colombiana y una prueba de fuego para sus instituciones democráticas. El origen del proceso se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. Cepeda había acusado a Uribe de tener vínculos con el paramilitarismo, pero en un giro inesperado la Corte Suprema no sólo archivó la causa contra Cepeda, sino que abrió investigación contra el propio Uribe por los mismos hechos. La acusación central: que emisarios de Uribe habrían intentado sobornar a exparamilitares encarcelados para que retractaran testimonios sobre los presuntos nexos de Uribe con grupos armados ilegales. En particular, el testigo Juan Guillermo Monsalve, exmiembro de las AUC e hijo del mayordomo de una hacienda de la familia Uribe, asegura que en esa finca (Guacharacas) se fundó en los 90 el Bloque Metro paramilitar. Según la fiscalía, el abogado de Uribe –Diego Cadena– habrían ofrecido pagos o beneficios a Monsalve para firmar una carta de retractación. De hecho, Cadena admitió haber entregado dinero a otro exparamilitar (Carlos Enrique Vélez), aunque lo calificó de “ayuda humanitaria” y niega que fuera un soborno. La defensa sostiene que Uribe nunca ordenó esos acercamientos y que fue “víctima de un entrampamiento” orquestado por Cepeda. Sin embargo, las pruebas recopiladas incluyen interceptaciones telefónicas y mensajes que muestran al abogado Cadena informando a Uribe de sus gestiones con los testigos. La propia Corte Suprema halló evidencias (chats, grabaciones) de conversaciones sobre pagos a cambio de favores testimoniales. Uribe lo niega rotundamente y ha insistido en que el proceso tiene motivaciones políticas. El caso avanzó lentamente durante años. En agosto de 2020, la Corte Suprema sorprendió al ordenar la detención domiciliaria de Uribe (por 67 días) mientras era indagado. Uribe renunció entonces a su escaño de senador, maniobra que trasladó el expediente a la justicia ordinaria y le permitió recuperar la libertad. Sus abogados solicitaron dos veces archivar el caso cuando la Fiscalía, bajo un fiscal allegado al gobierno anterior, opinó que no había mérito para acusar. No obstante, jueces de primera instancia y el Tribunal de Bogotá negaron esas pretensiones, y finalmente en 2024 una fiscal elevó acusación formal, dando inicio al juicio. El próximo lunes, tras más de 13 años de litigio, decenas de testimonios (37 de la acusación y 70 de la defensa) y múltiples dilaciones, la jueza 44 penal de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, emitirá la decisión. Sea cual sea el sentido del fallo, el impacto será profundo y duradero. Un veredicto condenatorio convertiría a Uribe en el primer expresidente colombiano condenado penalmente. Sería visto por muchos como un triunfo institucional frente a la impunidad histórica que ha rodeado casos de violaciones de derechos humanos y alianzas con paramilitares durante el conflicto armado de nuestro país. En cambio, una absolución significaría que no se alcanzó el umbral de prueba para condenar, pero difícilmente pondrá fin a la polarización: la izquierda denunciaría impunidad y renovaría llamados a reformar a fondo la justicia, mientras la derecha celebraría reivindicación y acusaría al proceso de haber sido una persecución infundada. En un país tan dividido, ambas orillas podrían usar el desenlace para atacar al poder judicial: ya sea acusándolo de politizado si es culpable, o de ineficaz si es inocente.

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