El día de ayer, domingo 15 de diciembre, se registró un incendio en el apartamento 1004 del edificio Senna, ubicado en el barrio Pie de la Popa y que habría sido ocasionado por una vela encendida que yacía sobre una mesa utilizada para velación. Tal y como aseguró el director del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, Johnny Pérez, el fuego consumió tres habitaciones del recinto, incluyendo camas, colchones, aires acondicionados, entre otros. Dejando a su vez una persona con quemaduras en las manos. Tras la emergencia, unidades de emergencia se desplegaron hasta el sitio para mitigar las llamas y evitar que se propagara a otras zonas de la edificación. Por último, las autoridades realizaron un llamado a la ciudadanía para que adopten medias preventivas y no dejen velas encendidas sin supervisión y recomienda que utilizarlas sobre bases estables y resistentes al calor.

El pasado jueves, 2 de enero, la contralora distrital, Ángela Cubides, ordenó una serie de allanamientos a varias dependencias de la Alcaldía de Cartagena ama paradas en la circulares N.014 del 24 y 015 del 30 de diciembre ejerciendo funciones de control fiscal previo, la cual el Distrito no aceptó ya que amparándose en la Constitución Política de Colombia, solo el contralor general tiene esas facultades.  Debido a ello, el Comité Central de Auditoría, envió un oficio a la Contralora Distrital con respecto al control fiscal que estaba tratando de ejercer en el cierre de vigencia del 2024, resaltando varias irregularidades halladas en la Ley colombiana.  “El control fiscal ejercido por la Contraloría Distrital no puede efectuarse de manera previa, modalidad proscrita por la Constitución Política. Ni siquiera cabe la excepcional figura del control preventivo y concomitante, para cuya operación se requiere de los presupuestos previstos en los artículos 54 y siguientes del Decreto 403 de 2020 y, que, además, es potestad exclusiva del Contralor General de la República. En sus Circulares 014 y 015, hace alusión a que validará la información para determinar de manera previa la situación fiscal del sujeto de control, actuación claramente irregular por la razón ya expuesta y por las que siguen a continuación”, reseñó el Comité en el documento. Por su parte, el Distrito, que el principio de nulidad no es absoluto de acuerdo con las disposiciones de la Ley 819 de 2003 y del Decreto 4836 de 2011, admite excepciones tales como las reservas presupuestales, las cuentas por pagar, las vigencias futuras (ordinarias o excepcionales) y los pasivos exigibles por vigencias expiradas. “Respecto de las dos primeras figuras, (reservas y cuentas por pagar), el Decreto 4836 de 2011 establece que deberán constituirse a más tardar el 20 de enero de cada año. Es de resaltar que esta última norma, se recogió en el Estatuto Orgánico de Presupuesto del distrito, por tratarse de una norma de orden nacional, aplicable sólo a ese nivel”, precisó el Distrito. Por ellos, la Administración Distrital le recriminó a la contralora Cubides: “Las actuaciones del órgano de control a su cargo, según lo establecido en la Guía de Auditoría Territorial en el marco de las normas internacionales – ISSAI – GAT Versión 4.0, aplicable a la Contraloría Distrital, deben estar previstas en el Plan de Vigilancia fiscal territorial y no tenemos conocimiento de su aprobación y posterior publicación en la página web oficial de la entidad que usted representa”. En suma, el Distrito instó a la Contraloría Distrital que, aunado a lo anterior, la proximidad de la rendición electrónica de cuentas a cargo de todos los sujetos de control le permitirá al órgano de control ejercer sus funciones dentro del marco constitucional y legal.

La Contraloría General de la República ha alertado sobre el alto riesgo de terminación anticipada del contrato de concesión de Autopistas del Caribe, que abarca el Corredor de Carga Barranquilla-Cartagena. El contrato, valorado en $6,75 billones, debería haber entrado en fase de construcción en abril de 2023, pero hasta la fecha no se han iniciado las obras. La Contraloría señala que el incumplimiento de plazos se debe a problemas con dos de las siete estaciones de peaje previstas: Turbaco (existente) y Arroyo de Piedra (nueva). Las dificultades en el funcionamiento de estas estaciones, así como la oposición de las comunidades locales a las tarifas propuestas, han llevado al Gobierno Nacional a suspender temporalmente el cobro de peaje en Turbaco para ciertos vehículos y a posponer la construcción de la nueva caseta en Arroyo de Piedra. El Contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra ha instado al Ministerio de Transporte y a la ANI a trabajar de manera conjunta con el concesionario y las comunidades para resolver esta situación de manera urgente y efectiva.